A mediados de julio se conoció el borrador de la re-reglamentación de la ley nacional de cannabis medicinal n° 27.350. La idea es poder reglamentar la ley con lo que perdió en su proceso de sanción e incorporando más condiciones de salud, la posibilidad del cultivo solidario y el cultivo agrupado, entre otros puntos. Antes de conocer ese borrador, les diputades de Santa Fe ya debatían con resonancia en todo el país su ley de autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos.
Les legisladorxs de Entre Ríos no se quedaron atrás. Reconocieron el contexto de insatisfacción del derecho a la salud, identificaron claramente las competencias y desde la bancada de la diputada provincial Silvia “Nené” Moreno se decidió avanzar en conjunto con el Bloque CREER. La legisladora por Feliciano cuenta que el proceso fue “en diálogo con la Diputada nacional Carolina Gaillard y con integrantes de la Asociación Pensamiento Penal y de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs”.
Revista Mate pudo acceder al proyecto de ley que ayer se presentó en una reunión virtual a quienes fueron parte del proceso de consensos y construcción de la norma que espera ser presentada y sancionada.
El avance regional y la soberanía de las provincias
Los intentos de avances provinciales se sustentan en las “facultades concurrentes” o “competencias” en materia de salud y derechos humanos que las provincias argentinas poseen. Por esto, pueden establecer su propia legislación en materia de cannabis y contemplar también la vía del autocultivo, principal reclamo de las organizaciones y piso indiscutible de cualquier ley cannábica.
Sobre este punto, el abogado penalista, asesor legal de APAC e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, Andres Bacigalupo, quien coordinó el equipo de redacción del proyecto de ley, explica que “cada provincia tiene sus constituciones, gobiernos y administraciones. Mantenemos nuestra soberanía legislativa, siempre y cuando nuestras leyes no contradigan las leyes nacionales ni la Constitución Nacional. Esto significa que ante la ausencia de una ley nacional que ampare una necesidad humana básica, las provincias pueden tomar su propia iniciativa para garantizar los derechos de sus ciudadanes”.
Por otro lado, profundiza: “en el artículo 19 de la Constitución Provincial expresamente se faculta, y en cierto sentido se ordena, legislar y reglamentar lo necesario para garantizar el derecho a la salud. En materia de cannabis medicinal, se parte de una interpretación y aceptación de su consumo como un derecho humano fundamental. Los fundamentos provienen de los avances científicos, el reclamo social y el comprobado beneficio para la salud”.
En definitiva, se trata de “autorizar” aquellas conductas penadas en la Ley de Drogas n° 23.737 cuando se realizan “sin autorización” o con “destino ilegítimo”. “Recordemos que en el proyecto de ley se autorizan algunas conductas excepcionalmente a la ley penal, caracterizada por ser muy restrictiva, como sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados. Todas acciones conglobantes que hacen al autocultivo, cosecha y consumo del cannabis”, amplió Bacigalupo.
Los puntos novedosos del proyecto de ley
Sobre el carácter vanguardista del proyecto, el activista Gustavo Gabbi, quien forma parte del equipo redactor del proyecto e integra la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannabicxs adelantó que “se plantean dos principios fundamentales: por un lado el de accesibilidad, referido a garantizar el derecho a la salud a través del acceso a la planta; y por otro el de interpretación, referido a que ninguno de los artículos que formen parte de la ley o la futura reglamentación podrían ser interpretados para restringir el acceso al cannabis. Ante la duda interpretativa, siempre hay que garantizarlo. Esperamos que se conserve este espíritu de la ley”.
En este mismo sentido, la diputada provincial Silvia “Nené” Moreno opinó que “estamos convencidos de que trabajamos en la creación de una ley provincial de vanguardia, que pueda ayudar a miles de personas que son usuarios de cannabis para mejorar su salud y calidad de vida”.
El proyecto prevé la formación integral y obligatoria para trabajadores del Estado en materia de cannabis, incluidas las fuerzas de seguridad
Un dato importante es que las infracciones registradas a la Ley de Drogas aumentaron de casi 62.000 en 2018 a 98.000 en 2019. En ese sentido Bacigalupo remarcó que “el proyecto de ley prevé que les consumidores puedan inscribirse en un registro con base de datos totalmente confidencial. Se les otorga una certificación de usuario medicinal, para que sus plantas de cannabis se encuentren protegidas y garantizadas de cualquier intento de secuestro o imputación penal por parte de la autoridad”.
Otro punto sumamente interesante que prevé el proyecto es la formación integral y obligatoria para trabajadores del Estado en materia de cannabis. Según el borrador al que tuvo acceso la Mate, el inciso “d” del Programa “impulsa la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública, agentes de todos los ministerios y empresas del Estado, así como el poder Judicial”, incluidas las fuerzas de seguridad”.
Autocultivo, cultivo solidario y comunitario: el reconocimiento de una realidad
En paralelo a la venta en farmacias de preparaciones magistrales, se prevé que les usuaries tengan autonomía para acceder al cannabis por vía del autocultivo. Gustavo Gabbi, integrante de APAC comenta que “está previsto que se pueda contar con una certificación para validar la autorización al autocultivo, algo que es elemental en un contexto como el actual de criminalización”.
El proyecto “contempla la posibilidad de hasta 3 domicilios para autocultivar o proveer solidariamente a un tercero y no establece un límite de plantas.
El integrante de APAC también detalla que el proyecto “contempla la posibilidad de hasta 3 domicilios para autocultivar o proveer solidariamente a un tercero y no establece un límite de plantas. Esto es por las complejidades del cultivo y la necesidad de materia vegetal suficiente como para tener un backup ante insectos, plagas, hongos, cogolleros, errores en el cultivo, etc. Para sostener realmente una terapia es clave no quedarse sin cannabis en situaciones que pueden ser críticas”.
Por su parte, Silvia “Nené” Moreno apunta que luego de presentar la idea al bloque CREER, “comenzamos a trabajar de forma participativa, incorporando la mirada de distintos actores vinculados a la materia, tanto a nivel provincial como nacional”. Y continuó: “esta forma de trabajo nos permite presentar un proyecto de ley que se logra a partir de un trabajo colectivo para resolver el problema del acceso al cannabis seguro e informado, ya sea por la vía de las farmacias, del autocultivo, el cultivo solidario o comunitario, todas posibilidades previstas en esta ley”.
La redacción autoriza a asociaciones civiles y fundaciones para poder cultivar abasteciendo solidariamente a sus socies. Sobre este punto Gustavo afirma: “que estén autorizadas a cultivar para sus asociados es interesantísimo por la característica comunitaria de esa acción”. Y la representante de Mamá Cultiva Entre Ríos, Carola Olavarría remarca que “la demanda de cannabis medicinal hoy es mucha y las Asociaciones como las Ong trabajamos a la par de las personas que demandan este paliativo”.
Carola también resalta que el proyecto busca “frenar con la persecución que vivimos les pequeñes cultivadores actualmente, al saber que somos representantes de centenas de familias en Entre Ríos cultivando”. En la actualidad, explica, “se recurre a un mercado negro que juega con la necesidad de la gente”.
Gustavo Gabbi remarcó la importancia de que todas estas vías estén contempladas, “al autorizar autocultivo, cultivo solidario y cultivo comunitario de organizaciones se estaría autorizando y garantizando de esa manera el acceso a la salud de un montón de personas que ya se proveen de esta forma, pero en la clandestinidad por la ilegalidad y la persecución”.
Ilustración de Adriel Radovitzky
Saldar una deuda pendiente: el derecho a testear
Un punto interesante de la redacción de este proyecto de ley es que en su artículo 23 intenta resolver el problema del testeo cromatográfico de los aceites u otros derivados del cannabis. Pero con el recaudo de que esto no sea una traba para el acceso de les usuaries que precisan información certera sobre los compuestos presentes en los fitopreparados cannábicos.
Como indica Gustavo Gabbi, “es super importante para esta ley que se garantice el derecho a la información de las personas a través del testeo gratuito a simple solicitud de les usuaries. Claramente no como una obligación con la que deben cumplir quienes cultivan o usan cannabis con fines terapéuticos, sino como un derecho que se les debe garantizar”.
“Cooperativas y mutuales tendrán la posibilidad de cultivar. Es muy importante que se abra esta puerta, para que exista un fomento a los pequeños y medianos productores”
Economías regionales, populares y participativas
En algunas provincias como Jujuy o Misiones, se legisló para autorizar únicamente el cultivo medicinal estatal a través de la creación de empresas mixtas. Una estrategia, preventiva en materia de economía, que presenta este proyecto de ley de Entre Ríos es que a la hora del otorgamiento de licencias de producción, la autoridad de aplicación deberá siempre favorecer la protección de las economías sociales, populares y regionales. Sobre este punto, Gustavo Gabbi adelantó que “cooperativas y mutuales tendrán la posibilidad de cultivar. La verdad es muy importante que se abra esta puerta, para que exista un fomento a los pequeños y medianos productores”.
En esta línea, Carola de Mamá Cultiva Entre Ríos opinó que “es un proyecto de Ley amplio, no sólo involucra al usuarie y lo tiene como protagonista actual, sino que además abarca e incluye al estado como partícipe activo”. Efectivamente, a través del artículo 8, la ley entrerriana abre el juego a la producción estatal, autorizando a los organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno; laboratorios públicos y centros de investigación, a cultivar a través del otorgamiento de licencias. Explícitamente no se prevé la participación de sociedades comerciales, más allá de las farmacias y del criterio de otorgamiento de las licencias.
Para concluir el abogado Bacigalupo reafirmó que “el espíritu de la ley es que no haya fronteras entre el acceso al cannabis y sus derivados, y la persona que lo precise. Desde la soberanía de su autocultivo hasta el hecho de recibirlo con la mayor cantidad de información posible, en una farmacia autorizada. Es un intento al mismo tiempo de cambiar el paradigma. En muchas ocasiones solamente las personas que compartieron un gran dolor y vieron en el cannabis su paliativo puedan llegar a entender cabalmente el objetivo y espíritu de esta ley. Es una verdadera política pública de reconocimiento de un derecho humano fundamental”.
