El norte global atraviesa una crisis de sobredosis por el uso no médico de opioides sintéticos. El más difundido es el fentanilo fabricado ilegalmente, que ahora también representa un problema para ciudades fronterizas cómo Mexicali o Tijuana. Según la DEA a raíz del cierre del puerto de Wuhan en pandemia, los cárteles mexicanos son los principales proveedores de fentanilo de Estados Unidos.
En este contexto, estudios demuestran que las salas de consumo supervisado (SCS) de drogas disminuyen la cantidad de muertes por sobredosis y la transmisión de enfermedades que se producen por el uso de agujas no esterilizadas, como la hepatitis B, y C o el VIH. Son una alternativa efectiva que surge desde el paradigma de reducción de daños, pero las iniciativas implementadas en América Latina continúan en un gris legal.
La primera sala de este tipo nació en 1986 en Suiza, en un contexto donde 1 de cada 3 usuarixs de drogas inyectables presentaba VIH. Este primer dispositivo logró que 300 personas que se inyectaban en el parque Kocherpark de Berna tengan acceso a un espacio limpio y seguro junto con servicios sociosanitarios, mesas, sillas y material higiénico de inyección.
Aunque el proyecto tuvo que lidiar con una oposición en términos políticos, jurídicamente pudo demostrar que las salas de consumo supervisado no incentivan el consumo de drogas, sino que abordan el problema desde la salud priorizando la vida de las personas.
¿Qué ocurre dentro de una sala de consumo?
Por definición las SCS buscan atraer a poblaciones consumidoras que son difíciles de alcanzar, especialmente a grupos vulnerables y a quienes consumen drogas en la calle o en alguna otra condición riesgosa y/o antihigiénica.
Su objetivo principal es proporcionar espacios cuidados e higiénicos y enseñar a quienes acudan a consumir de forma más segura. De fondo, la estrategia busca reducir la morbilidad por transmisión de enfermedades y la mortalidad por sobredosis. Para esta última generalmente utilizan un medicamento llamado Naloxona.
Dentro de la sala se proporciona material estéril para inyección, materiales de prevención como preservativos y contenedores para objetos punzantes, o material para prevenir la quemazón en los casos de sustancias inhaladas. Pero no se trata sólo de un servicio instrumental sanitario.
También consiste en aportar de forma integral a mejorar las condiciones de vida de las personas usuarias de drogas, ya sea brindando servicios básicos como acceso a profesionales de la salud que lxs atiendan sin estigmatizarlxs, incidiendo políticamente o generando un espacio cuidado.
“A veces puede pasar que las personas simplemente quieran ir a estar recostados por un rato en un lugar seguro, porque hace dos días que no tienen donde dormir”, dijo Daniel Rojas, el coordinador de Proyecto Cambie que impulsó la primera sala en Colombia, en un webinario organizado por la organización Youth Rise.
Corriendo límites: la primera SCS en México y América Latina
México fue el primer país latinoamericano en implementar este tipo de instalaciones. La primera se llamó “La Sala” y fue inaugurada el 14 de noviembre de 2018 en Mexicali, Baja California. Fue impulsada por la organización Integración Social Verter A.C. Lourdes Angulo Corral, su co-fundadora y directora conversó con Mate sobre cómo empezó esta iniciativa.
“Verter nació en 2013 como una organización local conformada por un grupo interdisciplinario de personas que teníamos experiencia en trabajo comunitario y de reducción de daños y sobre todo, personas preocupadas por el contexto de la ciudad”, recordó Lourdes e hizo énfasis en que en ese momento no había un proyecto comunitario en Mexicali que trabaje estos temas desde la reducción de daños.
Frente a esa realidad, este grupo se reunió para dar continuidad a algunos programas que ya estaban llevando a cabo otras organizaciones que buscaban brindar soluciones diferentes a las que proponen las instituciones gubernamentales.
Y lo hicieron acompañando a las personas usuarias de drogas sin juzgarlas. “Trabajamos la reducción de daños en la frontera norte de México y lo hacemos con personas que consumen sustancias psicoactivas inyectadas. Lo que nos hace diferentes es que somos una mezcla, un modelo híbrido entre lo comunitario y lo médico”.
Lourdes aseguró que el foco está puesto en las necesidades de las personas y el trabajo se hace de forma comunitaria. “Las personas con experiencia de vida en el consumo de sustancias son parte fundamental de la estructura de Verter. Buscamos que la atención sea cálida y muy centrada en la persona, en sus necesidades”. Todas las personas que acompañan en la sala están capacitadas para atender una sobredosis, algo que, según cuenta la directora de Verter, es común que ocurra.
“Las personas con experiencia de vida en el consumo de sustancias son parte fundamental de la estructura de Verter. Buscamos que la atención sea cálida y muy centrada en la persona, en sus necesidades”.
“Quienes supervisamos o acompañamos el ciclo de consumo podemos ser tanto personas médicas o enfermeras, como personas pares que son parte de la comunidad. Es decir: personas consumidoras que obviamente están capacitadas”, señaló Lourdes.
Más allá de los insumos, tanto para uso de sustancias inyectadas como fumadas u otras vías de consumo, en La Sala garantizan atención médica a través de consultas o curación de heridas y brindan agua, bebidas hidratantes o suero en verano por las altas temperaturas.
Buscan generar un espacio confiable, y en el caso de las mujeres, un espacio seguro. Sus programas tienen perspectiva de género y promueven servicios diferenciados para mujeres y para varones. “Nos parece muy importante garantizarlo porque muchas veces las feminidades no se sienten cómodas en espacios que son muy masculinizados y eso genera barreras de acceso a los servicios de salud o de reducción de daños”.
Lxs integrantes de Verter hacen una apuesta importante: la incidencia política. “Regularmente hablamos de ciertos temas en la agenda pública, criticamos programas gubernamentales y la actuación de las personas tomadoras de decisiones cuando es necesario”, señaló y recordó que “en 2018 cuando iniciamos este proyecto, nos preguntaban por qué habíamos hecho pública la inauguración de la sala y para nosotros se trata precisamente de eso”.
La visibilización pública de la inauguración fue un acto político, pero hizo que el ayuntamiento de Mexicali clausure La Sala. “Justamente, para nosotros era importante que las personas conocieran este espacio, que las instituciones supieran que existe, que los medios de comunicación nos dieran a conocer como un servicio que debe ser ofrecido para las personas. Decidimos tomar ese riesgo”, remarcó.
La clausura duró 6 meses, pero al poner el tema en agenda abrieron la puerta para que otras organizaciones se animen a iniciar un proceso similar. “Regularmente no esperamos a que se den las condiciones políticas o reglamentarias para ofrecer ciertos servicios. Lo hacemos igual con la intención de que a raíz de eso se motoricen algunas cosas”.
Salas de consumo supervisado en Colombia
Ya en el año 2014, la Corporación Acción Técnica Social creó en Colombia el primer programa de intercambio y dispensación de material higiénico de inyección, que funcionó en Cali, Medellín, Pereira Dosquebradas y Bogotá. Esa fue la primera fase de “Proyecto Cambie”, que posteriormente asumió el desafío de instalar un Dispositivo de Base Comunitaria. La segunda fase inició en 2022 con una apuesta más vanguardista, con más cantidad de servicios y estructurados de acuerdo a las necesidades de la población.
El 27 de junio de 2023 el dispositivo de Proyecto Cambie abrió sus puertas a la comunidad con un modelo de atención basado en experiencias exitosas de SCS de Canadá y México y teniendo como premisa la metodología de pares. Esto permitió adaptar las estrategias a las características del territorio y establecer vínculos de apoyo que aumentan la adherencia al programa.
Mate conversó con Daniel Rojas, coordinador de Proyecto Cambie, sobre las diferencias que existen entre las SCS de Latinoamérica y las de Europa. “Aunque suene a una obviedad, la diferencia está determinada por las características contextuales del territorio. Son muy distintas las condiciones político-sociales, culturales y de seguridad que presentan los usuarios de drogas inyectables en Latinoamérica, frente a los de Canadá, Países Bajos, Alemania, entre otros”, remarcó.
“Quienes estuvimos involucrados en el diseño, implementación y coordinación de estos espacios tuvimos que hacer una lectura de estas necesidades contextuales y especialmente de estos factores estructurales que marcan vulnerabilidades significativas en los usuarios. Empezando por necesidades básicas y escenarios de extrema violencia”, detalló Rojas.
En Proyecto Cambie disponen de todos los servicios para atender las necesidades que tendría cualquier usuario de drogas inyectables en cualquier parte del mundo. Sin embargo la apuesta que hacen a nivel psicosocial y de atención a las vulnerabilidades, es lo que marca la diferencia.
Daniel aseguró que “esta forma de trabajo ha sido fundamental desde el diseño, la implementación, la ubicación del lugar, donde tener presente a los pares nos permitió saber de primera mano cuáles son sus necesidades para analizar qué cuestiones generan adherencia al programa”.
Aumentar la efectividad resulta clave en una población donde cuesta mucho sostener la asistencia de personas usuarias. “El trabajo entre pares nos permite generar vínculos afectivos y de confianza que nos configuran como una verdadera red de apoyo. Y aunque en otras partes del mundo las SCS pueden tener en cuenta los pares, para nosotros tienen un rol muy protagónico ya que es por ellos y para ellos que se que se hace esto”. Incluso el hecho de que sean los propios usuarixs de drogas lxs que operan en el dispositivo colabora con transformar la narrativa clásica que asocia las SCS únicamente con lo sanitario.
“El trabajo entre pares nos permite generar vínculos afectivos y de confianza que nos configuran como una verdadera red de apoyo”.
“Precisamente otra de las cosas que hacemos teniendo en cuenta el contexto es priorizar la gestión de barreras de acceso a tratamiento y servicios, inclusive los más básicos, como refugio u hogares, gestión de los documentos para las personas migrantes, acceso a obras sociales, entre otras”, aclaró Rojas y enfatizó que el objetivo de fondo es impactar en las condiciones psicosociales de alta vulnerabilidad que presentan lxs usuarixs en el contexto donde se sitúa la sala.
A su vez, desde Cambie reconocen que es muy diferente la implementación de este dispositivo en Bogotá, en Cali o en cualquier otro lugar porque, nuevamente, lo que definirá las necesidades de una SCS está muy determinado por el contexto, y los deseos y características de la población usuaria.
Al igual que Verter, Proyecto Cambie tiene una pata de incidencia política que desde el principio fue muy amplia. En este momento trabajan haciendo asesoramiento a instituciones como el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, que están creando los lineamientos para regular estatalmente las salas de consumo supervisado.
Estadísticas, una deuda histórica
Uno de los pilares fundamentales que diferencia al paradigma de reducción de daños de la prohibición es que está basado en evidencia científica. Y las políticas prohibicionistas no hacen grandes esfuerzos por generar datos. De cara a esta deuda histórica del estado, Proyecto Cambie lanzó un informe que sistematiza datos sobre las SCS.
Sobre esto, Daniel contó que “una de las críticas férreas que siempre hemos hecho a la institucionalidad es la brecha inmensa de conocimiento que hay entre las intervenciones que se buscan implementar y la población usuaria. Sea por falta de tiempo, porque no tienen en cuenta a pares o porque el modelo se basa en muchos estigmas y desinformación”.
En ese sentido sostuvo que “precisamente buscamos sistematizar información y generar mucha evidencia para que se tenga en cuenta al momento de pensar estrategias y para pensar el futuro de estos dispositivos de una manera mucho más formal y con mucha más solidez”. El objetivo de fondo es que lo que se plantee como estrategia esté en sintonía con las necesidades reales de las personas usuarias.
En cuanto a las sustancias más consumidas en el territorio donde se sitúa la sala, el informe de Cambie asegura que más de 91% de los usuarios consumen heroína, seguido de Speedball (la mezcla entre cocaína y heroína). La siguiente es cocaína, seguida de ketamina y un uso muy aislado de metanfetamina; todas por vía inyectada.
Cifras de Proyecto Cambie:
- Más de 2254 visitas a la sala para uso de inyección bajo supervisión.
- 14 sobredosis atendidas y revertidas (4 fuera del dispositivo).
- Desde hace 6 meses no se presentan episodios de sobredosis.
- Se entregaron más de 40.250 jeringas estériles para inyección de menor riesgo.
- Se brindaron más de 10.062 kits de material higiénico de inyección
- Se entregaron más de 142 dosis de naloxona en el ámbito comunitario.
- Se lograron recuperar más de 14.606 jeringas usadas entre el espacio público.
Por su parte, desde 2019 a 2021 Verter contabilizó 464 sobredosis en el municipio de Mexicali, pero durante los primeros nueve meses de 2022 contabilizaron otras 566. El informe de Proyecto Cambie recoge datos de Verter y afirma que la principal edad asociada a las sobredosis fue de 33,7 años, siendo el 80% hombres.
Las principales sustancias involucradas en La Sala fueron la heroína en un 93%, sedantes en un 21%, metanfetamina en un 16% y fentanilo en un 14%. Durante el periodo 2019-2021 distribuyeron 1286 dosis de Naloxona inyectable y 248 de Naloxona por vía nasal.
¿Cuál es el marco legal de las SCS?
Consultada sobre el marco legal en el que se encuadra La Sala en México, Lourdes explicó que “actualmente el funcionamiento se encuentra en un limbo legal. Es decir: no está regulada pero tampoco hay nada que la prohíba”. En este momento Verter está buscando obtener una certificación del programa de reducción de daños que están llevando adelante, lo que les permitiría incluir el sitio de consumo seguro y tenerlo dentro de un marco regulatorio.
El caso de Colombia es similar: no existe una normativa o lineamientos que regulen este tipo de espacios. “Nosotros nos encontramos en una zona gris, pero dentro del proceso institucional y técnico encontramos una figura que además se adapta mucho a las acciones que tenemos en territorio y a la definición que en esencia tienen los Dispositivos de Base Comunitaria. Cambie se define como un dispositivo de base comunitaria que funciona como una sala de consumo supervisado”, explicó Rojas al ser consultado sobre este tema.
Ese paraguas legal o administrativo se da a partir de una interpretación de la ley y en ese sentido Cambie se basa en diferentes lineamientos:
- Los que regulan los Dispositivos de Base Comunitaria del Ministerio de Salud establecidos en 2021.
- Los de intervención en población que se inyecta drogas que fueron establecidos en el marco de la Política Nacional de Drogas en 2016.
- Los que regulan el uso de Naloxona en el Espacio Comunitario, establecidos en 2016.
- La sentencia C-221 de 1994 donde la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo significativo que despenaliza el porte y consumo de drogas para uso personal. Allá se conoce como “la dosis mínima“.
Al no tener lineamientos propios, las SCS corren riesgo frente a la posibilidad de que llegue una administración más conservadora. Por otro lado, la zona gris genera alcances limitados frente a la implementación de algunos aspectos que podrían optimizar la operación y la eficacia en ciertas acciones.
“Un ejemplo de esto es que no podamos contar con oxígeno dentro del dispositivo, a pesar de que ha demostrado poder revertir sobredosis de forma segura, mucho más rápida y sin dolor para el usuario”, puntualizó Daniel y complementó explicando que esto ocurre porque el oxígeno en Colombia se considera un medicamento y los Dispositivos de Base Comunitaria no pueden tener medicamentos, a excepción de la Naloxona que tiene sus propios lineamientos.
Otro gran desafío que Rojas identificó fue la falta de financiamiento. “Esa es la principal debilidad de la reducción de daños. Actualmente contamos con financiamiento de cooperación internacional, pero la responsabilidad final es del gobierno, que además es quien debe garantizar una continuidad y permanencia en la intervención. Es un asunto de salud pública que es transversal a las diferentes vulnerabilidades de las personas”.
Ambas experiencias latinoamericanas están basadas en un modelo especializado que cuenta con un espacio limitado y lleva a cabo acciones muy concretas, aunque apuntan a un servicio de espectro más amplio. “Para nosotros es importante evolucionar hacia un modelo mucho más integrado, donde podamos contar con servicio de duchas, servicio de lavandería, un espacio psicosocial mucho más amplio, baños y otros aspectos que puedan atender las necesidades básicas de los usuarios”, aseguró Daniel de Proyecto Cambie.
