Por Emilio Ruchansky para Nuestras Voces| 27 de enero de 2020
N.R. está preso en la cárcel de Campana por tener 12 envoltorios “de una sustancia vegetal verde pardusca compacta”, repartidos en los bolsillos de su campera. Eran bolsitas de marihuana prensada paraguaya de dos gramos en su mayoría, como para armarse dos o tres porros. En total, los envoltorios pesaban 45 gramos. Fue detenido de noche en una zona que, según el acta policial, “resulta ser densamente poblada de clase media baja”. Al parecer N.R. estaba por pasarle un par de bolsitas a un compañero de la primaria. El supuesto comprador tenía 200 pesos en su bolsillo. El único testigo del procedimiento policial fue un muchacho joven, como ellos, que se encontraba “en un rodado en la vereda de enfrente”. En verdad, había acompañado a pegar faso a su amigo, por eso saltó a defenderlo cuando los policías esposaron a los dos sospechosos y lo señaló como un simple consumidor. Así fue que N.R. marchó solito a una comisaría de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría en julio del año pasado. Después le allanaron la casa. Encontraron unas tucas nomás.
Al peritar su celular, la Fiscalía halló mensajes con otras tres personas a las que les N.R. les había conseguido faso. Fue acusado de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización”, pero hasta el fiscal del caso reconoce que le da pena la situación. N.R. tiene una nena de dos años y perdió a su padre hace poco, en un accidente de trabajo. Había conseguido trabajo al momento de la detención, vivía con su hija y su pareja en un terreno que comparte con su madre, en un barrio del segundo cordón del conurbano bonaerense.
Lejos de su familia y sus afectos, el ánimo de N.R. va quebrándose día a día. Nunca había estado preso. Pero el código procesal bonaerense es implacable, si la magnitud de la pena en expectativa excede la posibilidad de una condena en suspenso (hasta tres años), no hay posibilidad de excarcelación, es decir, debe afrontar el proceso judicial en la cárcel. La pena que le podría tocar, al igual que a alguien que trafica toneladas de marihuana, es de 4 a 15 años. La Defensa Oficial consiguió que se realizara un primer estudio socio ambiental, que demuestra su grado de vulnerabilidad y su arraigo. Su madre lo aguarda para poner en marcha un negocio familiar, es decir, tiene donde fijar domicilio y posible ocupación.
En medio de las huelgas de hambre en diferentes cárceles bonaerenses, N.R. esperaba que lo “bajaran” del pabellón y le realizaran un peritaje psicológico y otro psiquiátrico, el 9 y 12 de diciembre respectivamente. La Fiscalía ya había adelantado que no se opondría al arresto domiciliario. En la Defensa Oficial, a sabiendas de que hay pocas tobilleras electrónicas, ya sugerían que un patrullero pasara todos los días a controlar que esté en casa, como ya se hace con otras personas liberadas. Solo faltaban esos peritajes. N.R. ya soñaba pasar navidad con su familia. Nunca lo bajaron.
YENDO DEL CALABOZO A LA CELDA
En 2017, siete personas detenidas en una comisaría de Pergamino fallecieron luego de una pelea y un posterior incendio, motivado por las condiciones de hacimiento. Seis policías fueron condenados por abandonarlos y obstaculizar el trabajo de los bomberos que intentaron salvarlos. Al año siguiente, otro incendio en los calabozos abarrotados y clausurados judicialmente de una comisaría de Esteban Echeverría provocó el fallecimiento de otros diez detenidos. Uno de ellos estaba por tenencia de drogas, otro por robar una máquina de cortar pasto. El entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristián Ritondo, aseguró al respecto: “Los prefiero amontonados antes que libres”.
Luego de recorrer varias dependencias policiales bonaerenses, el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura (CNPT) describió la situación en un informe a fines del año pasado: “Se han observado personas bajo custodia en espacios tan deplorables y condiciones tan indignas que su mero alojamiento en ese lugar constituye un trato cruel, inhumano y degradante”. Se encontraron en Virrey del Pino con calabozos para 8 mujeres, donde llegaron a convivir 44. O lugares como Altos de Laferrere donde 20 personas debían turnarse para usar un inodoro y una ducha. En algunas comisarías, los detenidos solo recibían el almuerzo de lunes a viernes. Otros tenían imposibilitados las llamadas telefónicas. Un tercio de los calabozos bonaerenses, dice el informe, estaban clausurados judicialmente pero siguen en “funcionando”.
Como las cárceles bonaerenses están superpobladas rechazan muchos pedidos de las comisarías para derivar detenidos o detenidas, como consta en el expediente judicial por la masacre de Esteban Echeverría. Si se siguen los estrictos estándares de Derechos Humanos, el sistema penitenciario de la provincia puede alojar casi 20 mil personas. Según el último registro oficial, en agosto pasado había 44.932 presos y presas en cárceles y alcaidías bonaerenses, es decir, más de la mitad de las personas privadas de libertad no tiene siquiera lugar donde dormir. Ni hablar de actividades recreativas, educativas o laborales. En todo 2018, según otro documento de la CNPT, solo trabajaron 2920 reclusos.
En diciembre pasado en las comisarías bonaerenses había 3854 personas detenidas, 626 por infringir la ley de drogas y 1160 por robo o robo agravado. Suman casi el 46 por ciento. Como afirma Andrea Casamento, presidenta de una asociación que acompaña y ayuda a familiares de personas privadas de libertad (ACIFAD), la persecución en materia de estupefacientes recae en las mujeres más pobres, que venden pequeñas cantidades para alimentar a su familia o en pibes que lo hacen para consumir.
“¿Al cuidado de quién quedan los hijos de esas mujeres? ¿Cuánto implica económicamente a cada ciudadano sostener a una persona en la cárcel? ¿Para qué? Debemos pensar como los incluimos en el circuito laboral y que los chicos no vayan a quedar en manos de no sé quién o del Estado. La cárcel nunca viene a resolver los conflictos, los empeora”, dice Casamento. A esta altura hablar de “emergencia carcelaria” le resulta irritante. “La provincia está colapsada. Esto es una emergencia humanitaria. No se resuelve con poder hacer compras sin licitaciones. Y tampoco es una cuestión de partidos políticos, se viene arrastrando desde hace décadas”.
LA PENA GIRATORIA
El nuevo gobierno bonaerense abrió una mesa interinstitucional, que se reunió dos veces para analizar posibles salidas a esta crisis con actores del poder judicial, el ministerio público y organizaciones afines. Se barajaron distintas opciones, entre las que no figura construir nuevas cárceles. Se habló de poner de pie al Patronato de Liberados, para mejorar el control y la asistencia; revertir los deficientes informes criminológicos penitenciarios, con ayuda de las universidades públicas, atender especialmente a las poblaciones vulnerables (como las madres con hijos o hijas pequeños) y revisar desde el Poder Judicial en base a los estándares del derecho internacional la aplicación de las prisiones preventivas.
También se mencionó la necesidad de cambios en el código procesal penal para la mejor gestión y resolución de los casos, al igual que aplicar una mirada diferencial en la persecución de los delitos de drogas porque no se estará diferenciando las situaciones de consumo y las que claramente involucran el tráfico y la explotación de personas vulnerables. En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni propuso canjear años de prisión por años de trabajo, como ocurre en Brasil.
Consultado sobre esta última propuesta, Mario Juliano, referente de la Asociación Pensamiento Penal, sostuvo que está conceptualmente de acuerdo mientras se trate de trabajo pago o en el peor de los casos, voluntario y no interfiera con las labores intramuros vigentes. “Esto ya existe actualmente con las leyes de estimulo educativo, no es algo tan exótico anuestra cultura y creo que esto está aceptado, aquel que estudia se le descuenta tiempo de condena”, afirmó este juez. Si se plantea como una medida reparadora sería un gesto de “alto valor simbólico” hacia la sociedad y viceversa.
Las infracciones a la ley de drogas, como la que habría cometido N.R., motivan el ingreso miles de usuarios, usuarias y/o dealers minoristas al sistema penal, generando una enorme rotación que aporta al colapso carcelario. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley 26.052, de Desfederalización de los delitos menores de estupefacientes, a pocos meses de su sanción en 2005. Ese año había 64 personas presas por estos delitos, en 2018 el número trepó a 4881. Con los años Córdoba, Chaco, La Rioja, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también adhirieron. Las leyes de “narcomenudeo” se pusieron de moda. El castigo resulta totalmente desproporcionado, como ya lo estableció el Tribunal Superior de Justicia cordobés al declarar inconstitucional el mínimo de 4 años de prisión.
“Entre el 80 y 85 de las personas condenadas reciben 4 o menos años de prisión. Es un indicio de que se trata de delitos menores”, sostiene Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. “El peso de las detenciones por la desfederalización viene creciendo, pero esta situación de sobrepoblación es el resultado de una multiplicidad de factores”, aclara. Muchas de estas personas esperan meses o años en comisarías o cárceles para ir a juicio. Otras “optan” por un juicio abreviado, lo que implica reconocer la culpa y negociar la pena.
“A veces gente inocente va presa aceptando esta extorsión. Les dicen que si llegan a juicio va a ser peor. A veces, como la expectativa de pena es altísima, cierran una pena menor pero las pruebas eran pocas. Los juicios abreviados facilita el trabajo de los operadores judiciales y hay un agujero negro porque no aparecen detallados en los datos estadísticos sobre personas condenadas. Los juicios abreviados sirven como una fábrica de reincidentes, muchas personas quedan con una pena en suspenso y al mínimo problema con la ley van a la cárcel directo, no se les concede la excarcelación”, comenta Tufró. El costo humano y económico de esta persecución es importante. “Estamos hablando de personas encarceladas por ser pobres”, advierte Tufró.
