Ailin tiene 32 años, es de la localidad de Plottier, provincia de Neuquén y cultiva cannabis para autoabastecerse ella y a su familia. Además es activista e integrante del colectivo Mujeres y Cannabis en Argentina, y desde hace un año y medio subsiste gracias a su tienda virtual autogestiva: Flor del Sur Grow.
El miércoles 16 de junio por la mañana sufrió un allanamiento en su domicilio perpetrado por Gendarmería Nacional. Mediante una orden judicial del Juzgado N°1 de Neuquén, firmada por el Juez Gustavo Villanueva (conocido por sus órdenes de represión al pueblo mapuche). Ailín fue acusada por “presunta venta de estupefacientes”. En este caso específico, se buscaba un cultivo de marihuana.
Sorpresivamente, según cuenta la cultivadora, “la Gendarmería procedió con un accionar bastante tranquilo, dentro de todo respetuoso, sin ningún tipo de violencia verbal ni física. La situación fue dentro de todo bastante llevadera”.
En el domicilio de Ailín se encontraron 8 plantas de cannabis en floración y 14 plantines de esquejes. También tenía semillas de producción propia y 3.8 gramos de flores secas. Además, se llevaron los productos que la cultivadora tenía de stock en su tienda virtual. “Se llevaron todos los productos del grow por un valor estimado de ciento veinte mil pesos. Me dejaron sin salida laboral. Ahora no puedo generar ingresos de ningún tipo para mi familia porque se llevaron todo mi material de trabajo”, manifestó la dueña de Flor del Sur Grow.
Sobre esta cuestión, la activista Gisela Moreira, integrante del colectivo Psiconautas y de Mujeres y Cannabis en Argentina, quien se presentó como abogada defensora de Ailín, cuenta que durante el procedimiento debatió con uno de los gendarmes sobre la posibilidad de que no se lleven la mercadería, que constaba en facturas, justamente porque no eran elementos ilegales, sino que se podían encontrar en cualquier otro lugar. “Les dije que si ellos estaban investigando la venta de estupefacientes, el secuestro de esos elementos no tenía ningún sentido porque tampoco iban a poder corroborar si dentro de eso había estupefacientes o no”, completó Gisela.
Y remató explicando que “los allanamientos tienen diferentes tipos de requisitos para que sean legales. Sin embargo, la contestación que recibí por parte de ellos fue ‘nosotros estamos cumpliendo órdenes’, poniendo la obediencia debida como una norma fundamental y sin poder racionalizar que ellos como funcionarios públicos, estaban haciendo algo que no era racional. Eso es lo que se pide en cualquier situación para determinar la legalidad o no de los hechos”.
El fantasma de la denuncia anónima
En muchos casos, se ha visto que el modus operandi para llevar adelante un allanamiento suele ser la aparición de una supuesta denuncia anónima. Esta vez, la denuncia que dio origen al allanamiento también fue anónima, pero según comentó la abogada defensora “en principio la orden de allanamiento no vislumbraba ninguna prueba ni evidencia que pudiera corroborar al menos algún límite de esta denuncia”.
Y amplió detallando que “la situación de ayer fue realmente un atropello, porque estas denuncias anónimas en general tienen un gran valor de inconstitucionalidad. Esto se explica en que no hay forma de saber quiénes son las personas que realizan las denuncias y tampoco hay chance de comprobar si hay algún tipo de persecución de otra índole, enmascarada en esa denuncia anónima. Además, el principio de inocencia se estaría violentando, porque antes de saber o de corroborar algo, las fuerzas de seguridad proceden a violentar una propiedad privada, cuando en realidad la violación de una propiedad privada de parte del estado siempre debiera ser excepcional”.
Luego de varios intentos Gisela cuenta que logró comunicarse con la Secretaria de Juzgado, Nuria Mastronardi, para mencionarle que Ailin contaba con toda la documentación de inscripción en el REPROCANN y que esto invalidaba el allanamiento porque ahora hay diferentes directrices del Ministerio de Seguridad. Además la misma reglamentación de la ley N°27.350 determina que si hay una persona que está registrada no se debe proceder con el allanamiento, ni la identificación, ni el inicio de una causa.
Sin embargo, desde el juzgado consideraban que estar con el trámite de REPROCANN iniciado no alcanzaba, pero no porque faltaba completar el trámite por completo. Concretamente le dijeron que “eso no iba a impedir que el procedimiento se realice y tampoco el secuestro de todas las cosas”.
“Esto realmente preocupa porque la misma justicia está incumpliendo una legislación, una reglamentación e inclusive resoluciones propias del Ministerio de Seguridad Nacional, con respecto al REPROCANN. No sabemos si es por falta de conocimiento o qué, pero cuando le mencioné el registro nacional al parecer ni la Gendarmería ni la propia Secretaria de Juzgado conocían este registro o la legislación vigente. Buscamos hacer un llamado de atención a la justicia y a los funcionarios públicos, que tienen la obligación de conocer todas las leyes y aplicarlas en consonancia” explicó sobre este tema Gisela Moreira.
De hecho, los jueces tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia existente y de hacer una interpretación de la situación de los hechos. Considerando que no son meros aplicadores de las normas, sino que resuelven en función de su “buena fe” y de las leyes y la jurisprudencia con la que cuentan.
Sobre cómo sigue el caso, Ailín contó que “mañana viernes por la mañana seguramente nos estaremos presentando en el Juzgado N° 1 de la ciudad de Neuquén para hacer un descargo de todo lo sucedido y para pedir que me devuelvan todas mis cosas”.
“El procedimiento fue ilegal y en ese camino vamos a ir para solicitar la nulidad del caso. Esta situación se torna muy perjudicial para Ailín porque no solamente la estigmatiza en el lugar donde vive, sino también la estigmatiza ante la sociedad, porque la señala como una persona que está cometiendo un delito, cuando en realidad está cultivando su propia medicina. También afecta su derecho a la salud y de una manera discriminatoria, ya que hay una doble estigmatización por el género al cual pertenece” completó la abogada Moreira.
La respuesta del activismo
La noticia se dio a conocer a través de una cadena de Whatsapp que rápidamente se difundió entre Agrupaciones, ONGs, Growshops y cultivadorxs de todo el país. A las pocas horas, se realizó una acción virtual colectiva a la que adhirieron más de 100 organizaciones, en la que repudiaron el accionar de Gendarmería y del Juez Gustavo Villanueva, quien firmó la orden de allanamiento. El reclamo de la acción colectiva estuvo dirigido a la necesidad urgente de que las fuerzas de seguridad que cumplan debidamente con su trabajo: proteger a las personas y respetar sus derechos.
