Por Edgar Guerra, para Infobae
La explicación oficial sobre la crisis de seguridad pública que agobia a México consta de tres líneas argumentativas. Según la primera, la violencia es consecuencia de la expansión de los cárteles de las drogas y de los enfrentamientos que se suscitan entre las organizaciones delictivas.
De acuerdo con la segunda, los cárteles están conformados por individuos moralmente reprobables que trafican con sustancias ilícitas (drogas) y que no dudan en ejercer la violencia para controlar sus mercados y territorios. Y, conforme con la tercera, se piensa que las drogas representan un peligro para la salud y la seguridad pública porque generan adicciones e inducen a cometer acciones antisociales e incluso delictivas.
Tal narrativa se ha sostenido, desde hace varios sexenios, a través de los medios de comunicación, los discursos presidenciales y las conversaciones cotidianas. No obstante, si bien la explicación comprende elementos veraces, en su conjunto, se trata de una simplificación. Más aún, tal manera de enfocar el tema de las drogas y la violencia legitima las acciones de gobierno y las políticas públicas, pasadas y actuales, para enfrentar la crisis de seguridad.
Las decisiones gubernamentales han sido inadecuadas para afrontar el problema de la inseguridad y, por ello, se han traducido en resultados desalentadores: ni la violencia, ni el consumo de sustancias han disminuido, pero sí ha aumentado la corrupción de las policías, el miedo y la desconfianza a las instituciones de procuración de justicia.
Afortunadamente, en los últimos años la investigación periodística y académica ha desmontado, uno a uno, los tres principales argumentos que sostienen la explicación oficial sobre las drogas y la violencia.
La evidencia apunta a que a partir del momento en que el Gobierno Federal declaró la “guerra contra las drogas”, la tasa de homicidios se disparó.
El primero, el mito de que la violencia es únicamente producto de las matanzas entre organizaciones delictivas, es falso. Entre 2006 y 2012, por ejemplo, una parte de los homicidios derivaron de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas mexicanas y las organizaciones criminales. Más aún, la evidencia apunta a que a partir del momento en que el Gobierno Federal declaró la “guerra contra las drogas”, la tasa de homicidios se disparó; es cierto que antes de la intervención federal sí existía tráfico de drogas, pero este no era violento, al menos no como en los últimos años. En suma, las investigaciones han probado que la violencia no ha sido consecuencia del simple ajuste de cuentas entre “delincuentes”, sino un efecto de múltiples elementos, entre ellos, la intervención de las fuerzas armadas del Estado mexicano.
Si se revisan las cifras de detenciones por delitos contra la salud, resulta que una cantidad enorme de personas en situación de cárcel se han visto obligadas a traficar o vender drogas bajo amenaza.
Segundo, pensar que los integrantes de las organizaciones criminales son sujetos moralmente nocivos, sin principios y envilecidos es un mito que ha tenido consecuencias perversas. Si se revisan las cifras de detenciones por delitos contra la salud, resulta que una cantidad enorme de personas en situación de cárcel se han visto obligadas a traficar o vender drogas bajo amenaza; o incluso se trata de usuarios que fueron detenidos y encarcelados por un delito que no habían cometido. De igual manera, muchas de las personas que participan en la producción y siembra de drogas en los campos y serranías del país lo hacen bajo coacción. Tampoco olvidemos que una parte importante del “sicariato criminal” son niños y jóvenes reclutados de manera forzosa. Sí, en las organizaciones criminales se encuentran personas que cometen delitos y atrocidades, pero a cada una se le debe juzgar en su individualidad; no debemos generalizar ni criminalizar.
Tercero, el mito que concibe las drogas como sustancias perversas y dañinas se ha derrumbado. Históricamente, como sociedad y como gobierno, hemos construido una narrativa moral sobre la violencia y las drogas, es decir, un discurso basado en prejuicios y mitos; hemos evadido la discusión seria al respecto, por privilegiar una visión maniquea que no acepta mediación entre lo bueno y lo malo; hemos satanizado y criminalizado a las drogas, y las hemos vinculado con la violencia. Ideas completamente falsas. La violencia no es el resultado directo del uso de drogas, ni las drogas son intrínsecamente perniciosas.
El caso del Cannabis
La investigación científica en el campo de la marihuana, por ejemplo, ha mostrado que esta planta tiene usos medicinales y terapéuticos que refuerzan los tratamientos de personas con epilepsia, glaucoma y síndrome de estrés postraumático. La misma ciencia ha mostrado la menor toxicidad y fuerza adictiva del cannabis con respecto al alcohol y el cigarro. Inclusive, hoy en día varios países del mundo han regulado algunas drogas bajo criterios de salud e, incluso, económicos. Para no ir más lejos, EEUU y Canadá, en el hemisferio norte, y Uruguay, en el Cono Sur, cuentan ya con legislaciones que regulan la producción, comercialización y uso de la mariguana. Claro, como toda sustancia química, las drogas (desde la cafeína hasta la heroína) pueden generar efectos adversos en el organismo; pero esto ocurre, sobre todo, si no hay una regulación estatal que asegure su control de calidad y propicie la generación de investigación científica sobre sus efectos.
Arte fotográfico de Valeria Negretti
En resumidas cuentas, la visión moral sobre las drogas y las políticas punitivas que la acompañan han demostrado su fracaso. De hecho, los últimos quince años solo han traído más dolor y violencia. Es momento de revisar la abundante investigación científica sobre las drogas y la violencia, que muestra lo equivocado de los diagnósticos y lo errado de las políticas encaminadas a resolver la situación de inseguridad. Es momento de comenzar a enfocar la discusión desde la razón y la evidencia y no desde la moral, el prejuicio y la represión. Es momento de cambiar el paradigma.
* Profesor-Investigador e integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro
