Luego de infructuosos intentos de los anteriores gobiernos en mejorar la economía, la inflación hizo gritar a la democracia, un outsider logró expresar el hartazgo y ganó las elecciones en Argentina. Transitamos así un año de esfuerzo para las clases más desfavorecidas en el marco del mayor ajuste fiscal de nuestra historia, en palabras de nuestro presidente Javier Milei.
Desde el retorno de la democracia en los 80 el reclamo por la legalización se estructuró en un reclamo por la modificación del régimen legal de la planta de cannabis, iniciando la unidad y solidaridad de un colectivo que atraviesa fronteras políticas e ideológicas. Luego, la articulación llevó al reclamo por la despenalización de la tenencia de drogas, y pronto entroncó con una demanda por la reforma integral de la ley de drogas 23.737.
A lo largo de casi cuatro décadas de activismo con manifestaciones públicas, talleres, charlas, congresos y marchas pacíficas que llegaron a reunir hasta 200 mil manifestantes, se logró el dictado de dos leyes nacionales. Una reconociendo el uso terapéutico (Ley 27.350), otra para el desarrollo de la industria (Ley 27.669). Una especie de aprovechamiento de ventanas de oportunidad que el posibilismo político mostró abiertas, pero sin quitar los cerrojos a la despenalización de la tenencia, la regulación integral de la planta para uso adulto o la reforma integral de la ley de drogas.
El reclamo irradió a nivel federal y las conquistas se vieron también en las provincias. El movimiento cannábico se plantó desde las grandes urbes hasta las ciudades medianas y pueblos pequeños con la sanción de leyes provinciales o de ordenanzas municipales. Todo esto no resultó gratuito, centenas de miles de argentinos debieron atravesar la persecución, criminalización y estigma social por parte del Estado, que interviene en la opinión pública buscando la legitimación de la violencia de la guerra contra las drogas.
Durante su primer año en la silla de Rivadavia nuestro presidente se ha mostrado plenamente abocado a la economía del país y a su batalla cultural que tiene siempre como destinatarios de su agresión a los grupos marginados o vulnerables. Respecto a los usos del cannabis se ha mantenido personalmente en silencio; hablando a través de sus funcionarios subalternos.
Sin embargo, los encargados de dirigir tanto la agenda sanitaria como la productiva no se han mostrado del todo complacientes con las demandas de la población; el panorama que se vislumbra nos muestra a un Poder Ejecutivo Nacional conduciendo a contramano de las políticas desarrolladas en materia cannábica y ha sufrido varios reveses a nivel judicial.
El siguiente balance no es exhaustivo pero busca analizar los episodios más destacados del año en esta pugna por lograr algunas bases para un futuro más próspero, como el que se desea siempre en estas fechas.
El retroceso de los derechos humanos en juego
Las primeras señales del gobierno nacional aparecieron en febrero. Declaraciones off the record de las carteras sanitarias y de seguridad, junto con un operativo mediático de deslegitimación e impugnación de las autorizaciones para el cultivo fueron el preludio de los cambios. Así llegaron restricciones acompañadas de una demora inquietante en las autorizaciones al Reprocann.
Primero, a finales de marzo INASE modificó los criterios de inscripción de variedades que superen el 1% de THC, requiriendo un informe técnico del Ministerio de Salud. Al tiempo, mediante la resolución 81/2024, suspendió los traslados de inflorescencias y suspendió la inscripción de nuevos operadores que trabajen con Cannabis sativa en cualquiera de las categorías como: Criadero, Vivero Identificador o Comercio Expendedor.
En plan de auditar todo lo público para recortar gastos, en abril las auditorías llegaron al Reprocann. En palabras de la vocería presidencial, esto obedecía a que “se había detectado que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en la evidencia científica”, una mentira malintencionada que luego fue respondida con un inmenso repositorio de evidencia sobre cannabis.
El ajuste presupuestario de 140.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud que significó el despido del 60% del personal del organismo, afectado al Reprocann, que no lograba revisar más de 40 trámites diarios frente a un número de 1.000 nuevas solicitudes de inscripción por día.
En mayo el gobierno eliminó la Mesa Estratégica de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial que funcionaba en la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mediante la Resolución 450/2024. Desde su creación, la Mesa había avanzado en la incorporación del cannabis al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y al Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO).
Entre finales de junio y principios de julio ocurrió una sorpresiva y masiva aprobación de inscripciones en Reprocann, aunque sin criterios claros y sin priorizar los trámites más atrasados.
En agosto el Ministerio de Salud de la Nación emitió la resolución 3132/2024, que estableció la obligatoriedad de que los profesionales de la medicina hayan cursado diplomaturas o maestrías sobre cannabis medicinal para poder ingresar al registro, aunque durante casi 3 meses no hubo forma de acreditar dichos títulos, lo que puso un cerco a las nuevas vinculaciones entre personas usuarias y profesionales de la salud en Reprocann
La misma resolución de agosto limitó el cultivo solidario a un abastecimiento máximo de 2 personas. Las ONG recibieron un golpe bajo: ahora las comisiones directivas no pueden estar conformadas por integrantes con “antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal”. A esta altura, las intenciones de regresividad en la materia ya eran más que evidentes.
En septiembre llegó la intervención de Ariccame, de la mano del Dr. Ignacio Ferrari, mediante el Decreto 833/2024 y con el objetivo de reorganizar y optimizar la gestión de Ariccame, según explicaron.
En octubre el gobierno nacional postergó el otorgamiento de licencias de producción, importación y exportación de cannabis medicinal. Sí habilitó la entrega de licencias industriales o agrícolas destinadas a la explotación comercial de semillas, fibra y granos de cáñamo (cannabis no psicoactivo), según el portal oficial de la recientemente intervenida Ariccame. ¿Luego será turno de las de cannabis medicinal? No se sabe, sólo se habla de una “primera etapa de regulación de la producción industrial de cannabis”.
La violencia pasivo-agresiva hacia el sector y el movimiento cannábico se volvió física en noviembre. Luego de 20 años de las marchas de la marihuana, los manifestantes de la Marcha Nacional de la Marihuana fueron reprimidos por primera vez.
Las fuerzas de seguridad impidieron el armado del escenario y la feria de emprendedores 420 frente al Congreso Nacional, reprimiendo a bastonazos cuando las personas responsables de la organización intentaron cubrirse del sol armando un gacebo.
Las medidas del gobierno nacional recibieron sus primeras respuestas institucionales por parte del Poder Judicial de la Nación; muchos usuarios optaron por seguir la vía administrativa en sus trámites de inscripción, cumplidos los mismos sin respuestas acudieron mediante amparos a la justicia, que consideró un acto arbitrario el silencio por parte del Ministerio de Salud de la Nación y obligó a la inscripción en múltiples fallos.
En todas las resoluciones judiciales se hizo especial hincapié en que se encontraba afectado el derecho humano a la salud garantizado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la misma.
En noviembre el Juzgado Federal de Esquel declaró inconstitucional la exigencia establecida por el Ministerio de Salud nacional que prevé que los médicos que indican tratamiento con cannabis medicinal cuenten con una diplomatura o maestría en la materia, por afectar la libertad de elección de los pacientes. Según el fallo la relación médico-paciente involucra principios esenciales como la dignidad, la autonomía y la igualdad ante la ley.
En noviembre la Justicia declaró inconstitucional la exigencia de diplomaturas o maestrías a médicos que inscriben a Reprocann, con el argumento de la afectación a la libertad de elección de los pacientes.
Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal dedicó unas líneas al gobierno nacional al momento de absolver a siete personas que pasaron 4 años presas por comercializar semillas con fines medicinales en las redes sociales. La Justicia entendió que obraron bajo un error de prohibición que, traducido, refiere a cuando la Justicia absuelve a un ciudadano por la causal de desconocer si su conducta se encuentra prohibida. Un verdadero tirón de orejas a la confusa y deficiente forma que tienen los gobiernos de regular las conductas humanas y de dar a conocer sus alcances. Una consecuencia más por no lograr una despenalización o regulación integral.
Abandonando los tribunales y yéndonos al interior del país, el retroceso y abandono por parte del Ejecutivo Nacional trajo como resultado un mayor fortalecimiento y soberanía para el federalismo. Cada vez más provincias se suman a la creación de sus propios registros para el acceso a cannabis medicinal. Siguiendo el ejemplo de Chubut, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Mendoza y Salta buscan tener el suyo, a la par que contemplan la creación de bancos de semillas y el mayor fomento de la actividad industrial en el territorio provincial.
Posibles escenarios y propuestas
La divergencia entre el gobierno nacional y las provincias puede generar el efecto de una gran anomia a nivel federal, que afecte a la seguridad jurídica de las personas y organizaciones con o sin fines de lucro. La planta de cannabis y sus principios activos siguen manteniendo el estatus de estupefaciente, conforme nuestra normativa penal.
Si avanzan las regulaciones provinciales, la Argentina se acercaría a tener un régimen similar al vigente en los EEUU, en el cual los Estados autónomos avanzan en las políticas de regulación hasta donde la prohibición federal se los permite.
Sin embargo, las razones de la regresividad en la materia no encuentran fundamentos serios o novedosos dentro de las metas del gobierno nacional en la disminución del gasto público y la desaparición progresiva del Estado en la vida de la ciudadanía. Entre las pocas razones brindadas reluce un argumento mentiroso: La falta de evidencia científica que avale los beneficios terapéuticos de esta planta hace necesario que la prohibición penal se mantenga y/o potencie.
Sólo resta esperar que se garanticen los espacios para la discusión democrática y se legisle realmente con base en la evidencia. Por más tedioso que pueda resultar, como vemos, el cannabis ya entró a la batalla cultural que encabeza el gobierno nacional.
