La senadora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó en el Senado un proyecto de ley antidoping para funcionarixs de los tres poderes del Estado. Una clara avanzada sobre las acciones de la vida privada de lxs representantes, que debería estar exenta de la autoridad de los magistrados, en tanto estas acciones no afecten a terceros.
Di Tullio expresó en un comunicado: “La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”.
En un contexto donde la violencia de Rosario adjudicada al narcotráfico ocupa el centro de la discusión pública, el proyecto se presentó con las firmas de la primera plana del kirchnerismo en la Cámara de Senadores: el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, el senador José Mayans, la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sería el organismo responsable de llevar a cabo los controles en los tres sectores que abarcan al Estado.
Es por lo menos estigmatizante plantear como incompatible usar drogas en la vida privada —sea de forma adulta y responsable o sufriendo una adicción— y ejercer funciones públicas en el Estado. Claro que la normativa aplicaría únicamente para las personas que usan drogas ilegales.
La Senadora también dijo en el comunicado: “Este proyecto es un compromiso de coherencia para decirle basta a la hipocresía. Los funcionarios no pueden legislar penas más duras o hacer persecución de consumo, tenencia o narcomenudeo a los mismos que les compran”.
“Este proyecto es un compromiso de coherencia para decirle basta a la hipocresía. Los funcionarios no pueden legislar penas más duras o hacer persecución de consumo, tenencia o narcomenudeo a los mismos que les compran”.
El fracaso de perseguir el consumo para reducir el narcotráfico
Problematicemos algunas ideas: ¿Es incompatible ser una persona que usa drogas en su vida privada y estar comprometido con reducir el tráfico ilegal de sustancias? ¿El problema real está en los dealers que abastecen a funcionarixs? ¿La comisión de delitos de drogas se termina con penas más duras? ¿Hay que perseguir al consumidor? ¿Los actores importantes en las redes de narcotráfico son quienes hacen venta al menudeo?
Los problemas de tráfico ilegal de sustancias se resuelven con la legalización y regulación estatal estricta de los mercados de drogas ilegalizadas. El narcotráfico, donde participan familias que se quedan sin trabajo que encuentran una salida en el narcomenudeo, se resuelven con Pan, Techo y Trabajo.
El principal problema de la ilegalidad de los mercados, es que el narcotráfico resulta un lucrativo negocio donde participan las fuerzas de seguridad y miembros del poder judicial de forma protagónica, ejerciendo el control de territorios y regulando la actividad narco.
Señalar a un juez que se fuma un porro o a un ministro que se empolva la nariz no resuelve ningún problema. En realidad, resulta una intromisión en la vida privada de lxs funcionarixs que no corresponde si no existe afectación a terceros, algo que establece la propia constitución nacional en su artículo 19.
La propuesta es una simplificación atroz y también un intento efectista de capitalizar la discusión pública sobre el narcotráfico, proponiendo leyes reduccionistas que no dan resultado en Argentina ni en el mundo. Cuando debemos pensar políticas para resolver el problema de tráfico en Rosario, las salidas que proponen estigmatizar o perseguir a quien consume son más de lo mismo.
En este año electoral donde el problema del narcotráfico acapara los reflectores, debemos evitar las opciones fáciles y el repetido enfoque que confunde cuestiones de derechos con las de seguridad y salud. Separemos los temas de derechos (uso de drogas en la vida privada), los temas de salud (problemáticas de consumo) y los temas de seguridad (terminar con el narcotráfico). Pensemos una nueva política de drogas que revierta los daños en seguridad, salud y derechos que trajo la hipocresía del prohibicionismo.
