Un documento titulado “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe” coordinado por el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento, confirma que en latinoamérica, el escenario actual de encarcelamiento frente al fenómeno de drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Particularmente en Argentina, Brasil y Costa Rica más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encarcelamiento de mujeres están creciendo a una tasa mucho más rápida. Según el Institute for Criminal Policy Research, la población femenina total en América Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los hombres. Específicamente en Argentina, representan más de un 60% de la población femenina que habita la cárcel. A nivel regional, la Unidad Penal N°6 “Concepción Arenal” de Paraná aloja a 85 mujeres, de las cuales 46 son penadas y 39 procesadas. Según un informe publicado en julio de 2019 en el portal web Análisis Digital, el 70% de las presas está detenida por causa de drogas.
Las fuerzas impulsoras que están detrás de las tasas exorbitantes de encarcelamiento son resultado de leyes extremadamente punitivas y la imposición de penas desproporcionadas. Tanto los delitos que cometen las mujeres para obtener drogas para el consumo, como su involucramiento en delitos relacionados con la producción, la distribución, el suministro y la venta de drogas, tienen que ver, casi siempre, con la exclusión social, la pobreza y la violencia de género. Un dato curioso que expone esta guía es que el sistema penal no las considera una verdadera amenaza para la sociedad y a pesar de eso son afectadas por la peor parte de las políticas punitivas. Cabe preguntarnos entonces ¿por qué todas las consecuencias recaen sobre ellas? Estas alarmantes cifras se constituyen como la principal consecuencia de la matriz machista y prohibicionista que orienta la política criminal actual y evidencia la falta de una perspectiva de género en su construcción. Se vuelve menester comprender que dentro de esta actividad, así como las que se rigen dentro de la norma legal, se gesta una determinada estructura de poder, al calor del sistema capitalista y sexo-genérico, que reproduce de manera estructural la complicidad entre varones. Pero este hecho no se da de manera natural y tampoco aislada, sino que es una construcción sociocultural producto de una historia política en la que conviven y se articulan diversos elementos, generando cambios en las relaciones entre los individuos de una sociedad.
Sobre las particularidades y el contexto del que emerge la población carcelaria de mujeres que cometen delitos de drogas, la Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California, Catalina Pérez Correa, afirma en su libro Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas, que suelen “compartir un perfil sociodemográfico similar: son jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijxs y de otros miembros de su familia y, frecuentemente, pertenecen a sectores vulnerables o excluidos”. En general perpetúan los delitos de droga como parte de una estrategia de sobrevivencia y autonomía, ya que son maneras rápidas de enfrentar la pobreza. De hecho las mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina son, en su gran mayoría, madres solteras. No sorprende, entonces, que muchas se involucren en el negocio de las drogas como una manera de mantener a sus hijxs. Otras veces se ven obligadas por la coacción de una pareja o familiar.
Quizás por falta de decisión política o de compromiso social, la actual legislación nacional y provincial no distingue entre los diferentes niveles de involucramiento en el negocio, tratando igual a pequeñxs vendedores, mulas o traficantes, y a grandes narcotraficantes, sin diferenciar entre delitos violentos y no violentos. Otro problema aún más evidente es que la aplicación de este tipo de leyes severas ha sido totalmente ineficaz para detener la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas. Sólo ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de decenas de miles de personas que terminan tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. Otro punto importante a tener en cuenta, es que el encarcelamiento, como todas las medidas punitivas y represeivas, genera impactos diferenciados y desproporcionados en varones y mujeres. No sólo en la forma en que afecta sus vidas a posteriori, sino también en los efectos sobre las personas de su entorno.
Una voz especialista
Laurana Malacalza es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Además se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde construye conocimiento sobre los procesos de criminalización de mujeres, trans y travestis, y analiza la subordinación de las mujeres como el peldaño más bajo en la escalera de complicidades y encubrimientos del que se benefician quienes dirigen organizaciones que trafican sustancias prohibidas. Desde su mirada académica, afirma que en el tipo de contrato ilícito que simboliza el narcotráfico, el sometimiento de las mujeres es una tipología que se repite, ya que no existen las jefas narco.
En una entrevista que brindó al programa de radio paranaense Voces Poderosas, Malacalza explicó que los preocupantes niveles de encarcelamiento de mujeres se hicieron evidentes a partir del 2005, cuando se reformó la Ley de Estupefacientes Nº 23.737. Esta reforma provocó que la política criminal se concentrara en perseguir a las mujeres e identidades feminizadas que se encuentran excluidas de los sistemas de salud, educativo y socioeconómico. Su análisis es que esta situación se enmarca en un proceso de reordenamiento del capitalismo global que se vincula directamente con la creación de escenarios bélicos, como la “guerra contra el narcotráfico” considerada un asunto de estados nacionales, por ejemplo. Lo que se ha comprobado con el paso de los años, es que dicha declaración no ha hecho más que recrudecer e intensificar la violencia estatal ejercida hacia los sectores más excluidos socialmente, entre los que se encuentran las mujeres y disidencias sexuales.
Analizar la problemática en clave de género
Pensar la criminalización de mujeres y travestis por venta de drogas desde un enfoque feminista nos permite reflexionar sobre dos cuestiones. Por un lado acerca del lugar que ocupan las mujeres e identidades feminizadas en los procesos de intercambio y disputa de poder que se dan en los territorios, ya que muchas de las jóvenes que son criminalizadas entran en instancias de negociación entre la policía y las bandas narcotraficantes. Ocurre que la policía tiene que dar cuenta de cifras estadísticas que comprueben su persecución a las redes de narcotráfico, y la mayoría de las veces se termina encarcelando a las mujeres que ya no les son serviciales a estas redes. En tal sentido, los cuerpos de mujeres funcionan como mercancía de intercambio en las relaciones de poder de las redes que controlan los territorios.
Por otro lado, dicho enfoque nos permite pensar los procesos de selectividad penal y de criminalidad en clave feminista. Es necesario aclarar que este análisis no quiere dar a entender que las mujeres no formen parte de las organizaciones criminales o no ocupen cargos importantes, sino que la condición de género obstaculiza la igualdad en este otro tipo de contrato, que es de cierto modo, implícito. De hecho ocurre que dentro de este “acuerdo”, está implícitamente preestablecido que cuando alguien tiene que ser criminalizado, tendrá que ser una mujer. Son ellas quienes están en contacto más directo con el territorio, están más expuestas en la negociación con la policía y la red de narcos.
Mirar la problemática con “lentes violetas”, es decir a traves de una mirada feminista, nos permite analizar críticamente el desarrollo, la implementación y la evaluación en las reformas de la legislación y las políticas de drogas. Los sistemas de justicia penal deben ser capaces de tomar en consideración circunstancias atenuantes y pudiendo diferenciar el grado de violencia del delito.
