Fue a través de las luchas sociales que se forjó la concepción de la salud como un derecho. Se trata de pensar la salud como un campo conflictivo donde el conjunto de actores sociales se encuentran en disputa. Allí se despliegan las políticas públicas que ponen en juego tanto la autoridad como la legitimidad y la credibilidad. Las decisiones en dicho campo (que implican acción o inacción) no están desprovistas de tensiones, de obstáculos, de intereses. Hablamos de relaciones de poder, de posiciones, de ejercicios.
La salud, o la forma en que se desarrollan los procesos de salud-enfermedad en poblaciones enteras o en cada sujeto, es un proceso que solo puede comprenderse en el contexto del funcionamiento de la sociedad. La salud en tanto derecho se encuentra íntimamente ligada a lo político: hay orientaciones políticas que tienden a expandir los derechos sociales y otras a reducirlos.
Garantizar el derecho a la salud no se reduce a garantizar la ausencia de la enfermedad, implica fundamentalmente generar condiciones dignas de vida
Dos ejes son fundamentales a la hora de pensar el rol del Estado en relación a la salud: la accesibilidad y la universalidad. Stolkiner marca que “en una sociedad los derechos rigen para un conjunto o son privilegios”. En este sentido, la salud pública no puede pensarse sin la intervención del estado, que debe realizarse en pos del acceso a la salud y de la garantía de los derechos. Tal es así que se torna indispensable resaltar que garantizar el derecho a la salud no se reduce a garantizar la ausencia de la enfermedad, implica fundamentalmente generar condiciones dignas de vida, además de garantizar el acceso seguro a los tratamientos pertinentes según las enfermedades. En otras palabras, se trata de que cada persona acceda al servicio que necesita según su condición y necesidad y no de acuerdo a su capacidad adquisitiva en el mercado.
Hablemos de derechos humanos
Hablar de derechos humanos, implica el reconocimiento de que por solo el hecho de serlo, toda persona humana porta atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Estos derechos resisten ante una dominación que se encuentra en cierto punto sedimentada en desiguales relaciones de poder. El Estado debe ser quien garantice estos derechos, que apuntan a la dignidad humana en cualquier tiempo y lugar.
A lo largo de la historia, en diferentes países del mundo, se han realizado declaraciones que reconocen los derechos humanos como inherentes a su condición misma, tal es así que dichos derechos se encuentran por encima de todo poder legislativo ordinario. Tanto la libertad, como la igualdad y la dignidad, son conceptos soldados a estos derechos y caracterizados como inalienables.
Una vez identificado un derecho, éste merece protección inmediata. Al ampliarse el reconocimiento de los derechos humanos, esa ampliación es irreversible. Sin embargo, el nominalismo no garantiza la universalidad de los derechos en la cotidianeidad de los seres humanos; es decir, estos derechos son vulnerados constantemente en diversos contextos de la actualidad. Materializar y garantizar el acceso universal a los derechos humanos es un desafío que continúa hasta nuestros días, particularmente en relación al acceso al REPROCANN (Registro Nacional de Personas autorizadas al cultivo controlado de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos).
Acceso al cannabis = acceso al derecho a la salud
La salud es un derecho humano y la marihuana es salud. No debemos perder de vista que la mercantilización de la salud y la ausencia del estado atraviesan la problemática del acceso a los registros para el autocultivo, vulnerando la dignidad, la autonomía y la soberanía sanitaria, mientras se mantiene el estigma y la opresión que sufre la comunidad cannábica.
En Argentina, la mayoría de las obras sociales y los hospitales públicos no cuentan con profesionales especializados en endocannabinología inscriptos en el REPROCANN, esto lleva a les usuaries a realizar consultas en el ámbito privado. Las consultas para el diagnóstico, la orientación médica en relación a la posología y la vinculación al registro rondan cifras de entre 3 mil pesos y 300 dólares. En este sentido, no podemos evitar hablar de exclusión; aquello que pretendía ser un derecho para todes les usuaries medicinales y terapéuticos —mediante la re-reglamentación de la ley Nº 27.350— no resultó ser otra cosa que un privilegio para quienes pueden pagar la consulta médica privada; lo que refuerza la lógica neoliberal e individualista.
No podemos evitar hablar de exclusión; aquello que pretendía ser un derecho resulta ser un privilegio para quienes pueden pagar la consulta médica privada, lo que refuerza la lógica neoliberal e individualista.
La problemática de la mercantilización es transversal al sistema de salud argentino. Hoy, el Estado no garantiza el derecho a la salud. El problema no es que les medicxs cobren por su trabajo, el problema reside en que el Estado no garantice la atención médica correspondiente para acceder al tratamiento pertinente y al REPROCANN. El Registro Nacional de Personas autorizadas al cultivo controlado de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos pasa a ser un privilegio de quien puede pagarlo. Vivir sin miedo a ser perseguides, estigmatizades y vulnerades termina siendo una cuestión económica. Tal es así que debemos seguir luchando por el acceso gratuito y universal a la Salud Pública Especializada en Cannabis Medicinal y Terapéutico en todos los Hospitales y para todas las personas usuarias de Argentina.
Un derecho debe ser para todes, sino, es un privilegio.
