La denominada lucha contra el narcotráfico ha encontrado en los medios de comunicación un aliado en la construcción de expectativas. Buenos trabajos periodísticos han generado rupturas en la connivencia entre Estado y narcotráfico que derivaron en causas judiciales emblemáticas.
En Paraná vivimos un momento histórico cuyo impacto fue el suficiente como para hacer temblar las cosas. Un intendente fue condenado por pertenecer a una banda narco tras corroborar su vinculación con uno de los referentes del tráfico de drogas de la ciudad: el puntero político Daniel “Tavi” Celis. Con una unidad municipal a disposición, Celis utilizaba camiones del servicio de recolección de basura —los que no tenían GPS— para mover la droga.
La causa conocida como Narcomunicipio puede ser un ejemplo del buen funcionamiento del sistema. Es decir: una investigación que descubre el aterrizaje de una avioneta con 300 kilos de prensado de marihuana, que encuentra nexos políticos y decide abrir otro expediente para probar todas las vinculaciones. Deriva en un juicio histórico —con un fuerte tratamiento mediático— que termina por condenar a punteros, distribuidores, jefes territoriales, policías y funcionarios políticos. Sin embargo, la causa también sirve como ejemplo de la desproporción que hay entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos.
Vínculos del narcotráfico y la política
El 30 de diciembre de 2019 el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná condenó a 26 personas en el juicio por narcotráfico más importante de la historia de la provincia. La causa había corroborado cómo un narcotraficante y puntero político de la zona Oeste de Paraná negociaba su droga y se valía de recursos logísticos del Estado para ponerla en circulación. Para eso, Daniel “Tavi” Celis había sellado un pacto con Sergio Fausto Varisco durante la campaña que lo consagró intendente en 2015.
El pacto era el siguiente: Celis daba aportes para el financiamiento de la campaña de Cambiemos Paraná y, a cambio, el puntero manejaría la Unidad Municipal N°2, una vez que Varisco asuma en el cargo.
Esto tomó estado público durante el desarrollo de la campaña por publicaciones de la revista ANÁLISIS, a partir de una investigación de Daniel Enz, que mostró detalles del acuerdo y de la circulación de droga en plenas recorridas barriales. En la publicación, una vecina denunció que repartían bolsas de cocaína en los actos de campaña y luego ratificó el testimonio ante la Justicia.
Ilustración de Adriel Radovitzky (@testigo.de.dali)
La investigación comenzó por un operativo que detectó el desembarco de 300 kilos de marihuana en los alrededores de Paraná. “Tavi” estaba preso pero comandaba el arribo con su hermano Miguel “Titi”, que estaba afuera de la cárcel. Celis estaba detenido por un asalto a una estancia de la familia Tulián, en un raro hecho que involucró al ex-titular de la Sociedad Rural de Diamante, Leandro Airaldi. El asalto era para poder pagar un cargamento de drogas.
El operativo de traslado de los 300 kilos de prensado que comandaba Celis, era un plan ya detectado por la Policía Federal. Fue por eso que luego de varios días de investigación previa, logró interceder en el momento justo en donde bajaban los paquetes de la avioneta y los cargaban en camionetas.
En ese expediente saltó el vínculo con la política. Escuchas telefónicas y otras pruebas advirtieron a los investigadores sobre el rol de Sergio Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira. Varisco selló el pacto en campaña y cumplió con su parte del acuerdo como intendente. En ese acuerdo fue clave Pablo Hernández, dirigente radical y vecino de Celis que había creado el Movimiento Vecinalista del Oeste. Bordeira era una funcionaria policial que devino en secretaria municipal de Seguridad cuando asumió Varisco, mientras que Hernández fue electo concejal.
Pero el juez federal Leandro Ríos no avanzó contra Varisco y compañía en ese primer expediente. A pesar de advertir los vínculos evidentes, decidió no avanzar. Eso cosechó críticas dentro y fuera de la justicia. Lo que no decía Ríos en ese momento es que la investigación continuaba en un segundo expediente.
Celis había cambiado de producto y adquirió desde la cárcel un cargamento de cocaína. Su interlocutora desde afuera era Luciana Lemos, su pareja, que manejaba el negocio bajo las órdenes de “Tavi” y operaba desde su propiedad. En uno de los mensajes entre la pareja, borrado pero recuperado por las pericias, Celis le decía a Lemos desde la Unidad Penal de Paraná: “X (por) fin una buena, arreglé con el intendente”.
En un anotador, Lemos (pareja de Celis) había anotado: “Varisco, Hernández, Bordeira y Gainza”. Al lado, una serie de valores que referían al kilaje de cocaína y sus destinatarios.
Además, el secuestro de una libreta de anotaciones de Lemos y su posterior colaboración a la Justicia fueron prueba clave para condenar a Varisco. En un anotador, Lemos había anotado: “Varisco, Hernández, Bordeira y Gainza”. Al lado, una serie de valores que referían al kilaje de cocaína y sus destinatarios. Gainza, reciente candidato a intendente, era concejal del Pro y la Justicia decidió liberarlo por falta de mérito. El joven dirigente logró borrar la información de su Iphone, que nunca se recuperó. Gainza siguió su carrera política y perdió por poco las elecciones para ser intendente el pasado 22 de octubre.
Aquel final de año Varisco ya había dejado de ser intendente y debió acudir una vez más a sede judicial. Cabe aclarar que el intendente nunca pidió licencia y atravesó el juicio en libertad, desde septiembre hasta el 10 de diciembre del 2019. Bordeira y Hernández tuvieron otra suerte: llegaron a juicio presos y así continuaron.
En una sede judicial más pequeña a la que se había desarrollado el juicio, con los abogados e imputados distribuidos en dos habitaciones diferentes y con la prensa local y nacional amontonada en un rincón, el Tribunal compuesto por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros condenó a Sergio Varisco a la pena de 6 años y medio de prisión, mientras que Bordeira y Hernández recibieron la pena de 5 años de cárcel. A Daniel “Tavi” Celis, lo condenaron a 13 años, aunque luego le unificaron las condenas con la causa previa por la que estaba detenido y los años fueron un par más. En total, hubo 26 condenas y 6 absoluciones. Lemos fue condenada a 4 años de prisión a pesar de que su defensa había solicitado la absolución por haber estado sometida a un vínculo de violencia de género.
Los abogados defensores recurrieron las condenas con argumentos procesales y políticos. Nunca lograron probar el “armado” de la causa por parte de Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, como denunciaban públicamente. Tampoco lograron el visto bueno de ninguna instancia judicial, a tal punto que en septiembre de este año la Corte Suprema de Justicia, compuesta por Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkratz, confirmó las condenas.
Durante el proceso, Varisco falleció bajo arresto domiciliario mientras que Hernández y Bordeira pagaron sus condenas pero ya no se los observa en las actividades políticas. Del total de 26 condenados, sólo hay dos detenidos en la actualidad: Daniel Tavi Celis y Wilber Figueroa Lagos, el que había proveído la cocaína. El último de los liberados fue Titi Celis, a quien le volvieron a conceder la libertad condicional hace un par de días.
Tiempo después de la condena, el juez que integró el Tribunal, Roberto López Arango, señaló: “El narcotráfico está metido en las instituciones, de alguna u otra manera lo vemos. Hay algunos lados donde es más que evidente que está metido en la política. Y vivimos una experiencia que parecía increíble, porque cuando tuvimos ese caso obviamente nos puso a ver detalles de que eso era posible en la ciudad de Paraná. Nosotros mismos no podíamos creer que ocurría”.
El magistrado —en declaraciones con el programa televisivo Cuestión de Fondo— amplió: “Tampoco se ha intentado resolver parte del problema que es el consumo personal, que de alguna manera está dando vuelta en algunos diputados, algunos candidatos, el tema de despenalizar el consumo de marihuana. La experiencia de Uruguay no ha sido mala (…) la Corte ha dicho que el consumo personal no es delito, pero los aparatos de poder siguen, aunque no lleguen a juicio, se hacen causas por tenedores de poca monta que evidentemente lo tienen para consumir. Entonces eso genera una sensación de desgaste en el sistema, por un lado. Y por otro lado estamos contradiciendo un fallo de la Corte Suprema, y seguimos hablando de la tenencia para consumo personal que la ley (de drogas) dice que es delito, aunque para la Corte no lo es”.
Cabe señalar que desde que finalizó el juicio por la causa Narcomunicipio, no hubo grandes investigaciones federales por narcotráfico en Paraná.
Se trató de una investigación que comenzó en 2015, llegó a condenas en 2019 y cuyo proceso judicial finalizó en septiembre de este año. Fueron 8 años en donde el Estado destinó recursos económicos y humanos para cumplir con la ley. También fueron ríos de tinta y una intensa cobertura mediática que acompañó desde el inicio todo ese proceso.
Al final del camino y a pesar de que todo funcionó “como corresponde”, el negocio narco y el escenario en los barrios no parece modificado en absoluto. ¿Es proporcional el recurso invertido con los resultados obtenidos?
Un discurso funcional a una política ineficaz
Una de las excusas públicas con la que se justifica la guerra contra las drogas es la de buscar reducir el consumo. En términos de política internacional, el objetivo de la represión del tráfico es la disminución de la oferta. La narrativa antinarco sirve como sostén que pretende legitimar la política criminal. En eso, los medios jugamos un rol significativo, aunque el aporte de las investigaciones periodísticas tenga otro fin, muchas veces más noble.
Porque ese discurso crea una falsa expectativa, que queda en evidencia en las causas como la del Narcomunicipio. Se condenó a uno de los más importantes narcos de la provincia, al mismísimo intendente de la capital entrerriana y a una banda entera que vendía prensado y cocaína. Esas condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa pasó por todos los controles y garantías del sistema judicial.
Entonces, estamos frente a una causa modelo, que podría mostrarse como ejemplo del buen funcionamiento del sistema, pero su impacto real en disminuir la oferta de drogas ilegalizadas… fue nulo.
La causa Narcomunicipio, de gran repercusión mediática, no logró un cambio en el alcance ni en la continuidad del mercado clandestino de sustancias psicoactivas ilegalizadas. El negocio del narcotráfico reemplaza sus eslabones para que la cadena continúe. Mientras tanto, el Estado grita el gol de un partido que viene perdiendo por goleada.
Lo expresado por el juez López Arango se profundizó con la implementación de la Ley de Narcomenudeo en la provincia. Parte de los recursos que el Estado destina al combate al narcotráfico se gasta en perseguir a consumidores y a los dealers, los eslabones más débiles de una cadena que se corta por lo más delgado.
Desde Toxicología de la Policía de Entre Ríos aseguran que desde la implementación de la ley se detuvo a más de 2.200 personas, fueron secuestrados unos 700 vehículos y un aproximado de $100.000.000. Según los datos oficiales, han secuestrado más de 200 armas en el marco de esta norma y en total se logró desabaratar el negocio por 250 kilos de cocaína y más de una tonelada de marihuana.
Aseguran que se instruyen un promedio de 300 causas anuales y que durante 2023 se detuvo a 374 personas. Como podrán observar en la nota del colega Juan Cruz Varela respecto al fracaso de esta norma, un amplio porcentaje de las detenciones y secuestros recaen en personas que cumplen un rol descartable dentro de un plan donde los reales beneficiarios del negocio no corren riesgos. Aquí también yace una desproporción más, la que compara lo que se invierte para combatir a los más débiles y todo lo que no se hace para pelear contra los más fuertes.
Tanto el éxito de un juicio oral emblemático como los datos que ofrece la Policía respecto a las detenciones por menudeo, lejos están de afectar al negocio narco en general. Lo que para las autoridades es un dato que refleja el éxito de la política anti-narcomenudeo, no son más que datos que evidencian los límites concretos del paradigma que aplican. En realidad, es lo máximo que tienen para ofrecer. Y no son cifras significativas.
Pero no sólo los recursos que invierte el Estado son los que no condicen con los resultados. Los medios de comunicación también hacemos un gasto, sobre todo porque las investigaciones periodísticas cuestan caro y exponen a los que se la juegan. Por supuesto, en el oficio está la pasión por contar historias y más aún cuando esas historias exponen al poder y su vinculación con el narcotráfico. Sin las buenas investigaciones periodísticas, mucho quedaría bajo la alfombra.
Los recursos invertidos, la pasión y el esfuerzo de periodistas profesionales, construye una esperanza que está condenada a la desilusión. No vamos a eliminar ni disminuir el mercado ilegal del narcotráfico con investigaciones judiciales ni periodísticas. Mucho menos serán estas iniciativas las que disminuyan el consumo.
Por supuesto que esa narrativa se basa en principios de mercado. Se compone de modo tal que las publicaciones tengan gran impacto en las audiencias, aún si esto configura un determinado sujeto narco, cuyas capacidades son en mayor medida sobredimensionadas. Además, esta dinámica da lugar a algunos personajes que ejercen mal el periodismo, lejos del profesionalismo antes citado y que sirven como meros voceros policiales en noticias al menudeo, creando la falsa sensación de efectividad.
Lo que hay que mirar con atención son las consecuencias de esta narrativa sobredimensionada de El narco. Incluso con fines nobles, la exageración del poder de lo que en realidad son pequeñas bandas desorganizadas, puede repercutir en el incremento de la violencia en los barrios, cuando la presencia del Estado no es más que una política represiva.
La política de guerra contra las drogas no sólo es ineficaz en desarticular al narcotráfico sino que es la condición de posibilidad de la violencia a la que son sometidas las barriadas, mientras que la plata se lava en barrios privados o lujosos penthouse. Eso es algo que debemos agregar al costo humano que refuerza esta desproporción entre todo lo que ponemos y lo poco que obtenemos.
