En noviembre de 1977, mientras la Argentina se encontraba sumida en el proceso de oscurantismo antidemocrático más sangriento de su historia desde hacía casi dos años, Ariel Colavini caminaba por la Plaza de los Aviadores en el barrio de El Palomar, en la Provincia de Buenos Aires.
Cuando se sentó en un banco, fue detenido y requisado por 3 policías que se encontraban patrullando la zona. Le encontraron dos cigarrillos de marihuana y se lo llevaron detenido a la comisaría zonal.
Regía la 20.771, ley del “Régimen penal de las conductas delictivas concernientes a estupefacientes”, sancionada hace 50 años y promovida por el Brujo López Rega. Aquella ley que, influida por las políticas prohibicionistas yankees, fue la primera en prohibir expresamente la tenencia para consumo personal en Argentina.
Una ley que con el pretexto de proteger la seguridad nacional, asociaba el uso de estupefacientes a la subversión y vinculaba la campaña anti drogas con una campaña anti guerrilla.
En base al art. 6 de esta ley: “Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cien ($ 100) a cinco mil pesos ($ 5.000) el que tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a uso personal”, Colavini es condenado en primera instancia a dos años de prisión, con un fallo confirmado por la Sala I de la Cámara Federal de La Plata.
Encarcelado en Devoto
La justicia de esa época, más en casos como estos, se movía con una celeridad sorprendente. Para principios de año, Colavini ya estaba alojado en la cárcel de Devoto cumpliendo su condena y a la espera de que su causa llegue a la última instancia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cárcel de Devoto, originalmente concebida como un hospital, es el único establecimiento carcelario en funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. En 1978, plena dictadura cívico-militar y a pocas semanas del Mundial, hospedaba una población de presos comunes y políticos bajo tutela del Ejecutivo que la Junta Militar quería exhibir, como muestra de trato digno, a las organizaciones de Derechos Humanos internacionales que visitaban el país.
En una cárcel diseñada para hasta 900 reclusos convivían alrededor de 2700.
Muerto en la Masacre del Pabellón Séptimo
El 13 de marzo del año 1978, los reclusos del pabellón séptimo estaban viendo una película, cuando cerca de la medianoche uno de los guardiacárceles, Gregorio Zerda, se acercó a pedirles de mala manera que apagaran el televisor. Ante la negativa de los presos, Zerda decidió retirarse diciendo: “ya van a ver”.
La mañana siguiente la requisa fue más violenta de lo normal. La vehemencia y la brutalidad con la que se manejaron los 60 guardias hizo que los presos reaccionaran atrincherándose y trabando el ingreso con camas. Los guardias empezaron a arrojar por arriba y desde afuera granadas lacrimógenas y vomitivas, mientras disparaban por las ventanas con ametralladoras, itakas y fusiles FAL a los presos que se asomaban asfixiados.
¡Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara
Se está quemando, ahora, mi cara, ¡Dios!
Una explosión
Y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos.
Pabellón Séptimo (relato de Horacio), tema de autoría de Carlos “Indio” Solari (2004).
Sea por un chispazo de las detonaciones o por los calentadores de kerosene, los colchones de poliuretano altamente combustible se incendiaron. Entre llamas, humo negro alquitranado y disparos, algunos se desmayaron y al menos dos se suicidaron frente a todos. En el baño había una pileta con agua estancada y los presos se mojaban unos a otros. Algunos se tiraron al piso envueltos en toallas húmedas.
Las autoridades del penal no permitieron el ingreso de los bomberos y el pabellón ardió por dos horas, hasta que el fuego se extinguió solo. Habían cortado el agua y adentro no había extintores.
Al cabo de unas horas, los familiares de los presos que se enteraron por los medios de comunicación se acercaron al lugar a preguntar por sus seres queridos. El morbo era tal que un guardia, desde una minúscula ventana, clamaba los apellidos de los reclusos y a continuación las palabras “muerto” u “hospital”.
Viejita, amor, hijas y amigas
Buscan noticias en la puerta, ahí fuera.
Así se desató la masacre penitenciaria más grande de la historia argentina, la cual según Claudia Cesaroni describe en su libro “Masacre en el Pabellón Séptimo”, dejó un total de 64 personas privadas de su libertad muertas.
La mayoría de los presos del pabellón se encontraban allí por delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes, considerados subversivos. Entre ellos estaba Ariel “el petiso” Colavini.
Condenado póstumo
La causa de Colavini llegó a la Corte, que expuso argumentos del tenor de: “el vínculo entre la toxicomanía y la desintegración individual y general, su pernicioso influjo en la moral y economía de los pueblos y su acción sobre la delincuencia común, la subversiva, y la destrucción de la familia”, justificaban confirmar la condena a Colavini.
Entre sus considerandos podemos citar el 12º: “Que ello nos remite a la siguiente consecuencia de lógica irrefutable: si no existieran usuarios o consumidores, no habría interés económico en producir, elaborar y traficar con el producto, porque claro está que nada de eso se realiza gratuitamente. Lo cual conduce a que si no hubiera interesados en drogarse no habría tráfico ilegítimo de drogas”. Para graficar, el criterio de la CSJN era que lxs usuarixs no solo forman parte de la cadena de tráfico sino que básicamente son los responsables de la misma.
El 28 de marzo de 1978, cuando llevaba muerto dos semanas, la Corte Suprema de Justicia le confirmó la sentencia por considerar que estaba detenido en forma correcta, ya que el acto de fumar marihuana no era un acto individual. Este fallo sentó jurisprudencia en la justicia argentina, señalando que las drogas tienen una “influencia deletérea” que excede el vicio individual, lleva a la delincuencia común y subversiva, a la degeneración de los valores espirituales y a la destrucción de la familia.
Si, como se habrán dado cuenta, Colavini fue condenado después de muerto. Ariel, al igual que el resto de las víctimas, fue asesinado en un contexto de represión y abuso de poder en el entorno carcelario.
Lo más irónico y trágico de su caso es que, a pesar de ser una víctima de la masacre, la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena por tenencia de marihuana, incluso después de su muerte. Esta decisión fue ampliamente criticada y se convirtió en un símbolo de la injusticia del sistema penal de ese momento. Luego, la discusión continuó con los antecedentes de Bazterrica y Arriola.
Una de las principales enseñanzas de este caso, es que los derechos humanos son nuestros y debemos reivindicarlos incluso en contextos de encierro porque nos corresponden por el solo hecho de ser personas.
Es fundamental denunciar y combatir cualquier forma de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado. Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Es necesario investigar y juzgar a los responsables, y garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Al día de hoy, la masacre del pabellón séptimo no tiene ningún condenado como responsable directo y aun sigue habiendo personas que la llaman “El Motín de los Colchones”, como en su momento quiso el poder de facto que se la conociera, responsabilizando a los presos y no a los guardias.
La historia de Colavini y de las demás víctimas del Pabellón Séptimo ha sido fundamental para visibilizar esta tragedia y exigir justicia para los familiares y amigos de los fallecidos.
