Ayer arrancó el debate del proyecto de ley para la industrialización de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo en las comisiones del Senado. Contó con la participación del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, que dio una presentación informativa sobre el proyecto.
Algunas horas después del debate, Presos y Presas Por Plantar publicaron un comunicado donde remarcan la contradicción entre el avance del proyecto de regulación del cultivo de cannabis para uso “estrictamente” industrial y medicinal, mientras persiste la persecución del Estado hacia cultivadorxs que siguen siendo encarcelades o allanades.
En su comunicado explican que existe una doble injusticia hacia las personas presas por plantar: “Por un lado, porque criminalizan nuestro trabajo justamente cuando se debate la necesidad de regular la industria. Pero además, porque buscan asociarnos al narcotráfico cuando somos quienes hemos sido las y los impulsores de la producción de cannabis para uso medicinal cuando todavía este no era un tema en la agenda pública”.
El planteo es claro y pone en tensión el proyecto de ley del gobierno nacional que pretende regular la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, pero sin la liberación de aquellos cultivadorxs que continúan atravesando procesos judiciales, allanamientos o penas de prisión efectiva. “Ninguna regulación puede tener lugar con cultivadores y cultivadoras en la cárcel”, expresan desde este espacio que agrupa a personas que sufrieron en carne propia la política de guerra contra las drogas que sostiene el Estado argentino.
“Ninguna regulación puede tener lugar con cultivadores y cultivadoras en la cárcel”
En primera persona: El caso de Denise y Luciana
Denise Moruzzi, de 43 años, y su hija Luciana Esteche, de 21, llevan 2 años peleando contra la justicia luego de 7 meses entre comisarías y el penal. Fue por cultivar tres plantas de cannabis que usan de forma medicinal para tratar la depresión que ambas padecen. Estuvieron el último año y medio en prisión domiciliaria.
Para esta nota, Denise cuenta que su caso comenzó el 29 de abril de 2019, “llegaron a mi casa haciendo un allanamiento que no tenía nada que ver con nosotras, pero vieron nuestras 3 plantas”. Luego de eso, “recién el 18 de junio a las 19:30 nos tocan la puerta, sale mi hija, veo que no volvía y salgo como estaba, estábamos en la cama. Ahí empezó nuestra tortura”, declara Denise.
Al principio las separaron en distintas comisarías. “Luciana estuvo 3 días en otra comisaría en San Isidro y yo en la 1° de Olivos, donde me trataban muy mal. Después la pasaron a ella conmigo a Olivos y estuvimos 22 días hasta que nos pasaron a la Unidad Penitenciaria N° 47 de San Martín, como si fuéramos delincuentes”.
El encarcelamiento de mujeres cis y trans por delitos de drogas se inscribe en un problema sistemático de la justicia penal argentina. La gran mayoría de las identidades feminizadas o diversas encarceladas, lo están por delitos de drogas. Según el informe Feminismos y Política Criminal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – I.N.E.C.I.P. (2019) en Argentina más del 60% de las mujeres detenidas lo están por delitos relacionados con las drogas. La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó un 271% entre 1989 y 2008.
El Informe Anual 2019 de la Procuraduría de la Nación expone que hacia fines del 2018, el 66% de la población total de mujeres y personas trans/travestis a nivel federal se encontraba detenida por infracción a la ley 23.737, mientras que a nivel nacional el porcentaje alcanzaba el 47%.
Sobre la actualidad de su caso, Denise detalla: “firmamos un juicio abreviado con la condición de que nos daban la reducción de la pena para poder vivir con mi mamá que es discapacitada totalmente”. La defensa oficial les dijo que la mejor manera de pelearla era desde afuera, con una reducción de pena. “Nuestro caso llegó a casación pero nunca conocimos a nuestra defensa de casación, jamás nos llamó”, lamenta la cultivadora.
“Casación nos falló en contra 2 veces y nuestra condena quedó firme”. Tenían la idea de llevar el caso hasta la Corte Suprema, “pero seguimos sin ningún abogade que quiera hacerse cargo de nuestra causa”.
Ahora se encuentran en la situación de que por la ausencia de defensa, “Casación nos falló en contra 2 veces y nuestra condena quedó firme”. Tenían la idea de llevar el caso hasta la Corte Suprema, “pero seguimos sin ningún abogade que quiera hacerse cargo de nuestra causa”.
Remarla en colectivo
Denise y Luciana son dos de las cultivadoras que se sumaron a la iniciativa de Presos y Presas Por Plantar. “Lo que nos llevó a organizarnos fue tener que remarla solos”, explica Denise. “Por ahí se visibilizan nuestros casos pero nosotras hace 24 meses seguimos sin abogade, sin copia de nuestra causa y sin alguien que aporte a nuestra defensa”.
Con este grupo esperan poder acompañarse y darse apoyo mutuo entre personas presas por plantar. Sobre las causas que les llevan a organizarse, la cultivadora cuenta: “básicamente buscamos la unión para poder contener a otros compañeres que están, estuvieron o pueden estar en la misma situación”.
En el comunicado expresan que mientras se les permite avanzar a algunas empresas con apoyo del estado, se sigue persiguiendo a cultivadorxs. “Exigimos la despenalización del cultivo y la absolución inmediata de todas las personas procesadas”.
Además del reclamo, buscan ser un espacio que reúna a “compañeros y compañeras que se encuentren privados de su libertad o con alguna causa abierta a sumarse y unir fuerzas por nuestro reclamo”. Para quienes se quieran sumar, circula este formulario.
