En materia de salud pública el gobierno nacional actúo con la rapidez que la situación demandaba, disminuyendo desde un comienzo la circulación de personas con el fin de reducir la propagación del virus, aumentando el equipamiento de áreas claves e intensificando los controles sanitarios, aunque actualmente haya personas manifestándose en contra de la cuarentena.
Algunas de las medidas en materia económica que se anunciaron con el fin de contener a la población más afectada por la cuarentena fueron, en primer lugar un pago extraordinario de la AUH y AUE por un monto de $3.103; y de las jubilaciones y pensiones mínimas por un monto de $3.000; por otro lado el fortalecimiento en la provisión de alimentos a los comedores comunitarios.
En segundo lugar, y acá me detengo, con el paso de los días y luego de decretada la cuarentena, el gobierno se abocó en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad laboral y anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El IFE es una transferencia directa de $10.000 y equivale al 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Está destinado a les trabajadores informales, monotributistas A y B (menos de 33.000 $/mes),monotributistas sociales, y a les trabajadores de casas particulares. Agrupando a dichos actores se estima que se llega al 40% de la PEA (Población Económicamente Activa).
El IFE tiene como destinatarios a quienes producto de la pandemia y de las medidas de salud implementadas se ven privadas de generar ingresos.
En la primera etapa había una expectativa de aproximadamente 1,4 millones de pedidos y terminaron siendo más de 10 millones, de los que solo alrededor de 8,7 millones fueron seleccionados para percibir el beneficio.
Lo que ésto dejó en evidencia es la gran cantidad de personas que se encuentran descubiertas por el mercado laboral en un sistema que sólo expulsa. Muchos de quienes no recibieron el beneficio son parte del mismo grupo familiar, condición excluyente para ser beneficiario y esto no implica que no necesite el ingreso. Al día de la fecha, según los datos oficiales, ya 6,5 millones de personas han cobrado el IFE, quedando todavía una gran cantidad de trabajadorxs. La segunda ronda de refuerzos será a partir del 8 de junio.
Un informe de la Dirección de Género del Ministerio de Economía sobre los beneficiarios del IFE señala que cerca del 25% son jóvenes que tienen menos de 25 años, y esto no es un dato menor: somos la generación precarizada. La mayoría de nosotres, jóvenes, tuvimos y tenemos, los empleos peores remunerados, sin derechos laborales, y como si fuera poco, sin representatividad gremial. Malabareando horas de un trabajo y horas de otro, para llegar a cubrir al menos el mínimo vital y móvil.
Ilustración de Nacho Barreda
Según el informe del Ministerio de Economía, el Estado, en el medio de la pandemia, asiste de forma directa o indirecta a nueve de cada diez hogares de nuestro país.
Mercedes D’alessandro, quién está a cargo de la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, declaró que “el cuidado es un trabajo esencial, por lo que se está trabajando desde el área para ver si es posible llegar a un ingreso por cuidados. Una de las cuestiones es que la salida de la cuarentena no arrastre una crisis de cuidados si no hay escuelas o clubes”. No esperábamos menos del actual gobierno, ya que se han comenzado a debatir e instalar ciertas discusiones y problemáticas invisibilizadas a lo largo de la historia.
Las mujeres estamos expuestas frente a la situación de emergencia sanitaria ya que mayormente nos desempeñamos en el área de servicios, lo que implica una mayor exposición a la circulación del virus. Además somos mayormente precarizadas dentro del mercado laboral porque nos desempeñarnos en cuestiones de cuidados. En el sistema de salud la mayoría de la planta de trabajadores somos mujeres.
Hay que destacar también la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dentro del cual recientemente se implementó el Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario. Asimismo en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se inauguró la Dirección de Cuidados Integrales. Las discusiones en torno al cuidado y la sostenibilidad de la vida llegaron para ser abordadas integralmente desde distintos organismos del estado.
¿SALVACIÓN?
A partir de la discusión en torno a la necesidad de implementar un salario universal que se instaló en el mundo, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) junto con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) han propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto equivalente al costo per cápita de adquisición de una canasta básica durante seis meses para satisfacer necesidades esenciales y sostener el consumo de los hogares.
El IBE propone un margen temporal más amplio en relación a la asistencia del Estado en los sectores más vulnerables, ya que en este capitalismo salvaje cada vez más personas son excluidas, dejando en evidencia que no hay lugar para todes.
Para el universo de trabajadorxs independientes la situación no es la misma. Es más delicada al no contar con diagnósticos o posibles soluciones. La mayoría trabajan brindando servicios personales o a la comunidad, que no se encuadran en el mundo de los negocios. Por ejemplo una profesora de gimnasia, tiene costos de alquiler de salón, una suplente para los días que necesite por enfermedad, más el costo de transporte y una eventual reposición de insumos. Y hay decenas de oficios similares, en la misma situación. A los que no les cabe como respuesta una reducción de aportes sociales, un crédito a baja tasa o una reducción impositiva. Para ellos la única solución es volver trabajar.
El empleo encubierto vía monotributo fue el único trabajo asalariado que aumentó exponencialmente mientras se destruía el trabajo registrado.
El empleo no registrado, que se encuentra al margen de las normas laborales afecta a, aproximadamente, 3,3 millones de trabajadorxs en empresas, a 350 mil empleades del sector público, y a casi un millón de trabajadoras particulares (el 98% de este colectivo son mujeres) según datos que se publicaron en una crónica especial en Le monde Diplomatique.
Según otros datos observados en un informe titulado “El rol del monotributo en la precarización laboral” elaborado por el Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) de la UMET, uno de los fenómenos que ha cobrado gran importancia en los últimos años ha sido la inscripción de trabajadorxs al monotributo mientras se destruyen empleos formales.
Se vislumbra así un nuevo horizonte para el Estado: la creación de trabajos que no sean precarios. Hay que entender que la destrucción del empleo y la precarización, no son necesariamente tendencias inquebrantables.
Al respecto hay tres universos de trabajadores bien diferenciados para destacar: el de les empleades en relación de dependencia, que tienen el resguardo de su sindicato y su ámbito empleador. Les trabajadorxs de la economía popular que están nucleades en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y les trabajadorxs independientes, mayormente inscriptes en monotributos, estos últimos se encuentran sin protección y tienen derecho a ser reconocidos de otra manera. Quizás vamos hacia un sistema de asociativismo que agrupe actividades individuales.
Si la salida es colectiva, la ayuda debe ser mutua.
