En las horas finales de la Comisión de Estupefacientes (CND), el pasado 14 de marzo, estábamos al borde de nuestras sillas, expectantes. Tras una semana de negociaciones tensas, Colombia estaba a punto de ganar un pulso que sería histórico: lograr la aprobación de una resolución sin precedentes, en un espacio donde el consenso suele ser la norma y cualquier intento de cambio enfrenta una muralla de resistencia. El resultado era incierto, y el desenlace se definiría en cuestión de minutos.
La resolución que sacudió Viena
La CND, al igual que las Conferencias de las Partes (COP), negocia resoluciones. Estos textos recogen los compromisos a los que las partes de un tratado están de acuerdo en comprometerse. En el caso de la CND, son resoluciones propuestas por uno o más países y, en esta sesión, por primera vez, Colombia lideraba una resolución. Y no era cualquiera: se trataba de pedir que se hiciera una revisión externa y exhaustiva a la implementación de los tratados de drogas. Básicamente, que la prohibición pase al tablero para examinar su efectividad real.
Colombia pedía eso sabiendo bien que, bajo sus propias métricas, el sistema de fiscalización ha sido un costoso fracaso: hoy hay más drogas, son más potentes y con el lucro de la ilegalidad se ha fortalecido al crimen organizado. En el nombre de acabar con las drogas se han hecho campañas de ejecuciones extrajudiciales tales como las de Filipinas, donde miles de personas fueron asesinadas a manos de escuadrones apoyados por el gobierno para “limpiar” a las ciudades de las drogas y las personas que las usan. De hecho, mientras transcurrían las sesiones de la CND, la Corte Penal Internacional anunció el arresto de Duterte, presidente de Filipinas, por crímenes de lesa humanidad en la guerra contra las drogas en su país.
El panel que pedía Colombia era un golpe a la estructura tradicional de la CND. Cada marzo se negocian en esos pasillos, a lo sumo, las maneras de mantener el status quo. Las resoluciones que se discuten año a año reiteran el compromiso a cumplir los tratados internacionales de drogas y esquivan, como sea posible, menciones a los derechos humanos y a los efectos negativos que el mismo sistema propicia a nivel global y nacional.
Además, estas resoluciones se adoptan por consenso, en el llamado “espíritu de Viena”, que nunca acudía a votación. Esta tradición era peligrosa: el consenso terminaba reduciendo cualquier avance al mínimo posible, entre posturas antagónicas y extremas sobre cómo dar respuesta a los retos que enfrentamos en la política de drogas. En este contexto, la sola presentación de la resolución por parte de Colombia era un sacudón a la estructura misma de la resolución, pero además auguraba un escenario inusual: una votación cuyo resultado era incierto.
Estados Unidos, parte de la minoría
La semana demostró que el camino para aprobar la resolución no sería fácil, ni para la de Colombia ni para ninguna otra. Estados Unidos, que desde el día uno demostró una actitud beligerante, estaba decidido a bloquear cualquier avance, objetando referencias a “desarrollo sostenible”, “género”, “LGBTI”, “biodiversidad”, entre otros. Esto pasó con resoluciones aparentemente inofensivas, como la presentada por Chile sobre prevención de uso de drogas, o la que presentaron Alemania, Tailandia y Perú, sobre desarrollo alternativo para poblaciones campesinas.
Era evidente que estábamos en terreno desconocido, pues si bien este país nunca promovió una agenda de reforma, jamás había ejercido una oposición tan frontal, desafiando incluso los marcos fundamentales de acción en las Naciones Unidas, tales como la Agenda de Desarrollo Sostenible, 2030. Esto contrastaba con la versión de Estados Unidos bajo el gobierno de Biden, que hace un año, exactamente, lideró la inclusión de políticas sobre reducción de riesgos y daños en la respuesta al uso de drogas, propiciando, junto a Colombia, la primera votación a una resolución en este espacio. Esa votación, la primera que vio la CND en décadas, se ganó con 38 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones y 7 ausentes.
La votación histórica
Volviendo al 2025. El jueves en la noche, tras días de mucha oposición a la resolución de Colombia, se conoció de una enmienda presentada por Estados Unidos, respondida inmediatamente con una de Colombia. La sesión plenaria del viernes consumió largo tiempo solo en definir en qué orden se votarían las enmiendas.
Para ese momento, ya se habían adoptado todas las demás resoluciones –ninguna por consenso– y, en todos los casos, la votación fue un pedido de Estados Unidos, argumentando que “decidimos convocar una votación porque la resolución es una reafirmación de la Agenda 2030 y los ODS. Estos promueven un programa de gobernanza global blanda que es incompatible con la soberanía y los derechos de los estadounidenses. Rechazamos los ODS y no volveremos a reafirmarlos. La resolución tampoco reconoce la realidad de que hay dos sexos: masculino y femenino”.
A pesar de que fue Estados Unidos quien pidió el voto en todas las resoluciones, estaban bastante solos y aislados, acompañados solamente por Argentina o Rusia. Cuando llegó el turno de la votación sobre el Panel de expertos, el patrón se repitió. Fue adoptada con 30 votos a favor y 3 en contra (Estados Unidos, Rusia y Argentina).
La resolución, titulada “Fortalecimiento del sistema de fiscalización internacional de drogas: un camino hacia la aplicación eficaz”, es apenas el inicio de un proceso. ¿Qué sigue? La creación de un Panel de expertos independientes, con el mandato de preparar un conjunto de recomendaciones que fortalezcan la implementación de las obligaciones bajo los tratados de drogas.
El panel estará integrado por 19 personas: diez que serán escogidas por la CND y sus grupos regionales, cinco designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, tres por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y una por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los avances de este proceso se deberán presentar en las sesiones 69 y 70 de la CND; es decir, en 2026 y 2027.
En palabras de la Embajadora Laura Gil:
“Colombia suministra menos del 5% del mercado ilegal de drogas, aun así no estamos orgullosos de esta situación, pero ¿por qué cada colombiano y colombiana siente que el problema mundial de las drogas reposa sobre sus hombros? Este panel es una invitación dentro del marco de las convenciones a repensarnos, para resaltar el significado del principio de responsabilidad común y compartida. Mi país ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que nos fue impuesta. Hemos pospuesto nuestro desarrollo, dedicando nuestros mejores hombres y mujeres y dedicando buena parte de nuestro presupuesto nacional a luchar contra el tráfico ilícito. Queremos nuevas maneras, más efectivas de implementar el régimen global. Esto no tiene por qué ser una confrontación entre nosotros, los miembros de la CND, sino una manifestación de nuestro compromiso contra la delincuencia transnacional”.
Es positivo que el panel incluya personas expertas ajenas al ámbito de Viena. Gran parte del estancamiento de la discusión global sobre drogas está mediado por lo cerrado que es este espacio a nutrirse de las visiones de otras de agencias de Naciones Unidas fuera de su órbita, que traen la experticia sobre salud pública, VIH, paz, seguridad, desarrollo sostenible, género, entre otras.
Este proceso abre la puerta a que el sistema deje de ser juez y parte, y haya un examen externo sobre sus limitaciones. Ahora bien, nos preocupa que el mandato del panel esté circunscrito al marco de las obligaciones de los tratados. Precisamente la meta que plantean de “eliminar la oferta de drogas” es una meta inalcanzable e, inclusive, indeseable.
¿Y ahora qué sigue?
Para lo que viene, es importante que se asegure una financiación diversa al panel, con aportes de Estados que permitan un balance regional y de visiones, perspectivas y experticias. También, que el proceso de selección de los expertos sea transparente y permita la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas.
Después de muchos años en que la CND, en su parálisis inducida por consenso, corría el riesgo de volverse un espacio irrelevante y obsoleto, el proceso liderado por Colombia oxigena la Comisión y abre una oportunidad histórica para forjar un cambio.
Este artículo se publicó originalmente el 18 de marzo de 2025 en Dejusticia.
