“Por favor, no hagas promesas sobre el bidet”
Charly Garcia.
En este momento de crisis, de padecimientos y fragilidades o, quizás, de padecer fragilidades, nos seguimos encontrando para construir. Se trata de impedir la naturalización de lo desnaturalizado —particularmente el consumo y la producción de cannabis— en razón de que dicha naturalización no continúe reproduciendo patrones de opresión hacia lxs consumidorxs y lxs productorxs clandestinxs de cannabis; de interrogar constantemente nuestras convicciones y conformidades, de evitar una alienante familiarización que cristaliza nuestro hacer. Hoy, la dialéctica entre el orden y el desorden, entre lo vacío y lo pleno, se conjuga más que nunca. No hay centros fijos, más bien se trata de desplazamientos y relaciones que se encuentran en continua transformación recíproca.
Tiempos de cambio
No hay dudas, Argentina se encuentra en un momento de transición desde el paradigma prohibicionista al paradigma regulacionista en relación al cannabis. En esta disputa no debe obviarse lo innegable: el cannabis permite llevar el pan a la mesa de lxs productores clandestinxs de cannabis que aún hoy siguen siendo perseguidxs y marginadxs. Se dice por ahí que la economía popular es el sector económico que anda en chancletas. Esta es la economía de lxs excluidxs, del trabajo que surgió como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecer a todxs un trabajo digno. Son procesos económicos inmersos en la cultura popular; y el cannabis, por si hace falta decirlo, es parte de la cultura popular. Estos procesos están basados en medios de trabajo accesibles y desprotegidos. La desregulación de los mismos conlleva desprotección, precariedad y parainstitucionalidad de las relaciones laborales en la economía popular.
Discursivamente el gobierno nacional coquetea con la idea de incluir a lxs pequeñxs productores y cooperativas; hasta ahora, en la transición que estamos viviendo, esto no se ve reflejado en los hechos. Muchas veces se habla del cannabis como una promesa cuando es una realidad. Más aún, de la mano de una regulación que recién comienza se da la vulneración de los derechos adquiridos. Así, el malestar sobrante se entrama en la cotidianeidad. Esto surge políticamente a raíz de la profunda mutación histórica que deja a productorxs clandestinxs en una posición subalterna respecto de proyectos de cannabis medicinal y cáñamo industrial que se expanden en pos de la disminución del malestar La violencia policial y judicial que avasalla los derechos humanos de quienes producen y consumen cannabis sigue siendo un tema de agenda. La promesa de una regulación que garantice los derechos y el trabajo de los sectores populares en relación al cannabis no es sino motor de lucha.
El Poder Ejecutivo Nacional había incluido en las sesiones extraordinarias de Diputados que se realizarían en febrero, el proyecto de ley “tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones”. Sin embargo, la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial aún no fue tratada, porque dichas sesiones no ocurrieron. Aun así, es cuestión de tiempo para que sea discutida en diputadxs, ya que el consenso del arco político aparenta ser prometedor.
Los indicadores políticos marcan que el gobierno tiene un objetivo claro en relación al marco regulatorio del cannabis: el desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo y la recaudación impositiva. En el mundo, la industria del cannabis creció exponencialmente durante los últimos años a la par de la regulación en distintos Estados. Con la regulación que propone el proyecto a tratar, la industria estará en condiciones de producir ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o alimentos fabricados a base de cannabis, entre otros (además de aceites, cremas y tinturas para aplicaciones medicinales).
Fernando Soriano marca que en Argentina, el Ministerio de Desarrollo Productivo “prevé para 2025 la generación de 10.000 puestos de trabajo, el movimiento de 500 millones de dólares en consumo del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones”. Esto es un paso enorme en la lucha por la regulación del cannabis; sin embargo, no debemos quedarnos en los laureles, la lucha continua en pos de que se garanticen lxs derechos de lxs ciudadanxs cuya fuente de vida es el cannabis y no solo de las grandes multinacionales que vienen a explotar los recursos naturales de nuestro país en razón del mero lucro.
Ilustración de Adriel Radovitzky.
El Jardín del Unicornio —el primer club de cultivo cannábico de Argentina—opinó en diálogo con MATE: “Vemos este proyecto como un avance positivo en lo social, desde hace años la comunidad cannabica sabe sobre los usos beneficiosos de la marihuana y fuimos destratadxs, pues ahora de alguna manera lo están reconociendo. Por otro lado, sigue habiendo persecución penal y privación de la libertad para un gran número de usuarixs y cultivadorxs de marihuana y eso es inadmisible. No puede haber negocios para algunxs antes que derechos para todes”.
“Sigue habiendo persecución penal y privación de la libertad para un gran número de usuarixs y cultivadorxs de marihuana y eso es inadmisible. No puede haber negocios para algunxs antes que derechos para todes”.
En cuanto a la implementación del proyecto una vez aprobado, opinaron: “estamos algo escepticxs (con) que se generen reales perspectivas de inclusión en este nuevo circuito comercial. Recordemos que el proyecto originalmente no incluía las cooperativas cannábicas, que se contemplaron por presión política y social. Es clave en esta situación saber si los requerimientos legales futuros para obtener las licencias sean acordes con la realidad de la gran mayoría de productorxs populares de cannabis que hasta hoy son lxs unicxs que están cubriendo la demanda de la población”.
Dónde poner el ojo
Aquí dos factores se tornan fundamentales. Por un lado, no se debe perder de vista la “Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal” que crearía el proyecto a tratar, ya que dicha agencia estará a cargo de las normas de procedimiento, las autorizaciones para importación, exportación, cultivo, producción, fabricación y comercialización. Y a su vez, es vital considerar —y tomar con pinzas— que el proyecto de ley aprobado en senadores, expresa en el artículo 12: “En el otorgamiento de las autorizaciones la ARICCAME tendrá especial consideración hacia aquellas solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas atendiendo, asimismo, la inclusión de la perspectiva de género y diversidad y proyección federal en su otorgamiento”.
Para el primer año de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que $ 91,8 millones corresponden a gastos en personal, $ 54,5 millones a gastos de inversión y los $ 12,8 millones restantes a gastos operativos.
AUPAC (Asociación de Usuarixs y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas) marcó en su comunicado por los derechos de la comunidad cannábica: “A casi un año del REPROCANN, y en vísperas del tratamiento de la ley de producción industrial de cáñamo y cannabis medicinal, el escenario de persecución y prohibicionismo en torno a lxs usuarixs y cultivadorxs sigue a la orden del día”. Para la organización de la ciudad de Rosario: “Esta ampliación de derechos se vio interrumpida por las mismas promesas de adecuación al inminente modelo productivo. Al dia de hoy las ONG’s de la salud seguimos sin poder inscribir a lxs usuarixs asociados al REPROCANN”.
Desde AUPAC expresaron: “Seguimos esperando que aquellxs que presiden comisiones donde se giren proyectos, los traten, y se hagan cargo de transmitir institucionalmente la demanda popular encarnada en las personas presas por plantar, haciendo valer el poder que el pueblo les ha otorgado con su voto”.
“Seguimos esperando que aquellxs que presiden comisiones donde se giren proyectos, los traten, y se hagan cargo de transmitir institucionalmente la demanda popular encarnada en las personas presas por plantar, haciendo valer el poder que el pueblo les ha otorgado con su voto”.
La ley de uso medicinal no garantizó el pleno acceso a la salud de lxs usuarixs. Este proyecto es una posibilidad de reelaboración, de apertura de derechos y de expansión política-económica en función de los permisos para cultivar, comercializar y exportar cannabis, se debe tener en cuenta tanto la micro como la macroeconomía —y no solo en lo discursivo.
El conflicto no es meramente económico, hacia allí se corre el eje de la discusión constantemente. No por nada los Growshops conformaron una cámara para evitar clausuras arbitrarias. Debemos tener en cuenta que la problemática es política y cultural; se relaciona a la salud, al trabajo, a la educación, a la ciencia, al narcotráfico, a la seguridad, a la violencia policial y judicial, al desarrollo social, a la comunicación, a la seguridad social, a lo ambiental, entre otros campos.
No se trata ya de argumentar meramente la importancia del cannabis como posibilidad de desarrollo en un sentido integral sino de poder comprender que es hora de trabajar el presente considerando al cannabis como herramienta de reconstrucción del país en pos de un futuro más justo.
