En Argentina, la lucha contra las drogas sigue concentrándose en los eslabones más débiles de la cadena: los usuarios.
Mientras el narcotráfico se expande, las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia invierten una cantidad desproporcionada de recursos en detener y someter a proceso judicial a personas por la simple tenencia de sustancias para consumo personal, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Arriola (2009), ya declaró inconstitucional esta práctica.
El artículo 19 de la Constitución Nacional es claro: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Sin embargo, a pesar de este principio, año tras año se siguen iniciando miles de causas por tenencia de estupefacientes sin fines de comercialización, en un claro desconocimiento de este precepto constitucional.
El resultado es un sistema penal saturado de procesos que terminan en sobreseimientos por inconstitucionalidad, mientras las redes de narcotráfico continúan operando con impunidad.
El enfoque punitivo no solo es ineficaz, sino que implica un uso irracional de los recursos del Estado y una violación sistemática de derechos individuales, criminalizando a personas que no afectan a terceros y desviando la atención de los verdaderos responsables del tráfico de drogas.
Un Estado que persigue a usuarixs
Los datos del último Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) , que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación, dejan en evidencia la política represiva del Estado contra las personas usuarias de sustancias, en contraposición con su ineficacia para combatir el narcotráfico.
Durante 2023, se registraron 64.094 hechos delictivos vinculados a la Ley 23.737, de los cuales:
- 37.123 casos fueron por tenencia simple atenuada para uso personal.
- 10.172 por tenencia simple (sin atenuantes).
Eso quiere decir que el 73,8% de las causas iniciadas por drogas fueron por tenencia. En total, 47.295 personas fueron perseguidas solo por tener sustancias ilegalizadas.
En contraste, los delitos vinculables al narcotráfico representaron una porción mucho menor del total:
- 6.828 casos por comercialización y entrega de estupefacientes —aunque también se utiliza arbitrariamente estas figuras para criminalizar a consumidores y cultivadores.
- 935 por siembra y producción —Un delito frecuentemente imputado a autocultivadores.
- 135 por organización y financiación de redes de narcotráfico.
Por cada causa iniciada por comercialización, hubo casi siete por tenencia personal, lo que demuestra el sesgo punitivo de la política de drogas en Argentina. En otras palabras, el Estado dirige sus recursos hacia la criminalización de consumidores en lugar de desarticular las estructuras que sostienen el narcotráfico.
Este sesgo provoca un colapso innecesario del sistema de justicia, porque una gran parte de estas causas terminan en sobreseimientos por aplicación del fallo Arriola en alguna instancia del proceso judicial.
Se movilizan fuerzas policiales, fiscales y jueces para procedimientos inconducentes, mientras el tráfico de drogas y los lavadores de dinero siguen operando.
¿Cuántas personas están presas por estos delitos?
Los últimos datos (2023) del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación reflejan con claridad la magnitud del problema.
Al 31 de diciembre de 2023, 14.584 personas estaban detenidas por infracciones a la Ley 23.737. De ellas, 6.686 tenían condena y 7.898 se encontraban procesadas sin condena firme.
De ese total, 6.896 se vinculan a la ley de drogas 23.737, sin especificaciones. La mayor parte de las condenas dentro de esta categoría corresponden a delitos vinculados a la comercialización de drogas (6.054 casos).
Es alarmante que todavía existan 847 personas encarceladas por tenencia simple y 242 por tenencia para consumo personal.
Estos números muestran que una parte significativa de las personas en prisión y condenadas por delitos de drogas no están relacionadas con el narcotráfico, sino con la simple posesión de sustancias.
Además, el hecho de que casi 8 mil personas sigan privadas de su libertad sin condena firme por infracción a la Ley 23.737 expone la forma en que el sistema penal argentino genera encarcelamientos sin condena efectiva, sobrecargando aún más el sistema judicial y penitenciario.
El fallo Arriola y la inconstitucionalidad de la persecución a usuarios
A pesar de la insistencia de las policías —que hacen estadística iniciando miles de causas contra personas por tenencia de sustancias ilegalizadas para consumo personal— la jurisprudencia argentina ha sido clara en reiteradas oportunidades: esta práctica es inconstitucional.
El fallo “Arriola” (2009) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó un punto de inflexión al declarar que penalizar la tenencia de drogas para consumo personal viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege las acciones privadas de los individuos cuando no afectan a terceros.
A partir de Arriola, numerosos tribunales han seguido el mismo criterio, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, que impone penas de prisión de un mes a dos años para quienes posean drogas sin intención de comercializarlas.
En la mayoría de los casos, los jueces terminan sobreseyendo a los imputados, lo que confirma la inutilidad de estos procesos. Lo que no se borra, son las huellas sobre las vidas que deben atravesar un proceso judicial injustamente.
Sin embargo, la aplicación del criterio de Arriola no ha sido uniforme en todo el país, y en muchas jurisdicciones se sigue deteniendo y procesando personas por tenencia, generando un circuito burocrático y represivo que desemboca, una y otra vez, en la declaración de inconstitucionalidad. El sistema penal persiste en la persecución de conductas que los propios tribunales terminan desechando, desperdiciando recursos que podrían destinarse a la lucha contra delitos de mayor gravedad.
Cada causa iniciada por posesión sin fines de comercialización moviliza a fuerzas de seguridad, fiscales, defensores públicos, jueces y empleados judiciales, ocupando tiempo y esfuerzo en procesos que, en la mayoría de los casos, terminan en sobreseimientos por inconstitucionalidad.
Además, esta criminalización de usuarios genera efectos colaterales graves, como el uso de la tenencia simple como excusa para detenciones arbitrarias, la estigmatización de consumidores y el ingreso innecesario de personas al sistema penal, muchas veces con consecuencias que van más allá del proceso judicial, como antecedentes penales que pueden afectar su vida laboral y social.
Un cambio de rumbo es urgente
La persecución de personas usuarias de drogas ilegalizadas en Argentina no solo es inconstitucional, sino también ineficaz y costosa. Año tras año, el Estado destina recursos a detener y someter a proceso a personas cuya conducta no afecta a terceros, en lugar de enfocarse en desarticular las estructuras del narcotráfico.
La insistencia en criminalizar la tenencia para consumo personal, a pesar del criterio reiterado de la Corte Suprema, demuestra la falta de una política de drogas basada en evidencia y respeto por los derechos fundamentales.
Si realmente se busca combatir el narcotráfico y optimizar los recursos del Estado, es necesario redirigir los esfuerzos hacia estrategias de salud pública e investigación de los actores con poder del crimen organizado. Seguir el mismo camino solo perpetúa un sistema ineficaz, injusto y contrario a los principios constitucionales.
