El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nro. 5 de San Isidro condenó a Emanuel Cambra, director de la comunidad terapéutica “Resiliencia” San Fernando, a 35 años de prisión, por los delitos de incendio doloso seguido de muerte cometida con dolo eventual, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas.
También fueron condenados Eliana Wawric (vicepresidente de “Resiliencia” y esposa de Cambra) a 25 años y Alejandra Machado (administrativa, ex esposa de Cambra) a 20 años, por los mismos delitos. Alejandro Merenzon (director de admisión) fue condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita, estafas y tenencia de armas. Mientras que el psiquiatra Andrés Samsolo y la psicóloga Alejandra General fueron absueltos por el beneficio de la duda.
Los hechos
El 22 de febrero de 2022, tras un incendio en esta comunidad terapéutica clandestina de Pilar, que no contaba con una habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuatro usuarios de drogas y del sistema de salud mental perdieron la vida. Eran Nicolás Ezequiel Bisbal (37), José Nahuel Castaño (22), Rodrigo Ariel Moreno (25) y Nicolás Claudio Ortiz (24).
Tres meses antes del incendio, en noviembre de 2021, ya había muerto Ezequiel Ibarra, ahogado en la pileta, tras tener un ataque de epilepsia. A pesar de esta muerte, la comunidad no fue clausurada por el Estado. Cambra, el director de la granja de rehabilitación, fue condenado también por el homicidio culposo de Ezequiel.
En la causa dos organizaciones fueron clave para esta condena: la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que fue particular damnificado institucional en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que a través de la Dra. Magalí Ledesma, representó a 3 de las familias víctimas de la comunidad terapéutica “Resiliencia” San Fernando.
Cuando inició el incendio, los cuatro jovenes murieron sin poder escapar del lugar. Como surge de las declaraciones, se sospecha que en algunos casos ni siquiera pudieron reaccionar por la cantidad de medicación que les habían dado.
“Estábamos escribiendo un taller y uno de los chicos dijo ‘fuego, fuego’. Algunos chicos empezaron a correr y yo estaba ahí y se prendió fuego un colchón en el pasillo que daba acceso a todas las piezas, y el machimbre había agarrado al toque. No se podía pasar, gritaban que querían salir, queríamos que nos abran la reja y no se podía (…) salimos nosotros, y ahí con cuatro muchachos más agarramos palos, hachas todo y empezamos a arrancar las ventanas para que salgan, quisimos sacar a los de la primera habitación y el fuego había tomado todo”, relató un sobreviviente durante el juicio.
Tanto la CPM como ARDA señalan los abusos de la comunidad terapéutica, que implementaba prácticamente secuestros para institucionalizar a las personas en situación de consumo problemático que ingresaban. Incluso, en el juicio se señaló que quienes administraban el lugar operaban como una asociación ilícita, captando personas vulnerables y generando ingresos a costa de sus familiares en un contexto de ausencia del Estado.
El hermano de una de las víctimas describió cómo fue su ingreso a la comunidad: “fueron agresivos, en ningún momento intentaron a hablarle, mi hermano se bajó del auto y lo empiezan a correr, para frenarlo le pegan un palazo al costado de la sien y lo desmayan. Yo tuve la impresión que mi hermano estaba en riesgo, veo que Rolo saca del auto una jeringa y un hombre de anteojos lo inyecta en la cola. Nos dicen que nos tranquilicemos, que era un calmante, que él iba a estar bien”.
Una condena histórica
“Los hacían trabajar embolsando leche en polvo que después se vendía”, cuenta el periodista de investigación Pablo Galfré, especialista en estas instituciones y director de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de ARDA.
“Pero esta comunidad no es la única que aplica la reducción a la servidumbre, es normal que los hagan limpiar, cocinar, pintar, hacer guardias de seguridad, medicar a sus compañeros; trabajos que le ahorran dinero a los dueños de las comunidades, plusvalía que generan los propios usuarios”, detalla Galfré, que también es autor del libro “Viaje al abismo de una comunidad terapéutica”.
Desde ARDA reclaman: “declarar la emergencia en el ámbito de las comunidades terapéuticas y exigimos al Estado que aplique los protocolos de investigación para violaciones a los DDHH y muertes dudosas en instituciones de salud mental. Tenemos un registro de más de 20 muertes que siguen impunes”.
El TOC 5, a su vez, pidió la “elevación de las actuaciones y la totalidad de lo producido en el debate al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para su conocimientos y efectos que podrían corresponderle”. Durante el juicio, se consideró a estas comunidades terapéuticas como “cárceles privadas”.
