Luego de un extenso período de incertidumbre en el Programa del Cannabis, el gobierno nacional comenzó a moverse y darse a conocer en la vida de personas usuarias, cultivadoras y productoras de cannabis para la salud. Sin embargo, algunas de sus decisiones han logrado generar intrigas y desconfianza en la comunidad. El letargo de más de 10 meses de demora en la autorización de los permisos despertó arraigados sentimientos de federalismo y militancia cannábica.
El presente cannábico argentino
El pasado 27 de septiembre se vivió un momento histórico y de alegría en la legislatura de Chubut al sancionarse por unanimidad la Ley Salomé, que lleva el nombre de la pequeña hija de la incansable militante cannábica Berta Tachek. Esta normativa provincial prevé la creación de un registro de usuarixs y pone a la vanguardia a la provincia patagónica en materia de protección del derecho a la salud al tiempo que pega un fuerte grito de soberanía y federalismo.
Unos kilómetros más al norte, en la opulenta Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay mucho ánimo de seguir este rumbo pero a nivel municipal. Con el impulso y activa participación de las organizaciones cannábicas representadas por la Federación de Clubes Cannábicos de Argentina (FECCA), se está trabajando en la legislatura porteña en la creación de un programa autónomo para acceder al cannabis medicinal y adherirse a la Ley Nacional para el desarrollo de la industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal. ReproChubut y ReproCaba retumban con fuerza en los medios y redes sociales.
En el resto del país, otros gobiernos locales tampoco pierden el paso; así, recorriendo el portal de noticias especializado en la industria verde Cannábica Argentina se aprecian muy a menudo los avances regionales: Alemania busca importar 30 toneladas de cannabis medicinal por año desde Misiones; Corrientes acordó el envío con la empresa Suiza 54Trees Consulting de su primer lote de cannabis en flores secas; hacia el mismo destino La Rioja exportó 5 kilos de cannabis con alta concentración de CBD; la imponente y multitudinaria Expocannabis vuelve a abrir las puertas en la Rural, en la Fundación Konex se vivió el Festival Marimba, mientras que decenas de eventos sociales similares convocando a la comunidad son librados con frecuencia por activistas y profesionales destacados en la materia.
El interés por la educación e información cannábica y cañamera acompaña este compás, las diplomaturas, cursos y talleres en presentaciones virtuales o presenciales continúan dispersando el conocimiento y la capacitación por toda nuestra patria; señal que la rueda avanza en esta política humanitaria y sanitaria nacida a fuerza y empuje de un gran movimiento civil organizado que obtuvo con su lucha pacífica nada menos que la sanción de dos leyes nacionales, más de 20 provinciales y unas cuantas decenas de ordenanzas municipales, colocando a la Argentina en un lugar prominente, en un mundo cooptado por el paradigma prohibicionista impuesto por un sistema de fiscalización internacional y alimentado por intereses geopolíticos de las potencias del norte.
Pero como es habitual en esta película, no todo es color verde esperanza. A nivel nacional las nuevas autoridades no se han presentado tan complacientes con este envión —principalmente por su pasividad o desinterés en la industria y el programa sanitario— dejando a miles de usuarixs en espera por meses en el Reprocann y pasandole la motosierra a unos cuantos de miles más; luego, un par de resoluciones ministeriales han manifestado una clara impronta restrictiva, veamos:
El Ministro de Salud de la Nación Mario Russo, antes de renunciar e irse sin muchas palabras ni gloria, dejó una resolución con nuevas restricciones al autocultivo de cannabis con fines terapéuticos. En efecto, ningún avance en el sentido de la progresividad propia de los derechos humanos se experimentó desde que se hizo titular de la cartera sanitaria nacional en el programa de cannabis medicinal.
Por otro lado, la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICAMME) fue sorpresivamente intervenida mediante un decreto presidencial el pasado 18 de septiembre por el plazo —en principio— de un año, desplazando a todos sus integrantes previos. El interventor, Ignacio Ferrari tendrá la suma de las facultades para realizar modificaciones en la estructura orgánica de la agencia y para regular las licencias y autorizaciones que prevé la ley.
Enfoques y regresiones
Provincias y Nación se encuentran desentendidas en estos temas y surge la necesidad de dar con enfoques correctos para darle curso a la navegación, evitando que el barco se pierda en el medio del océano, o peor aún, no llegue a costas peligrosas para su tripulación.
La resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud de la Nación del pasado 20 de agosto, incorporó una polémica restricción. Se trata de una resolución que, si bien difícilmente pase un test de constitucionalidad cuando más temprano que tarde sea llevada ante la justicia, revivió innecesariamente viejas heridas que se encontraban en cicatrización:
A la hora de enumerar los nuevos requisitos para la constitución de ONGs cannábicas se decidió agregar:
“Que los miembros de la Comisión Directiva de las Asociaciones Civiles y/o Miembros del Consejo de Administración de las Fundaciones, no posean antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal”.
Esta restricción, claramente referida a un grupo poblacional bien determinado y concreto, guarda curiosa similitud con proyectos como la “ficha limpia” que se busca aplicar en áreas de la administración pública para asunción de cargos o en materia electoral para impedir que condenados o acusados por corrupción puedan candidatearse. Ahora, la idea de la “ficha limpia” se orienta al colectivo de organizaciones cannábicas, exigidas de limpieza penal para desempeñar prácticas que continúan en el marco de la ley penal.
Avanzar en marcos normativos más amplios para el cannabis debe incluir a las personas ensuciadas por el sistema penal y que fueron el blanco de políticas represivas fracasadas, no dejarlas afuera.
Mientras en EE.UU. se insiste con la idea de los indultos masivos y en casos como el de Nueva York, las personas que sufrieron criminalización por posesión de cannabis son priorizadas para la entrega de licencias de emprendimientos cannábicos minoristas. Se trata de un enfoque de reparación de los daños de la guerra contra las drogas.
En nuestros lares, las personas con antecedentes por “uso” o “uso indebido de cannabis medicinal” resultan ser para el Estado los victimarios y no las víctimas que requieren reparación. Si no es así, ¿por qué razón se los excluye arbitrariamente de poder formar parte de la comisión directiva de estas ONG?
El antecedente que se crea es, desde mi punto de vista, profundamente ideológico y puede desplegar consecuencias en otras ramas. Incluso, vale preguntarnos, ¿Qué posición adoptará el nuevo Interventor de la ARICAMME al momento que personas con antecedentes penales por “uso” de sustancias ilegalizadas, o “uso indebido de cannabis medicinal” soliciten una licencia o autorización? Sólo darle ideas asusta a un gran sector de la comunidad que aporta a la salud comunitaria a través del cultivo solidario.
Esta pregunta resulta de vital importancia e impacta de lleno con los intentos de reparación histórica que tuvieron lugar en nuestro país hace dos años, cuando por amplia mayoría legislativa (representación del pueblo y las provincias) se produjo la sanción de la Ley 27.669 que crea el régimen para el marco del desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal y al mismo tiempo creó la agencia ahora intervenida.
Las leyes cristalizan reclamos civiles que sintetizan muchas veces un hartazgo hacia las injusticias o la ausencia estatal frente a las necesidades sociales; pero la historia enseña que nada obstaculiza a menudo que, una vez calmadas las aguas, los funcionarios a cargo de aplicarlas interpreten luego dichos reclamos a su antojo cuando algunos vientos cambian de dirección y ellos tienen el timón.
Las reparaciones prometidas a los sectores populares de la economía social del cannabis vienen siendo sólo un puñado de buenas intenciones para la tribuna. Pero la tribuna es un movimiento que insiste en avanzar con las herramientas democráticas a su alcance, así sea a nivel provincial y municipal.
