[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner pofo_column_animation_style=”none” width=”2/3″][vc_empty_space height=”22px”][vc_custom_heading text=”El proyecto de regulación industrial del cannabis presentado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, obtuvo dictamen favorable en Senadores y se allana su camino en el trámite parlamentario. Ahora, ¿cuáles son los motivos que llevan al Gobierno a promover esta propuesta y cómo es el proceso de la regulación del cáñamo en el plano internacional? La nueva legislación, ¿tendrá implicancias en las miles de causas a cultivadoxs y usuaries?” font_container=”tag:h4|font_size:18|text_align:left|color:%23000000|line_height:24px” google_fonts=”font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css_animation=”none”][vc_single_image image=”23810″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://revistamate.com.ar/banquemoslamate/”][vc_empty_space height=”42px”][vc_column_text]
Los ejes que llevaron al Ejecutivo Nacional a plantear una regulación “estrictamente industrial” tienen que ver con el desarrollo económico de una actividad que en el primer trimestre del 2021 fue la segunda de mayor facturación en el mundo. Esto configura una oportunidad para atraer capitales de gigantes como Canopy Growth o Aphria, que ya han desembarcado en el país y se encuentran tejiendo las redes con el gobierno, como lo demuestran los estudios realizados por el Hospital Garrahan a los aceites de ABP S.A. (subsidiaria de Aphria en Argentina).
El Gobierno ingresó a la “Carrera verde” cuando el equipo de Kulfas comenzó a trabajar en un proyecto de ley para la industria del cannabis, en el marco de un creciente avance de gobiernos provinciales y municipales en materia cannábica. El hecho de que los volúmenes de producción mundial han crecido notablemente, inclusive en países con “tolerancia cero” a los narcóticos como China, principal exportadora del cáñamo, ubica a la “ola de legalizaciones” como una de las tendencias actuales del mercado mundial (también inmersa, inclusive, en la guerra comercial entre China y EEUU).
El Estado canadiense informó que el volumen de venta del cannabis legal en el país es de 8.933 millones de USD. Mientras que Nueva York, el último Estado norteamericano en regular el consumo de cannabis, estima que sólo en impuestos se recaudarán 350 millones USD en el 2021. En Argentina el gobierno espera recaudar 500 millones de USD en concepto de impuestos y autorizaciones de cultivos. Si bien se trata de diferentes regímenes, que en algunos contemplan el consumo recreativo y en otros no, mantiene como denominador común ser una fuente de generación de divisas e ingresos a las magras arcas públicas, aún más esforzadas y agotadas por el impacto de la pandemia y la recesión.
Cáñamo: mucho más que cannabis
Las ventajas de la producción de cáñamo para el sector agrícola e industrial son significativas, no exageramos si decimos que el cáñamo podría sustituir por completo al plástico, uno de los materiales más contaminantes y más producidos en todo el planeta. BMW, Mercedes Benz y AUDI, entre otras empresas automovilísticas de punta, ya fabrican con cáñamo los compartimentos internos y diferentes autopartes.
El cáñamo tiene el potencial productivo para solucionar el problema del desempleo, ya que es la actividad laboral que más creció en 2020. En EEUU son 350.000 trabajadorxs del cannabis. Imaginen una inyección de producción de ese tamaño en nuestro país, que cuenta con cultivadorxs, terreno fértil y excelentes genéticas para el cultivo.
Sin embargo, las mayores inversiones de la industria están ordenadas en función de la producción de etanol y biocombustibles a base de cáñamo. Resulta al menos llamativo observar que a medida que se profundiza la tasa decreciente de retorno energético del petróleo, crece el número de países en donde se ha regulado al menos el uso medicinal y para investigaciones de la planta de cannabis.
El problema será la concentración de tierras para cultivo de cáñamo, quitando lugar al de alimentos y derivando en el alza de sus precios. Este es un peligro que subyace detrás de la publicidad ecológica del cannabis.
En Canadá la BC HEMP invirtió 1.500 millones USD para producir biocombustibles a base de cáñamo para la aviación. Resulta que un 35% del peso de la semilla de cáñamo está compuesto por aceite, lo que hace viable la producción de un combustible más “limpio” y eficiente. El problema en el futuro cercano es la concentración de las tierras para cultivo de cáñamo, quitando lugar al cultivo de alimentos y derivando en el alza de sus precios. Un peligro que subyace detrás de la buena publicidad ecológica del cannabis.
Del mismo modo que se ponen en discusión los modelos de producción de distintos rubros y se debate la instalación de granjas porcinas, megamineras y salmoneras, una regulación sesgada de la industria del cáñamo podría resultar en un impacto negativo para el ambiente y las comunidades.
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Trabajadorxs del cannabis
La discusión respecto de la regulación se tradujo obviamente en el debate y posicionamiento de muchas organizaciones. Hubo críticas de las asociaciones civiles hacia el gobierno por la falta de diálogo en la presentación del proyecto y se cuestionó que las organizaciones cannábicas no tuvieran participación en una ley cannábica. Les militantes del cannabis que expusieron en el plenario de comisiones del Senado, marcaron la contradicción política: mientras se discute la regulación de la industria, hay personas presas por cultivar y miles de causas en proceso.
Los análisis del proyecto de ley revelan que el “régimen sancionatorio” contemplado por la Ley de Estupefacientes no se modifica en lo absoluto, ya que establece multas “sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan a la ‘venta de medicina ilegal’”. El proyecto no contempla ni resuelve la situación de las personas que se encuentran privadas de su libertad o con causas abiertas por plantar en un infinito universo con las situaciones procesales y judiciales más adversas y arbitrarias que podamos encontrar.
Según la titular del SEDRONAR, Gabriela Torres, “la mayoría de causas de la supuesta lucha por el narcotráfico tuvieron que ver con tenencia personal”. Como indica una estimación realizada por la organización RESET, En 2020 el Estado argentino gastó 45 millones USD en causas judiciales por tenencia/producción de cannabis (2.000 USD aproximadamente por causa). Según otro informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), en Argentina existen 1.982.165 usuaries de cannabis que, en promedio, consumen 4,8 gramos por mes. Según los datos de la estimación de RESER, ese mercado mueve en total unos 300 millones de dólares al año, un negocio que se desarrolla en la clandestinidad por la ilegalidad para poder cultivar.
Es un error que la apuesta del Estado no contemple a les cultivadorxs. La regulación integral del cannabis requiere decisión política, comenzando por el indulto, absolución o cualquier otro instrumento para resolver la situación de todas las personas presas por plantar.
El Estado estima que se crearán cerca de 10.000 puestos de trabajo en dos años. Solucionar el aspecto penal del cultivo sería lo más lógico, acompañado de una integración de les cultivadorxs y las organizaciones cannábicas. Como dice la consigna de Presos y Presas por Plantar: “ninguna regulación puede tener lugar con cultivadoras y cultivadores en la cárcel”.
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