Un cultivador especializado en la crianza de semillas de cannabis (un breeder) recibió en su casa a la policía con una orden de allanamiento.
Sebastián Severino fue allanado a pesar de tener la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) para trabajar en el fitomejoramiento de variedades de cannabis.
Aunque mostró a la policía las autorizaciones que tenía, las autoridades desconocían qué era el Inase. “Cuando presento el certificado en el allanamiento, los policías se sorprenden porque no tenían conocimiento de que existía esta habilitación”, explicó.
“Cuando presento el certificado en el allanamiento, los policías se sorprenden porque no tenían conocimiento de que existía esta habilitación”, explicó.
El cultivador también estaba inscripto en Reprocann (Registro del Programa de Cannabis). Pese a que los certificados estaban impresos y visibles, la policía procedió a secuestrar las plantas y la materia vegetal del domicilio.
Sebastián se presentó por su cuenta en la Justicia Federal de Esquel, que lleva la causa, para entregar la documentación correspondiente y explicar su situación. Aunque el allanamiento fue por presunta “comercialización de estupefacientes”, por las contradicciones del caso Sebastián no quedó detenido.
La pizarra donde Sebastián registraba su trabajo de fitomejoramiento. Vía Cannábica Argentina.
En el allanamiento se le secuestró todo el material con el que estaba trabajando como fitomejorador. “Fue muy triste, casi me largo a llorar porque se llevaron laburo de años y no sé cómo volverá”, le dijo a Cannábica Argentina.
“En fitomejoramiento hacemos cruzas genéticas. Trabajamos con grandes poblaciones de plantas porque necesitamos estabilizar polinizaciones. En general, cuando las fuerzas de seguridad ven esas cantidades automáticamente te ven como un narcotraficante”, sostuvo Sebastián en diálogo con Revista THC.
El desconocimiento de las fuerzas de seguridad y el poder judicial
Durante una conferencia de prensa en puertas del Juzgado Federal de Primera Instancia, en la localidad de Esquel, Federico Galván, señaló que contaban con los permisos necesarios y que “El Inase es la autoridad competente para habilitar a los productores agrícolas y el cannabis ya debe ser considerado como un producto agrícola más”.
Luego agregó “La ley nos habilita a presentar proyectos de fitomejoramiento para la producción de semillas y a medida que se reglamente la Ley de producción de cannabis habrá más habilitaciones y licencias”, por eso reclamó: “esto implica un mayor acompañamiento del Estado y una capacitación para las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y todas las instituciones que tengan injerencia”.
Por su parte, Sebastián Severino señaló: “cuento con todos los permisos al día y estoy bajo la regulación”.
Pese a su buena voluntad y a tener todos los permisos, “No alcanzó ni eso ni que tenga Reprocann al día para que incauten y secuestren todo”, declaró Severino.
Marco legal del cannabis hoy
Nadia Podsiadlo, abogada experta en normativa sobre cannabis, dialogó con MATE y ofreció su perspectiva del allanamiento ocurrido en Chubut: “son allanados porque aún sigue vigente legal y socialmente el prohibicionismo”.
“Sigue vigente legal y socialmente el prohibicionismo”.
La especialista remarcó que “falta información y esto repercute en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial que siguen persiguiendo y criminalizando incluso a personas que hoy están autorizadas por el estado en alguna de sus formas”.
Frente a este marco legal del cannabis en la actualidad, la abogada reflexionó: “en mi opinión el problema no es la falta de leyes con perspectiva en derechos humanos, sino que las que existen prácticamente no se cumplen”.
La letrada explicó que en nuestro sistema judicial coexisten la ley penal de estupefacientes y las normativas que establecen excepciones en términos de autorizaciones legales, tales como el Reprocann y los proyectos de investigación, como así también las resoluciones del Inase.
El prohibicionismo punitivo deriva en violencia institucional
Andrés Bacigalupo y Nadia Podsiadlo, ambxs abogadxs penalistas especialistas en cannabis, escribieron un artículo conjunto sobre la continuidad del prohibicionismo punitivo, que no respeta las nuevas autorizaciones legales y deriva en violencia institucional.
Allí remarcan que se ejerce violencia institucional “cuando las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones allanan, criminalizan, persiguen y detienen a personas autorizadas legalmente por el Estado”.
En este sentido, Podsiadlo señala que “la violencia institucional se ejerce contra estos cultivadores ya que son violados sus derechos. Estos mismos derechos son reconocidos legalmente por la ley de cannabis medicinal 27.350, su decreto reglamentario 883/20, las resoluciones 800/21 y 782/22, como así también las resoluciones del INASE: 59/19, 5/21, 140/21, 413/21 y 260/22″.
