La multinacional bancaria HSBC (Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai) recibió en 2012 la multa más alta hasta ahora para una institución financiera, tanto en México como en Estados Unidos: 27.5 millones de dólares y 1.900 millones de dólares, respectivamente. El HSBC fue acusado por ser un conducto para el lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos y colombianos en el norte del continente. Omitió deliberadamente reportar “operaciones sospechosas”, y además mantuvo vínculos de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves.
La noción de lavado de dinero comenzó a emplearse a comienzos del siglo XX para definir aquellas operaciones que buscan legalizar fondos provenientes de operaciones ilícitas, es decir, para facilitar su ingreso al flujo monetario de la economía formal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa para la delincuencia organizada transnacional, ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares. En las últimas décadas, la comunidad internacional y cada uno de los Estados que la integran han avanzado en la criminalización del delito de lavado de activos y han vinculado al narcotráfico como ilícito determinante, junto a la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y otras modalidades de criminalidad organizada.
En el caso de Argentina, el delito de lavado de activos es de competencia federal y fue incorporado al Código Penal en el año 2000 a través de la Ley 25.246 —asociado al delito de encubrimiento— y reformado en el año 2011 a partir de la Ley 26.883. Esta última reforma puso al lavado de activos como delito autónomo, con el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”.
Se ha señalado que la relación entre el “blanqueo de capitales” y la influencia que despliega el dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal propicia una economía paralela que influye en procesos inflacionarios y desencadena en situaciones de abuso de poder, especulaciones financieras y monetarias. Ello implica considerar a este tipo de manifestaciones vinculadas a la criminalidad económica no solo como una forma de financiamiento, estructuración y reproducción de las organizaciones criminales sino también como modalidades de influencia en la economía real.
Si bien Argentina nunca fue calificada por los organismos internacionales como uno de los principales países productores o de tránsito, sí fue señalado como uno de los “principales países proveedores de precursores químicos” para la producción de drogas ilegalizadas y fue contemplado en el grupo de los “principales países de lavado de dinero”, al menos, en los informes publicados en los últimos años.
No hubo datos oficiales de investigaciones o sentencias de lavado de activos por delitos asociados a la criminalidad económica hasta el año 2022. En junio de ese año, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos —integrado por más de una docena de organismos especializados y coordinado por el Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación— realizó la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a partir del entrecruzamiento de información sobre organizaciones criminales aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si bien no hay estadísticas publicadas por el Ministerio Público de la Nación —en particular, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— para entender qué sucede con la investigación de las maniobras patrimoniales y financieras delictivas del narcotráfico, sí se han publicado estadísticas respecto de lo sucedido en todo el país, de acuerdo a esta Primera Evaluación Nacional (2022). De lo señalado en este informe, podemos advertir las siguientes características:
- Identificaron solo 1.386 investigaciones de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020 en Argentina., de los cuales el 29% se vinculó a la narcocriminalidad. La desproporción entre las investigaciones por delitos de drogas y las de delitos económicos es tal, que algunos departamentos bonaerenses (Bahía Blanca, San Nicolás o Zárate-Campana) registraron más de 2.000 investigaciones por drogas en el año 2023. Así, una sola jurisdicción acumuló más investigaciones por delitos de drogas en un solo año que las investigaciones por delitos económicos que decenas de jueces/as y fiscales federales de todo el país impulsaron en 3 años.
- Estimaron un número tentativo de 41 organizaciones criminales de mayor envergadura y un mínimo de 150 organizaciones de menor envergadura en territorio nacional. La mayoría de las organizaciones posee menos de 10 miembros y aproximadamente la mitad opera en sólo una provincia o bien en la Ciudad de Buenos Aires, y cerca de un tercio opera en al menos dos países (la mayoría de estos grupos tienen vinculación con el contrabando, ya sea de estupefacientes o bien de mercaderías). En cuanto a la nacionalidad de los integrantes, la gran mayoría de los grupos están integrados por miembros sólo de nacionalidad argentina, un dato que desestabiliza las continuas conjeturas racistas del diputado Miguel Ángel Pichetto: “La cocaína, peruanos; el lavado de dinero, colombianos; paraguayos, en la hidrovía y trayendo toneladas de marihuana”. Cerca de un tercio de estos grupos se dedica a la narcocriminalidad, pero solo un porcentaje ínfimo se dedica al contrabando de estupefacientes o precursores químicos. Por otro lado, entre un tercio y la mitad de las organizaciones se dedica a una sola actividad delictiva, principalmente narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada.
- Entre enero de 2017 y diciembre de 2021, se dictaron 58 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos en todo el país. De este universo de casos, 22 sentencias se encontraban relacionadas a organizaciones criminales: en el 59% de las condenas por lavado de activos se identificaron como ilícitos precedentes aquellos vinculados a la narcocriminalidad. Esta cantidad de condenas es también absolutamente nimia. Para tomar dimensión, en el mismo período 2017-2021, hubo 238.807 sentencias condenatorias a nivel nacional, es decir que sólo el 0,02% fue por lavado de activos.
La experiencia rosarina como vitrina del lavado
La ciudad de Rosario no solo es señalada por el desarrollo del narcotráfico sino que también es caracterizada como el “corazón agroexportador” del país. Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país con un 22% de participación en los envíos de origen nacional. Según destaca la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Río Paraná, están las terminales portuarias que exportan granos, aceites y subproductos a todo el mundo y desde allí salieron en 2023 más del 75% del total de productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos.
Gustavo Shanahan fue director del Puerto de Rosario, responsable legal de una financiera ubicada en el centro de Rosario y también fue condenado a 7 años por venderle dólares a un líder narco.
Gustavo Shanahan fue director del Puerto de Rosario, responsable legal de una financiera ubicada en el centro de Rosario y también fue condenado a 7 años por venderle dólares a un líder narco. Según se estableció en la investigación federal llevada adelante por Mario Gambacorta, le vendía dólares al narcotraficante Julio Rodríguez Granthon, que tiene tres condenas en cumplimiento por ese delito. En este caso, el financista no lavaba dinero sino que participaba directamente de la organización criminal liderada por Granthon: la venta de dólares les permitía a los miembros de la banda utilizarlos como medio de pago para la importación de cocaína desde Bolivia y, de este modo, lo ubicaron como partícipe primario de comercio de estupefacientes. Un ejemplo claro de cómo actores del poder político y económico participan directa o indirectamente de las ganancias producidas en el mercado de drogas ilegalizadas.
Otro caso similar es el protagonizado por Patricio Carey, dueño de la financiera Cofyrco, a quien le atribuyeron formar parte de una intermediación financiera ilegal. Carey irá a juicio por venderle 17 mil dólares a Marcelo Coto Medrano, un ex barrabrava de Newell’s asesinado en el año 2020, con varias condenas por narcotráfico, y señalado como actor central de la venta de drogas en el norte rosarino y parte del cordón industrial.
Ya en diciembre de 2021, Fernando Vercesi, uno de los tres dueños de Cofyrco, había sido condenado a una pena de 3 años de prisión condicional y a pagar una multa de más de 35 mil dólares por las maniobras de lavado vinculadas a Medrano. En junio de 2023 un asesor comercial de esta financiera, Teodoro Fracassi, fue condenado a 3 años de prisión condicional y al pago de una multa superior a los 35 mil dólares por incurrir en maniobras de lavado de activos. Fue sentenciado por recibir dinero de origen criminal para luego aplicarlo a operaciones de intercambio financiero con apariencia legal, además de recibir 174 documentos de identidad conociendo su procedencia ilícita. Patricio Carey se encuentra esperando el juicio en el fuero federal.
El ex ministro de seguridad santafesino durante el período 2019-2021, Marcelo Saín, ha declarado que Los Monos, una de las organizaciones criminales más poderosas de la provincia lideradas por el “Guille” Cantero, opera detrás de una “trama criminal” que involucra al lavado de dinero de la soja y que ese capital económico es empleado para “garantizar protección estatal” y “quebrar la capacidad de la Policía” de controlar al grupo.
El diputado de Santa Fe, Carlos del Frade, también ha denunciado y expuesto estos vínculos entre las tramas narco, el Estado y el poder económico local. Ha expresado que Santa Fe “es un paraíso del lavado de dinero” y que “surgió la geografía santafesina como plataforma de exportación y lavado de dinero de grupos regionales latinoamericanos como el Primer Comando Civil de San Pablo o el Clan Loza”.
Desde el aumento del protagonismo del narcotráfico en la provincia de Santa Fe a comienzos de la década pasada, se han presentado numerosos proyectos para adherir a la política de desfederalización que, por fuertes resistencias y falta de consenso por parte de actores clave —como el juez de la Corte provincial Daniel Erbetta, referentes de la actual oposición, entre otros—, habían fracasado. Hasta fines del año pasado.
El 18 de diciembre de 2023, la provincia de Santa Fe ya con el gobernador Maximiliano Pullaro en el Ejecutivo provincial, adhirió a la desfederalización a través de la sanción de la Ley 14.239. La adhesión a la desfederalización se introdujo en un paquete de reformas administrativas, legislativas y judiciales vinculadas al sistema de seguridad pública de la provincia de Santa Fe. Cuando era candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, había propuesto que la provincia avance con la desfederalización “para que el Poder Judicial y las policías locales puedan actuar sobre los puntos de venta de droga”. En esta dirección, también propuso construir una cárcel para “presos de alto perfil […] con condiciones de detención diferentes que nos permitan tener a la población penal controlada completamente”.
Recientemente, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, señaló que la provincia se sumará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al “blanqueo de capitales”, aunque en este último caso señaló que “habrá controles, para confirmar que, quienes accedan no tengan antecedentes o cuestiones vinculadas con el crimen o el lavado de activos”. Pero, como describimos, los socios económicos del narcotráfico no son justamente un blanco de la persecución del sistema penal. Y no tienen antecedentes delictivos: son personas blancas de traje y corbata, financistas, emprendedores sojeros, bursátiles e inmobiliarios, que muchas veces ni siquiera tienen que transitar prisión efectiva de 4 años o más, como sucede con los sectores populares encarcelados habitualmente a partir de la política de desfederalización.
