El 15 y 16 de junio, el DJ de música electrónica, Hernán Cattaneo, se presentó en el Forja Arena de la ciudad de Córdoba. La organización del evento se realizó en conjunto entre el complejo, el artista y la productora, Buenas Noches Producciones (BNP).
Alejandra Mara Pereyra había asistido con su novio y debió ser atendida luego de descompensarse en la fiesta. La madrugada del lunes 17 de junio falleció en el Hospital de Urgencias, a causa de un fallo multisistémico. Aunque se esperan las pericias toxicológicas, su pareja declaró que consumieron una pastilla de éxtasis antes de ingresar a la fiesta. Otras 28 personas debieron ser asistidas por intoxicaciones.
Durante ambas noches, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba realizó, con ayuda de perros adiestrados, al menos 83 procedimientos donde se secuestró pastillas de éxtasis, cocaína, marihuana, tusi, ketamina y popper. Se desconoce si las incautaciones fueron dentro del establecimiento o en el exterior.
La fiscalía a cargo del caso busca al vendedor de la pastilla, los organizadores de la fiesta se des-responsabiliza pidiendo más conciencia a las personas asistentes y, nosotrxs, repensamos los abordajes posibles teniendo como punto de partida que las personas usan drogas.
El escenario
F. es abogado, viajó a Córdoba desde Buenos Aires para asistir al evento. Cuenta que la organización fue muy prolija, los puestos de hidratación funcionaron bien y el espacio era amplio. Pero algo faltaba.
El procedimiento de la policía durante el ingreso incluyó tirar todo lo sospechoso o prohibido y, en el caso de quienes accedían al VIP, darles la posibilidad de guardar los objetos en un locker y retirarlos al finalizar el evento. Los mingitorios de los baños VIP estuvieron custodiados por fuerzas de seguridad que controlaban la no venta y el no consumo de drogas ilegalizadas. En el campo, un grupo de amigos de F. dice que policías circulaban vestidos de civil apagando porros que se encendían y vigilando para mantener todo bajo su control.
Los días previos a la presentación, los organizadores anunciaron a través de sus redes sociales la prohibición de ingreso con paquetes de golosinas o tabaco abiertos, encendedores, vaporizadores, cigarrillos electrónicos, gotas o colirios, “Reprocan” y sustancias ilegalizadas, entre otras cosas.
A. es administrador y participa como DJ en eventos nocturnos. Viajó desde Bahía Blanca y lo primero que destaca es el momento en el que una chica fue asistida por su grupo de amigos y el personal de la organización a la vez que las luces láser apuntaban en dirección al puesto de salud. Todo sucedió en pocos minutos, la sacaron y la trasladaron en ambulancia. A diferencia de años anteriores, esta vez notó mayor presencia de fuerzas de seguridad, no sólo en el complejo sino también en los alrededores.
A. menciona algo más: trataron de abordar el consumo de drogas con la fuerza de la policía. La productora hizo mucho énfasis en no estar a cargo de los afteres que se organizaran para después y, de hecho, muchos de ellos fueron cancelados.
J. fue desde La Plata, dice que aunque había controles exhaustivos, su ingreso fue tranquilo, aunque notó a la policía realizando controles de manera muy exhaustiva a quienes apartaban. En los tres controles previos al ingreso, cuenta que el control para su caso fue normal. El agua tenía un precio de $3.500 pero garantizaban puestos de hidratación para recargarla.
Aunque en la narrativa de lxs entrevistados mencionados se entiende que el desarrollo del evento se dio con “normalidad”, la presencia y control de fuerzas de seguridad puede resultar contraproducente: las personas usuarias de drogas pueden optar por consumir la totalidad de la sustancia antes de ser cacheadas o por descartarla y comprar dentro del establecimiento.
Los cacheos exhaustivos ponen en riesgo la vida de lxs asistentes. Se incrementan las chances intoxicaciones y/o sobredosificaciones. Por un lado, por no tener la posibilidad de dosificar la droga a lo largo de la noche y, por el otro, por no conocer la fuente de donde proviene la sustancia en caso de comprarla dentro.
En los relatos no aparece lo que faltó. Pareciera aceptarse que las productoras no realicen acciones de reducción de riesgos y daños sobre el uso de sustancias ilegalizadas, ya que no se refirieron a ello hasta ser consultadxs. Sólo podemos reconocer la instalación de un dispositivo de salud y emergencias, que actuó con velocidad cuando fue necesario.
Buenas Noches Producciones se presenta como una compañía líder en producción de eventos masivos de música electrónica. Tiene casi 25 años de trayectoria como organizadora en Argentina y en el exterior. El día previo a la presentación de Cattaneo, organizó junto a la Universidad SIGLO 21, el Open Day, una jornada de charlas, conferencias y diferentes actividades abiertas al público. No hubo charlas vinculadas al consumo de sustancias, aunque en su web hablan de “impulsar hábitos saludables y cambios positivos en la comunidad”. Respecto a salud y prevención, dicen en su web: “el bienestar de nuestra comunidad es prioridad. Asumimos en cada show el compromiso de generar conciencia en el público a través de distintos mensajes y recomendaciones orientados a una diversión responsable y sana”.
Los mensajes y recomendaciones de BNP llaman a no consumir “sustancias tóxicas”, no se amplía información al respecto. No deja de llamar la atención que, pese al supuesto interés de “cuidar la salud y el bienestar” de su público, repiten los mismos errores. El 23 de julio de 2016, Tania Abrile de 38 años falleció luego de consumir éxtasis en una fiesta electrónica organizada por BNP.
Sus responsables, están acusados de “facilitación de lugar para el consumo de estupefacientes y homicidio culposo”. Tania no recibió la adecuada atención inmediata al momento de la descompensación. También está acusado de homicidio doloso Héctor Barreto, un falso médico que la atendió en emergencias.
El juicio está pautado para el 1° de noviembre en la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba. Pablo Daniel Rielo, de 35 años, también falleció tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica realizada en Forja Arena y organizada por BNP en diciembre de 2017. Pablo salió solo del establecimiento para tomar aire cuando empezó a sentirse mal. BNP fue denunciada por abandono de persona.
Diversas estadísticas nacionales e internacionales reflejan que las personas consumen éxtasis y otras sustancias ilegalizadas en contextos de fiestas electrónicas. El Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2024 indica que, a nivel global, 20 millones de personas consumen éxtasis. Además, el informe señala que el uso de drogas sigue en aumento, con 292 millones de personas usuarias en todo el mundo.
El artículo “Seguridad de Drogas en Festivales Electrónicos” publicado en abril de este año por Innerbody refleja que el 87% de las personas asistentes a fiestas planean consumir alguna droga ilegalizada. La muestra se basa en una encuesta realizada a 900 asistentes a festivales de música y también arroja que 3 de cada 5 de las personas encuestadas afirman haber comprado drogas en los eventos en lugar de comprarlas previamente.
Un estudio realizado con 1345 personas asistentes a fiestas electrónicas en Bélgica (2023), reveló que el 52,8% de los participantes había consumido éxtasis/MDMA/Molly, el 53,58% otros alucinógenos sintéticos, el 42,13% ketamina, el 40,45% anfetaminas y el 32,76% poppers. Aunque no hay datos específicos recientes sobre la prevalencia de consumo de estas sustancias en Argentina, estos números reflejan una tendencia global.
En los últimos 15 años distintos organismos internacionales, y con mucho más énfasis en la última Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (2024), han reconocido la importancia de la implementación de políticas de reducción de riesgos y daños con un abordaje de salud y derechos humanos. En Argentina tenemos algunas leyes y ordenanzas que -con muchas limitaciones- avalan estos abordajes, pero igual la organización de este evento optó por seguir con las lógicas prohibicionistas, llenando el predio de policías.
Avances y retrocesos
En los últimos años distintas organizaciones vinculadas a la política de drogas nos hemos visto en la obligación -desgastante y persistente- de reclamar por cambios en los abordajes de los consumos de sustancias en general y de aquellos que se dan en los escenarios de fiestas electrónicas en particular.
Desde la tragedia de Time Warp en Costa Salguero (abril, 2016), donde cinco jóvenes murieron, tras consumir éxtasis en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, desinformados y sin profesionales de la salud especializados en abordajes de consumos ni emergentología, pasando por otras muertes en contextos similares: Tania Abrile (julio, 2016), Pablo Daniel Rielo (diciembre, 2017), Franco Odorisio (mayo, 2023), Florencia Yturrioz (enero, 2024) hasta hoy, reclamando lo mismo por Alejandra Mara Pereyra (junio, 2024). Mencionamos sólo algunos casos, y es lamentable que tres de estas muertes se dieron en el marco de fiestas organizadas por Buenas Noches Producciones.
El ser humano hace uso de sustancias psicoactivas legales o ilegalizadas desde, por lo menos, 5.000 años atrás con el fin de modificar de alguna manera su estado de conciencia. En algunos casos se realizaba como uso ritual, en otros para aliviar dolencias y también como búsqueda de placer.
La reducción de riesgos y daños aparece como una política de aceptación y tolerancia cuando los intentos por prevenir y asistir los usos de algunas drogas fracasaron. Se acepta que la sociedad consume y se activa una batería de acciones posibles para que disminuya el impacto negativo que pueda producir el consumo en una persona y en la sociedad. Estas acciones van desde informar, educar sobre los efectos y modos de administración de las drogas, brindar recomendaciones, establecer puestos de salud y acompañamiento en eventos nocturnos, garantizar el acceso gratuito al agua potable, hasta el testeo de sustancias. En todos los casos, este modelo promueve abordajes pragmáticos y basados en más reciente evidencia científica.
La aplicación de políticas de reducción de riesgos y daños en los consumos de drogas es un derecho y, si tenemos en cuenta los daños generados por las políticas actuales, es urgente. En lo teórico, hemos tenido algunos avances, por ejemplo, en 2010, se sancionó la Ley de Salud Mental y Adicciones 26.657 la cual promueve en su Decreto Reglamentario 603/13 Art. 4° la inclusión a los servicios de salud de “toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados”.
En 2014, se aprobó la Ley 26.934 de Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP). Su artículo 10 motiva la aplicación de todas “aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”. Pero esta ley no fue reglamentada y sigue sin aplicarse.
En el 2023, se aprobó en la provincia de Buenos Aires la Ley 15.439 que establece la obligatoriedad de provisión de agua potable en eventos, bares, restaurantes y locales bailables. El agua es entendida como un derecho, sobre todo, sabiendo la necesidad de mantener el cuerpo hidratado cuando se consumen sustancias psicoactivas y cuando algunas organizaciones de eventos buscan lucrar también con su venta.
Reducción de riesgos y daños
Para profundizar en la reducción de riesgos y daños, hablamos con Patricio Liddle, Lic. en Economía (UNQ), periodista especializado en cannabis y psicodélicos y también militante por los derechos de las personas usuarias de drogas en la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños de Argentina (ARDA) que, “más allá de ser profesionales”, está compuesta por “personas usuarias de drogas” que se sienten parte de ese colectivo por lo que “cada vez que muere alguien de nuestro colectivo, nos sentimos sumamente movilizados, y con bronca porque es un deja vú”.
“Las muertes en pistas electrónicas, son una cosa a cuentagotas, que va sumando muertos y muertos con la característica distintiva de que son muertes evitables, básicamente por políticas públicas”
A diferencia de otras tragedias, “las muertes en pistas electrónicas, son una cosa a cuentagotas, que va sumando muertos y muertos con la característica distintiva de que son muertes evitables, básicamente por políticas públicas; evitables por el hecho de que son consecuencia de políticas públicas que son obscenas”.
Las políticas públicas de nuestro país continúan respondiendo a las lógicas prohibicionistas -persecución de la oferta y demanda de sustancias ilegalizadas-, y abstencionistas – el no consumo como única respuesta-. Estos paradigmas desatan una serie de leyes y lógicas de control que, como dice Patricio, “hoy son la razón directa de las muertes” de las personas que usan drogas, pero “nadie señala a los políticos o funcionarios que durante décadas promovieron esas políticas que matan gente y esas personas no están respondiendo”.
“Hay que poner el foco en las personas y no en las drogas, hay que ver cuál es el contexto y los distintos factores que afectan al consumo de droga”, por eso, partiendo de que las personas consumen drogas “la reducción de daños es el paradigma científico que hoy en día le está haciendo un peso contrahegemónico al prohibicionismo-abstencionismo que es hoy en día el gran paradigma que domina y que irradia al resto de las ciencias desde su visión centrada en la moral y centrada en las sustancias”.
Este abordaje de los consumos “evalúa toda multiplicidad de factores y complejiza la situación que de alguna manera el prohibicionismo y el abstencionismo plantea como una cosa binaria de criminales-drogadictos, genera binomios indiscutibles que la reducción de daños complejiza mucho más y te da un montón de escenarios más útiles para poder abordar la realidad de una manera más pragmática”.
ARDA trabaja en espacios de nocturnidad y fue la primera organización en testear sustancias en latinoamérica, pero “entre la multiplicidad de maneras en las que se puede intervenir” desde este paradigma, se incluyen también otros espacios como “el sistema de salud, sindicatos, empresas, escuelas, universidades, cualquier lugar donde haya uso de drogas ahí puede haber una estrategia de reducción de daños”.
En Argentina, la Ley 23.737 prohíbe difundir públicamente el uso de estupefacientes, impartir información sobre producción, fabricación, elaboración o uso, y la explicación detallada de los modos de empleo de drogas ilegalizadas a través de medios de comunicación. Las pruebas colorimétricas de sustancias, que dan un panorama cualitativo y rápido respecto a la presencia o ausencia de la droga deseada y de posibles adulterantes, es una acción que le da a las personas la posibilidad de optar o no por consumir la sustancia testeada y evitar riesgos.
El testeo también se encuentra limitado por la Ley de Drogas, siendo los reactivos necesarios para su realización fuertemente controlados. Las prácticas de ARDA y de todas aquellas organizaciones que promueven estos abordajes, se realizan asumiendo la exposición que implica ir contra la ley haciendo que quienes trabajan en reducción de daños corran el riesgo de caer en el delito de apología y deban trabajar aún hoy “en un marco de la clandestinidad”.
Al trabajar de esta manera y con un gobierno que busca destruir cualquier posibilidad de realizar políticas públicas, en ARDA “no solamente reforzamos nuestro esquema de seguridad interno sino también, alertamos a las personas usuarias de drogas desde nuestro trabajo de reducción de daños de que es un momento difícil y peligroso para usar drogas y, principalmente, insistimos mucho en el cuidarnos entre todos”.
Lejos de las posibilidades que brindan las acciones de reducción de daños, las redes sociales oficiales de Buenas Noches Producciones y de Forja Arena, instan a no consumir “sustancias tóxicas” y a eso lo incluyen en una categoría de “prevención” entre sus historias de Instagram.
Impulsar prácticas abstencionistas y prohibicionistas es apelar una y otra vez a abordajes del consumo que han demostrado su absoluto fracaso en los últimos 53 años, desde que Nixon declaró la “Guerra contra las Drogas”. Buscan generar responsabilidad y conciencia negando una práctica de consumo, popularizada en estos espacios de nocturnidad desde los últimos 30 años. La ausencia de abordajes estatales anclados en la salud y en el derecho de las personas usuarias, la limitada condición legal para abordajes de reducción de riesgos y daños, la criminalización y persecución de lxs consumidores a través de la Ley de Drogas de Argentina, sumado a la desinformación propiciada tanto por medios de comunicación como por la productora, en este caso, construyen un escenario que no sólo no aporta a mejorar estos contextos, sino que entorpece cualquier accionar de cuidado y promoción de la salud posible.
A través de un comunicado, BNP lamentó un nuevo fallecimiento y pidió conciencia y responsabilidad a sus seguidores: la culpa se individualiza, el foco cae sobre la persona que decidió consumir, sobre su entorno y sobre el vendedor. Los organizadores no asumen prácticas de cuidado colectivo y recaen en la persecución y el control policial como supuesto garante de la salud.
Cuidarnos entre todxs
Como se dijo antes, distintas organizaciones de drogas y Derechos Humanos -como RESET, ARDA, Intercambios, Con.Sumo.Cuidado, Vuelo Controlado, entre otras-, promovemos y exigimos la aplicación de medidas de reducción de riesgos y daños.
Para ampliar la mirada, sería interesante pensar en la responsabilidad colectiva de los casos de consumos problemáticos de drogas, seguidos o no de muertes. Colectiva porque entendemos al consumo de sustancias como una práctica social y cultural que debe ser abordada junto a todos los actores intervinientes, teniendo en cuenta los distintos condicionantes que atraviesan dicha práctica.
La prohibición de algunas drogas limitó los estudio sobre sus usos y efectos dando lugar a un vacío lleno de falsas suposiciones que pudo sortearse con la información recabada por las mismas personas usuarias que decidían compartir sus experiencias con el fin de proteger a otrxs. Afortunadamente, en las últimas décadas los estudios sobre drogas empiezan a aparecer y nos ofrecen mayores certidumbres en base a la evidencia.
Hoy lo indispensable “es cuidar a tus amigxs”, “la mayoría de las atenciones de emergencias que estamos teniendo es por pibes que su grupo de amigos los abandona”.
Como plantea Patricio para el contexto que nos atraviesa, hoy lo indispensable “es cuidar a tus amigxs”, “la mayoría de las atenciones de emergencias que estamos teniendo es por pibes que su grupo de amigos los abandona. Son pibes que fueron a salir con un grupo de amigos y que están teniendo algún tipo de emergencia y su grupo está bailando. Hay una desconexión fuerte con todo lo que está pasando, no es para acusar a la juventud de nada, sino simplemente para decir que la crisis hoy en día está generando un nivel de desgaste social en un montón de sentidos que hacen que hoy tengamos que cuidarnos mucho, si somos personas que usamos drogas y tenemos amigos que usan drogas tenemos que cuidarlos mucho y más en la noche”.
A lo largo de la historia de la prohibición, las personas usuarias o con intención de consumir alguna droga, construimos una cultura de cuidado recabando información y dando recomendaciones basadas en la incipiente evidencia y en las propias experiencias, cuando los marcos legales y regulatorios nos indicaban (y aún indican) lo contrario.
La falta de presupuesto para aplicar efectivamente la Ley de Salud Mental, la no modificación de la Ley 23.737 pese a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Arriola de 2009, hasta el rol de las productoras en este entramado, forma parte de “una cadena de responsabilidades enorme, dentro de ese marco de reglas que pone el Estado”, entonces “cuidarnos entre todxs es la única bandera posible que le queda hoy a las personas que usan drogas frente a toda esa cadena de violencias que se va sumando y que tiene como último eslabón a las personas usuarias de drogas”, remarca el integrante de ARDA.
La responsabilidad de cada uno de los roles que forman parte de este escenario de consumo debería pensarse colectiva y también jerárquicamente: el estado, las instituciones-organizaciones y las personas. Son las instituciones y, para el caso, las productoras, las encargadas de brindar toda la información basada en evidencia científica que tengan a su alcance. Son ellas las que conocen a su público y las que deberían garantizar todas las acciones posibles para reducir cualquier riesgo o daño que pueda darse en sus eventos.
En esta cadena de responsabilidades, “las productoras no son todas lo mismo”, pese a que en algunos casos exista como común denominador alguna muerte por consumo de sustancias la base de responsabilidad es, en primera instancia, el marco prohibicionista en el que estamos inmersos. Patricio reconoce que hay productoras, del under en general, que vienen apostando y abriendo sus puertas a la reducción de riesgos y daños, que “nos generan las condiciones de seguridad como organización para poder desarrollar el trabajo tranquilos” -entre ellas, Heiss, 999 y FaGot-. Pero también están aquellas que “son cómplices totales de toda la violencia que vos te puedas imaginar, de toda la cadena de violencia para arriba”, por ejemplo, quitando las sustancias a las personas al ingresar a sus eventos o vendiendo más entradas de las permitidas por el aforo.
Por último, el actor fundamental de esta responsabilidad colectiva, que podría llevarnos un artículo entero, es el estado. El que debe hacerse cargo de implementar políticas públicas de abordaje de los consumos con una mirada en la reducción de riesgos y daños que garantice los derechos de las personas usuarias y no que las criminalice, estigmatice y aleje cada día más de los espacios de salud como se vive hasta el momento. Por eso, frente a todas las condiciones inútiles de prohibición y negación a nuestros derechos, algunas personas encontramos en la desobediencia comunitaria una forma de cuidar nuestra salud y decidir sobre nuestros actos. Desobediencia porque, como vimos, debemos ir en contra de las leyes para compartir información, para reconocer y educar sobre los consumos de drogas, para acompañar a quienes deciden consumirlas y para construir puentes de salud entre el placer y lo prohibido. Lo que queda “es cuidarnos entre todos y generar redes comunitarias y redes de cuidados y redes de un montón de tipos distintos que tienen como común denominador la reducción de daños”.
*Dalila Tealdi es Lic. en Comunicación Social (UNLP) e integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos.
