Durante la semana pasada la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo, presentaron el programa Potenciar Acompañamiento. Según informaron, está destinado a fortalecer los trayectos de vida de aquelles usuaries que “se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y que a la vez, están transitando la etapa final del proceso terapéutico”. Su desarrollo está previsto a nivel federal, bajo la red de dispositivos que pertenecen a Sedronar o que están conveniados con el organismo.
Fieles a su estilo, muchos medios hegemónicos desinformaron y confundieron con el anuncio del Programa, que entregaría un subsidio de $8.500 a quienes “dejaran las drogas”. Ninguno de estos grandes grupos mediáticos explicó la situación de desigualdad que atraviesan muchas de las personas que recibirían este apoyo, con el fin de formarse para el trabajo y el término de sus estudios. La mediatización fue malintencionada y estimuló el humor vía memes, en muchos casos estigmatizantes y discriminatorios. El resultado fue el buscado: cientos de personas expresando su repudio cargado de odio contra “los que se drogan para cobrar un plan”.
Para contrastar esa oleada de ignorancias y memes del mal, decidimos contactarnos con integrantes de la Asociación Civil Intercambios, la Red Argentina para los Derechos y Asistencia de las Personas que Usan Sustancias Psicoactivas (RADAUD), Reset Política de Drogas y Derechos Humanos y la fundadora de la Asociación de Reducción de Riesgos Argentina (ARDA), quién opinó a título personal, para preguntarles qué reflexiones surgieron en sus espacios, a raíz de la presentación del nuevo programa estatal.
PUNTOS A FAVOR
Jorgelina Di Iorio, la Coordinadora del área de Intervención de Intercambios Asociación Civil, introduce: “acompañamos la iniciativa de Sedronar, así como lo haríamos con todas aquellas respuestas en término de políticas públicas sobre el abordaje de los consumos problemáticos de drogas. Venimos de años de pensar el abordaje de los consumos de drogas desde perspectivas punitivas, incluso desfinanciando programas de asistencia en detrimento de políticas de control social. En ese sentido, entendemos que el brindar apoyo económico por el período de un año, para quienes se encuentran en etapas finales de tratamiento por uso problemático de drogas, es una herramienta dentro de la perspectiva de abordaje integral que plantea la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM)”.
El apoyo económico en términos de ampliación de oportunidades “puede fortalecer algunos procesos que se dan como parte de los tratamientos y acompañarlos por un equipo que hará seguimiento. El programa además incluye algo muy interesante en este campo, que es el armado de grupos de referencia, habrá un tutor que acompaña a 10 participantes, que arman una especie de entramado vincular más que necesario para pensar los abordajes de usos de drogas”, resalta Di Iorio.
Consultada por la Mate, la organización Reset aportó una reflexión colectiva y fresquita, que hicieron entre Daniela Eloísa Montenegro (Psicóloga especialista en Política y Gestión de Salud Mental), Juan Ignacio Lozano (Trabajador Social y Diplomado en Política, Salud y DDHH), Diego Rotundo (Psicólogo y Director del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial) y Soledad Vallejo (Psicoanalista y Diplomada en POlítica de drogas, salud y DDHH); cuatro profesionales que participan de la organización y llevan adelante sus acompañamientos desde la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos.
“Creemos que un punto a destacar es la articulación entre organismos, por sobre la repetición de programas que estén destinados a la misma población. Ese fue uno de los principales señalamientos realizados hacia la gestión anterior de la Sedronar”.
“Creemos que un punto a destacar es la articulación entre organismos, por sobre la repetición de programas que estén destinados a la misma población. Ese fue uno de los principales señalamientos realizados hacia la gestión anterior de la Sedronar. Otra observación fue la capacidad operativa del organismo. Todo esto devino en una pérdida de tiempo y recursos que se saldan justamente respetando las competencias y presupuestos de cada organismo”, expresan les profesionales.
Les integrantes de Reset recordaron que el acompañamiento económico ha sido una demanda de los sectores que históricamente se han ocupado de las problemáticas de les jóvenes usuaries en los contextos más difíciles del país. “Lo cierto es que las asociaciones civiles y los dispositivos de distintas improntas religiosas, en su mayoría de la iglesia católica, son quienes dieron una respuesta a las demandas que el sector estatal no supo o no pudo abordar en ese momento. Creemos que las alianzas del Estado con estos sectores pueden verse, en principio, desde el pragmatismo, desde el manejo de territorio. El desarrollo de prácticas y estrategias por parte de estas asociaciones de base es innegable”, concluyeron.
REFLEXIONES
Esta propuesta presenta distintos matices que suscitan reflexiones y análisis críticos. Silvia Inchaurraga es Doctora en Psicología, Máster en drogodependencias y Directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencias de la UNR. A fines de los 90 fundó la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, a donde tiene el cargo de Secretaria General.
Acerca del Programa, nos ofreció una reflexión a título personal en la que analiza que si bien toda medida estatal que acompañe a les usuaries de drogas es muy necesaria y bienvenida, “pareciera que el proyecto cae en la trampa del discurso hegemónico de la sociedad capitalista, que premia únicamente al que se ‘cura’. Esto peligrosamente podría seguir legitimando el castigo al que no lo logra”.
Otra arista importante sobre la que se detuvo Silvia es la concepción de derechos humanos que tiene la Sedronar: “Considero que un sujeto usuario de drogas tiene derecho a bienestar social y económico, más allá de estar finalizando o no su consumo problemático. La vulnerabilidad económica y las necesidades básicas insatisfechas de cualquier sujeto deben ser indudablemente atendidas por el Estado”.
La perspectiva de les usuaries fue abordada por Verónica Russo, referente de la Red Argentina para los Derechos y Asistencias de las personas que usan sustancias psicoactivas. En comunicación con la Mate expresó que “en su totalidad no es mala la idea del programa. Por supuesto es necesario para aquellas personas, sobretodo las que están en situación de encierro y teóricamente están llevando adelante un tratamiento, porque eligieron esa metodología de abordaje hacia sus adicciones”.
Sin embargo, en relación a la difusión del programa y las reacciones discriminatorias que generó, explica que “sentimos mucha impotencia por cómo se está manejando toda la situación, desde los medios principalmente, porque ridiculizan al usuario de sustancias psicoactivas metiéndonos a todos en la misma bolsa”.
Desde el Área de Intervención de Intercambios Asoc. Civil analizan que “si bien es difícil evaluar un programa que aun no se implementó, lo que no se puede desconocer es que puede significar una ayuda para promover otras formas de inserción social, a un grupo que es altamente estigmatizado y foco de múltiples formas de discriminación. Esto quedó en evidencia con las reacciones punitivas y estigmatizantes que generó la propuesta y que se expresaron en términos de memes y otros comentarios, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esas respuestas hablan de cómo persisten las representaciones sociales hegemónicas que definen a las personas que usan drogas como “vagos”, “irresponsables”, “que solo usan la plata para consumir”, como si no tuvieran otros intereses y/o necesidades”.
En Reset, consideran que la repercusión mediática y los cuestionamientos que ha tenido el programa van en la misma línea que los que suelen hacerse a otros programas de transferencia de recursos como el Argentina trabaja, el PROGRESAR y la AUH entre tantos otros, sumado a los prejuicios que existen y se reproducen sobre la población que consume o ha consumido, continuando con la idea de “adicción” como enfermedad crónica.
APORTES
Esta política pública pone sobre la mesa muchos debates que, lejos de estar saldados, generan reflexiones fecundas a la hora de complejizar los abordajes, atendiendo a las particularidades de cada usuarie y contexto.
La psicóloga Silvia Inchaurraga hizo especial énfasis en que “los incentivos económicos vienen a reforzar la lógica de las recompensas y los castigos, que es la lógica con la que funcionan muchas instituciones monovalentes hoy cuestionadas por la ley de salud mental, instituciones de encierro y aislamiento donde se entiende que si el sujeto ha tenido una recaída, es pasible de mayor control y amerita la lectura de su correspondencia, el avasallamiento de sus espacios individuales, etc.” En ese sentido, la profesional plantea que “el escenario amerita una mirada más amplia, sobretodo de las lógicas de tratamiento. La lógica de la subjetividad es un gran aporte del modelo psicoanalítico porque cuestiona a los modelos tutelares y asistencialistas, atendiendo a las particularidades y el contexto de cada usuario”.
Además, planteó que la idea de “cura” o “recuperación” es algo debatible: “debemos reflexionar si la cura es asimilable a la abstención en relación al consumo, o si la cura pasa por otro lado: por la revisión del posicionamiento subjetivo de alguien en su existencia. La abstinencia, el abandono del consumo de drogas o la modificación del consumo de drogas ¿no es una consecuencia de ese cambio la posición subjetiva que se logra con un modelo de abordaje mucho más integral?”
“Sentimos mucha impotencia por cómo se está manejando toda la situación, desde los medios principalmente, porque ridiculizan al usuario de sustancias psicoactivas metiéndonos a todos en la misma bolsa”.
En relación a aquellas cuestiones que aún deben ser reforzadas, desde Reset repararon sobre la necesidad de abrir el debate en torno al uso del dinero en los casos de sujetos que atraviesan adicciones severas, dado que en ocasiones, puede ser una estrategia que complejiza el proceso terapéutico o genera recaídas. Por otro lado, hicieron hincapié en la urgencia de profundizar en las formas por las que una persona que ha tenido dificultades con el uso de drogas puede volver vincularse al mundo del trabajo y al mundo del consumo.
“Sin embargo, este tipo de programas no puede ser el único horizonte. Es necesario dejar en claro que el consumo problemático de sustancias en los entornos vulnerables se vuelve lo más destacado, quizás por una herencia paternalista / maternalista de mirar a estos jóvenes desde la marginalidad. Cuando la realidad es que el consumo de sustancias es uno de los tantos problemas que tienen por vivir en condiciones de vulnerabilidad, a las que el Estado y el mercado les obligan. El problema de base entonces es la desigualdad”, aseguraron.
“¿Cómo congeniamos los fundamentos teóricos y políticos de la atención sanitaria cuando, la mayoría de las veces, es desde el territorio mismo que se argumenta en contra de la despenalización del uso de drogas?”
En consonancia con las alternativas de tratamiento que se ofrecen desde el Estado o son reguladas por este, aseguran que “quizás la pregunta que debamos hacemos es ¿cómo congeniamos los fundamentos teóricos y políticos de la atención sanitaria cuando las más de las veces es desde el territorio mismo que se argumenta en contra de la despenalización del uso de drogas?; que es también una de nuestras demandas en particular desde Reset”.
Sobre posibles aportes vinculados al programa la representante de Intercambios, Jorgelina Di Iorio, planteó que “sería interesante incluir en el programa un componente que tenga que ver con la problematización de las representaciones sociales generadas en torno a la difusión del programa, que claramente operan como obstáculos simbólicos para la atención. Además de promover la articulación con otras áreas tales como Trabajo y Educación, ya que tal como plantea la LNSM, las respuestas para los problemas de salud mental y adicciones deben ser interdisciplinarias e intersectoriales”.
Por último, sobre el aporte económico que propone el programa, desde la Red de Usuaries advirtieron que “la verdad es un monto bastante irrisorio, con $8.500 no es posible concretar una rehabilitación. Podría ser una ayuda para que le usuarie se pueda trasladar a un taller de oficios por ejemplo. Creemos que no estaría mal si se hiciera a través de un plan realmente serio, que no sirva únicamente para las adicciones severas. Efectivamente, los ‘Vientos de libertad’ van a llegar cuando se despenalice la tenencia para consumo y se deje de criminalizar a les usuaries de drogas, para que esta construcción social del delito, de los barrios, la delincuencia, de los vagos, con respecto a las personas que usamos sustancias, se pueda desmitificar”.
