¿Prohibir para proteger o para ignorar? La muerte de Tania Abrile en una fiesta electrónica de Córdoba desató no solo un juicio contra los responsables de Buenas Noches Producciones (BNP), sino una exhortación judicial insólita: prohibir estos eventos por su ‘altísimo riesgo para la salud’. Las decisiones del tribunal parecen trasladar al contexto de consumo, dejando en segundo plano la falta de políticas de reducción de daños.
El 23 de julio de 2023, Tania Abrile falleció en una fiesta electrónica organizada por Buenas Noches Producciones, luego de comprar en el lugar y consumir una pastilla con anfetaminas y metanfetaminas.
El pasado jueves 1° de noviembre, se llevó adelante un juicio abreviado contra los responsables: Iván Aballay y Héctor Oscar Baistrocchi, empresarios de BNP que fueron acusados de facilitación de lugar para consumo de estupefacientes doblemente agravada y homicidio culposo. Walter Fabián Barreto, el médico sin título habilitante contratado por los organizadores, fue condenado a ocho años de prisión domiciliaria por ser autor del delito de homicidio simple. Mario Alfredo Novaro, guardia de seguridad, fue condenado a tres años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de facilitación de lugar para consumo de estupefacientes.
Aballay y Baistrocchi, fueron condenados a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para realizar cualquier actividad relacionada con la organización, producción, promoción, supervisión o administración de eventos. El juicio que se preveía duraría un mes, fue resuelto en modalidad abreviada cuando los acusados admitieron la responsabilidad penal sobre la muerte de Tania.
Lo llamativo es la exhortación del tribunal a la Municipalidad de Córdoba a “no habilitar y prohibir las fiestas electrónicas debido al ‘altísimo riesgo para la salud’”. Otro punto que resalta del contenido de la solicitada que los acusados debieron firmar y replicar en medios de comunicación está en el siguiente párrafo:
Finalmente, habida cuenta de los peligros para la vida y la salud que se derivan de las fiestas electrónicas, exhortamos a los organismos estatales a un estricto control para evitar la comercialización, el suministro y el consumo de drogas en estas reuniones, a los organizadores que asuman una vigilancia activa y a los asistentes a una diversión sin consumo de sustancias.
¿Qué hace que una fiesta electrónica, según el tribunal y los acusados, sea peligrosa para la salud? ¿Cuáles son los riesgos de una práctica cultural como esta? ¿Si cambiamos el género musical la vida de las personas deja de estar en peligro? ¿Son las fiestas o la falta de políticas públicas eficaces lo que vuelve riesgosos a estos espacios? ¿Qué repercusiones puede traer la prohibición, en este caso, de una actividad social? ¿No nos demostraron ya el pasado 16 de junio que el mayor control y la vigilancia policial tampoco son garantes de la vida de las personas cuando se trata de consumo de sustancias?
“Suprimid el opio […] No impediréis que haya almas destinadas al veneno que fuere, veneno de la morfina, veneno de la lectura, veneno del aislamiento, veneno de los coitos repetidos, veneno de la debilidad enraizada del alma, veneno del alcohol, veneno del tabaco, veneno de la asocialidad. Hay almas incurables y perdidas para el resto de la sociedad. Quitadles un recurso de locura, e inventarán otros mil absolutamente desesperados.”(Artaud, 1974).
Las personas siempre encontrarán la manera de sortear esas prohibiciones disfrazadas de protección de nuestra salud cuando lo que se está prohibiendo es el derecho de las personas a bailar, a disfrutar, a sentir placer, a encontrarse.
Prohibir, o negar la realidad
Hace unos meses, tras la muerte de Alejandra Mara Pereyra en el marco de otra fiesta organizada por BNP, hablamos de las posibilidades de cuidado que podrían ofrecer los organizadores de estos eventos, de las responsabilidades que pueden asumir las personas usuarias de drogas —siempre y cuando cuenten con la información necesaria que permita la toma de decisiones—, y de la obligación del estado de garantizar y velar por el cuidado de todas las personas a través de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.
El pedido de prohibición de estos eventos nos lleva, una vez más, a intentar desarmar el trasfondo de lo planteado y dar cuenta de la capacidad negada para hacerle frente al consumo de sustancias.
Se exhorta a prohibir una actividad como respuesta simple a un problema más complejo. Se prohíbe para expulsar, cada vez más, a las personas usuarias de drogas al ámbito privado, a los márgenes, ahí donde el estado no puede ni quiere llegar, donde el problema no pueda ser visto. Se prohíbe para no asumir la única verdad capaz de quitarle el sesgo moral al estado que inhabilita el desarrollo de políticas de drogas eficaces: las personas consumen drogas.
La prohibición trae consigo una paradoja: limita el suministro de drogas y conduce, inevitablemente, al aumento de consumos de riesgos. No sabemos qué, dónde ni cómo fue producido aquello que se consume. No es el evento en sí lo que conlleva un riesgo, como tampoco es la droga en sí misma, sino el contexto en el que se enmarcan los consumos lo que condiciona que sea o no riesgoso.
Asumir estrategias de cuidado
Para salir del pánico moral generado en torno al peligro de las fiestas electrónicas, consultado sobre la idea de riesgos Ariel Parajón, Lic. en Ciencias Políticas, especializado en Política de Drogas, propone que primero hay que contextualizar los eventos y los consumos, “cualquier tipo de recital, cualquier tipo de evento cultural o cualquier tipo de instancia donde se realiza una práctica de consumo de sustancias puede ser de alto o de bajo riesgo, de acuerdo a la organización, de acuerdo a las garantías de cuidado que se pueden generar ahí”.
Hoy uno de los opuestos a la prohibición es la reducción de daños que busca incluir y acercar a las personas usuarias de drogas al sistema de salud, propone garantizar su bienestar y devolverle la capacidad de agencia a las personas para que sean quienes gestionen los placeres y riesgos asociados a los usos de drogas. En esta línea, Parajón agrega: “hay distintas acciones que puede hacer un gobierno, como también una asociación civil, un espacio social o un grupo empresario privado, para que esa práctica de consumo que realizan los usuarios pueda ser de menor riesgo y de mayor cuidado”.
La decisión de llevar adelante estos cuidados y de asumir la responsabilidad de acompañar y proteger a las personas usuarias es una decisión política tanto del estado como de las empresas organizadoras, para garantizar “el derecho a la salud en general (…) porque la Ley Nacional de Salud Mental plantea que la salud mental es un proceso que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales y lo resalto, porque esos componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, etc. tiene que ver con la integralidad del proceso de salud y de salud mental. Entonces el momento de esparcimiento, el momento cultural, el momento de ocio, de recreación, de diversión, hace a la salud mental de las personas y sobre todo a la de los jóvenes,” continúa.
(Des)cuidar a las personas que usan drogas
Cuando vemos las estadísticas publicadas este año en el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, vemos que sólo entre el 5 y 10% de las personas usuarias de drogas están dispuestas a realizar un tratamiento para dejar de consumir, en relación a esto agrega Parajón que “Las políticas de drogas están centradas en dos públicos: las personas que no usan sustancias, ya que el Estado fomenta la abstención y las personas que las usan de manera problemática. Sin embargo, en el medio hay casi un 90% del total de usuarios que no tienen ningún tipo de política pública que los cuide”.
Ese es el espacio de vacancia que necesitamos abordar con políticas de reducción de daños y que ninguna persona sea discriminada, apartada o marginalizada por el uso de sustancias.
Negar el consumo y prohibir su contexto jamás va a ser la respuesta que garantice el cuidado de las personas. Consultamos a Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal, acerca de la resolución del juicio: “En relación con la prohibición de la fiesta si los acusados, en el marco del acuerdo, asumieron (la prohibición) como una posibilidad, me parece un exceso. La idea de no gestionar el conflicto, de no gestionar desde una lógica del cuidado y la protección es una expresión más en otro campo de tipo prohibicionista, que niega las prácticas culturales y que en lugar de acompañarlas con cuidado, las clandestiniza, porque la fiesta como proceso cultural no se puede prohibir en sí”.
“La cultura, el ocio, el entretenimiento son parte de la salud mental. Históricamente se pensó y se piensa la salud mental como la dimensión del padecimiento mental, pero no se piensa la salud mental como potencia de vida, como parte del bienestar y, las fiestas electrónicas, el uso de sustancias y el placer muchas veces colaboran en el bienestar de la vida de una persona”, dice Parajón.
Cuando ponemos en contexto las muertes relacionadas al consumo de sustancias y las fiestas electrónicas, detectamos cuáles son los factores de riesgo que las posibilitaron:
- Condiciones de hacinamiento
- Falta de agua potable
- Sobreventa de entradas
- Insuficiente ventilación
- Falta de atención médica especializada
- Miedo a la criminalización —la cual puede conducir al consumo apresurado para evitar la persecución por tenencia.
- Negación y, consecuencia de esto, falta de puestos de prevención, de información, de testeo de sustancias, de acompañamiento.
Cuando hablamos de la jerarquía de responsabilidades a la hora de cuidarnos en relación al consumo de drogas, son el estado y las organizaciones responsables de estos eventos los que obligatoriamente, y en primera instancia, deberían asumir, promover y garantizar las prácticas de cuidado colectivo. No son las fiestas electrónicas, es la prohibición la que pone altamente en riesgo la vida de las personas.
