En un encuentro celebrado la semana pasada en Varsovia, la capital de Polonia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado contundente a los líderes mundiales para que pongan fin a la “guerra contra las drogas”, calificándola como una estrategia fallida que ha “destruido innumerables vidas y ha dañado comunidades enteras”.
Durante la segunda conferencia sobre drogas “Dealing with Drugs”, Türk habló de la necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para la regulación de las drogas. “Tenemos cifras récord de muertes relacionadas con las drogas, más personas que nunca con trastornos por consumo de drogas y mayores niveles de producción ilegal de muchas drogas. La criminalización y la prohibición no han logrado reducir el consumo de drogas ni disuadir los delitos relacionados con las drogas. Estas políticas simplemente no están funcionando y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades”, afirmó Türk.
Antecedentes en la ONU
La ONU ha reconocido en varias ocasiones el fracaso de la “guerra contra las drogas”. En 2024, durante el período 67 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), los Estados miembros confirmaron que “el uso indebido, el cultivo ilícito y la producción y fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el tráfico ilícito de esas sustancias y de precursores, han alcanzado niveles sin precedentes”.
Esta histórica sesión culminó con la adopción mayoritaria de una resolución centrada en la reducción de daños como respuesta adecuada a las sobredosis, marcando un cambio significativo respecto a la política de persecución penal hegemónica. Y con un hito histórico: en la sesión N° 67 se rompió el consenso de viena, que había sostenido una posición única de los estados en estas resoluciones, sin la necesidad de llegar a votar como ocurrió esta vez.
Otras instancias de la ONU, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en su informe del 2021, también adoptan una posición revisionista: “La guerra contra las drogas puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. La penalización del consumo de drogas facilita el despliegue del sistema de justicia penal contra los consumidores de drogas de forma discriminatoria, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen dirigirse contra miembros de grupos vulnerables y marginados, como minorías, afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas con sida y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. También pueden ser vulnerables las personas sin hogar, los profesionales del sexo, los migrantes, los menores, los desempleados y los ex convictos”, señala el documento.
También el reciente informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, una organización que reúne a expertos en política de drogas, remarca el fracaso de las políticas prohibicionistas. En su último informe anual (2024) “Más allá del castigo: De las injusticias de la política de drogas a la reforma”, presentado en Ginebra la semana pasada, critican de frente a la guerra contra las drogas. No sólo porque ha fracasado en sus propósitos declarados, sino porque ha traído consigo una serie de desastres en materia penal y de administración de justicia.
El fracaso es evidente
La llamada “guerra contra las drogas” ha contribuido significativamente al encarcelamiento masivo, afectando de manera desproporcionada a mujeres y personas racializadas. En 2023, se estimó que 11.5 millones de personas estaban encarceladas en todo el mundo, un aumento del 24% desde el año 2000. Además, más del 120 países reportaron que sus sistemas penitenciarios funcionaban a más del 100% de su capacidad, y 15 de ellos superaban el 250%, lo que resultaba en más abusos y violaciones de los derechos humanos.
Aproximadamente el 20% de la población penitenciaria mundial está encarcelada por delitos de drogas, y casi medio millón de personas encarceladas únicamente por posesión para uso personal.
Aproximadamente el 20% de la población penitenciaria mundial está encarcelada por delitos de drogas, con casi medio millón de personas encarceladas únicamente por posesión para uso personal. La detención preventiva obligatoria para ciertos delitos de drogas en países como Brasil, México y Honduras exacerba este problema, violando la prohibición de la detención arbitraria y socavando el derecho a un juicio justo.
Las mujeres son particularmente afectadas, con un aumento del 60% en la población reclusa femenina de 2000 a 2022. Este incremento se debe en gran medida a delitos de drogas de bajo nivel, como el narcomenudeo, una economía de subsistencia a la que se accede por la necesidad económica o la explotación.
Cambiar el enfoque
Türk subrayó la necesidad de un cambio radical de enfoque para priorizar la salud, la dignidad y la inclusión. “En lugar de medidas punitivas, necesitamos políticas de drogas sensibles al género y basadas en evidencia, fundamentadas en la salud pública”, insistió. También pidió por “un acceso inclusivo a la atención médica voluntaria y a otros servicios sociales”, destacando que las medidas de reducción de daños son esenciales para prevenir las muertes por sobredosis.
Finalmente, Türk señaló que es fundamental centrarse en las personas más afectadas por las políticas de drogas actuales. “Históricamente, las personas que consumen drogas han sido marginadas, criminalizadas, discriminadas y dejadas de lado, a menudo despojadas de su dignidad y sus derechos. Estamos destinados al fracaso a menos que garanticemos su participación genuina en la formulación e implementación de políticas sobre drogas”, concluyó.
Pese a los cambios en la visión de funcionarios y agencias de la ONU, los avances han sido poco sistemáticos y no eliminaron la lógica punitiva del prohibicionismo global. Es hora de que las declaraciones pasen al acto y que los gobiernos aborden con valentía esta contradicción entre su política prohibicionista y los pésimos resultados. Deben aplicarse políticas basadas en la evidencia, que reconozcan los daños históricos causados sobre poblaciones vulnerables desigualmente impactadas por la guerra contra las drogas.
