Por Arturo A. González Osorio, desde México
En una discusión larga, el 19 de noviembre el Pleno del Senado Mexicano aprobó la Ley General para la Regulación del Cannabis, con 82 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. En ella se autoriza el autocultivo sin registro de seis plantas por casa; en caso de que haya más personas mayores de edad viviendo en el mismo domicilio, el límite sube a ocho.
Sin embargo, la regulación mantiene restricciones contra los y las usuarixs, como la imposibilidad de consumir en espacio de acceso público y masivo. Permite la posesión de 28 gramos sin restricción, pero impone multas de 5 mil pesos (250 USD) cuando el detenido tenga más de este gramaje sin permiso. Cabe mencionar que la cosecha del autocultivo, no podrá salir del hogar.
Prohíbe el consumo frente a menores de edad y personas que no brinden su consentimiento, prohíbe la producción de comestibles con THC, así como conducir automóviles bajo los efectos del cannabis y se aumentan las multas que actualmente se imponen al cultivo ilegal por narcomenudeo y al consumo en vía pública.
Esta ley permitirá asociaciones de cultivo de un máximo 20 miembros que pueden tener cuatro plantas cada uno, pero deben ser establecidas a 500 metros de escuelas y solo podrán registrarse mayores de edad. No podrán regalar cannabis a personas que no estén registradas en la asociación, no habrá consumo de otras sustancias dentro y no podrán vivir menores en el domicilio donde se reúna la asociación.
Habrá locales licenciados dónde se permitirá la venta de cannabis sin acceso a menores de edad, solamente podrán vender 28 gramos por persona se prohibirán la venta de alcohol o tabaco, entre otros.
La Ley General para la Regulación del Cannabis a su vez crea el instituto paraestatal (CANNSALUD) que comprará la producción total de cannabis (solo la cultivada para uso comercial) y la administrará entre laboratorios, empresas, comunidades, etc. También, expedirá las licencias comerciales, de cultivo, comercialización, importación, etc. y aplicará sanciones. Solo entregará 40% de las licencias a comunidades dañadas por el régimen
prohibicionista.
Aunque esta ley fue descrita como histórica y con una visión de Derechos Humanos por los senadores; activistas expresaron su rechazo. José Rivera, representante del Movimiento Cannábico Mexicano (coalición de organizaciones de la sociedad civil en pie de lucha con el Plantón 420 frente al Senado por los derechos de lxs usuarixs), describe a la ley aprobada como fascista, “hay una diferenciación de trato con los usuarios de tabaco y alcohol, nos orillan a solo consumir en casa, pero permiten que nuestra privacidad sea comprometida al establecer denuncias ciudadanas e inspecciones a casas de usuarios para ver si hacen ‘buen’ uso del cannabis”.
“Hay una diferenciación de trato con los usuarios de tabaco y alcohol, nos orillan a solo consumir en casa, pero permiten que nuestra privacidad sea comprometida al establecer denuncias ciudadanas e inspecciones a casas de usuarios para ver si hacen ‘buen’ uso del cannabis”
Rivera describió esta regulación como simulada, ya que “en la ley el tetrahidrocannabinol (THC) continúa en la lista de sustancias sin usos médicos y peligrosa para la salud pública (…) eso permite restricciones de derechos y sobreregulación justificada”, además de que el uso de tablas para delimitar delitos mantiene la posibilidad de extorsiones y detenciones arbitrarias. El activista teme que hayan tres tipos de THC en un futuro: “el usado por la industria farmacéutica cannábica (regulada desde 2017), el de venta al público y el del uso personal. Entre estas, el uso personal será el más controlado, mientras la industria tendrá más libertades”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dijo números máximos de cultivo, tampoco restricciones al consumo o un mercado legal, lo que el tribunal supremo estableció es el libre desarrollo de la personalidad y al acotarla, no están cumpliendo con lo dicho por los ministros”, declaró el activista para REVISTA MATE desde el Plantón 420, “único cultivo no clandestino de cannabis en México”, establecido desde marzo del 2020 como manifestación para presionar a lxs senadorxs a que regulen basado en los derechos de lxs usuarixs y desmitificar la peligrosidad de la marihuana.
“Es común que los gobiernos conservadores hagan este tipo de leyes que crean nuevas prohibiciones, con la premisa de libertades. Estemos atentos a que, como región, no pase esto”
Finalizó la entrevista advirtiendo a otros países que “es común que los gobiernos conservadores hagan este tipo de leyes que crean nuevas prohibiciones, con la premisa de libertades. Estemos atentos a que, como región, no pase esto”.
La aprobación del Senado se llevó a cabo después de cinco años de que el tribunal supremo mexicano aceptara los derechos de lxs usuarixs para cultivar, poseer y consumir cannabis. También estableció que las leyes prohibitivas sobre la marihuana son desproporcionadas a los daños que causa. Tras múltiples amparos, la Corte mexicana estableció una jurisprudencia y mandó al Poder Legislativo a cambiar las leyes prohibitivas sobre la marihuana.
Ahora la Ley General para la Regulación del Cannabis pasará a la cámara baja para ser discutida, votada y, en caso de que se apruebe, el Presidente deberá firmar y publicarla en el Diario Oficial de la Federación para tener validez.
La cannabis en México, una historia de prejuicios y prohibiciones
En el Siglo XVI, los conquistadores españoles trajeron al cannabis a América para ser cultivada para su uso como cáñamo. Por diversos factores este cultivo no dio los frutos que la Corona Española pensaba, pero la población indígena (con una tradición milenaria en el uso plantas psicoactivas) utilizó el cannabis como remedio o para gozar sus efectos. Su uso se extendió tanto que en el XIX se pensó que era una planta nativa de América.
A la par de este uso, las prohibiciones llegaron. En la Colonia Española era tolerado el consumo en comunidades indígenas, pero se impusieron estigmas morales que luego, con la Independencia en 1810 y la posterior modernidad devinieron estigmas sociales. Aquí es donde comienza la idea de relacionar la violencia con el consumo de esta planta. Una explicación de esto es que dadas las condiciones infrahumanas en que vivían los sectores populares (donde se consumía marihuana), las revueltas e inseguridad eran algo común, lo que fomentó ese estigma.
Después de la Revolución Mexicana (1910-1917), las presiones de Estados Unidos impulsaron la prohibición gubernamental hacia usuarixs en la Constitución de 1917 y en las posteriores reformas que llevaron a la criminalización de lxs usuarixs.
Solo hubo una pausa de algunos meses para este régimen de prohibición. En 1940, el Gobierno Mexicano publicó el Reglamento Federal de Toxicomanías, en este se veía a los usuarixs como pacientes, no como criminales. Se establecieron dispensarios médicos de cocaína, heroína, y el cannabis ya no fue blanco de persecución. Pero, otra vez por influencia del vecino del norte, se desechó este nuevo modelo y se regresó a la represión.
Fue hasta 2015 cuando la Corte Suprema en México concedió amparos para el uso medicinal y recreativo del cannabis. Primero a Graciela Elizalde, menor de edad que necesita CBD para tratar su epilepsia y los ministros le permitieron importar su medicina. Después llegó el primer amparo para que un grupo de ciudadanos pudiesen acceder al cannabis y cultivar sin fines de lucro. Tres años después, más amparos se dieron y el máximo tribunal dictó una jurisprudencia que presionó al Senado a votar la próxima regulación mexicana de la marihuana.
