Con una iniciativa que desafía los estándares de salud pública y derechos humanos, el legislador antiderechos Rodrigo Agrelo del Partido Encuentro Vecinal propuso una enmienda a la ley provincial 10.756 de Córdoba—donde se adhiere a la Ley nacional de Cannabis Medicinal 27.350—, buscando prohibir el autocultivo de cannabis, incluso para fines medicinales. Esta propuesta, aunque localizada en Córdoba, resuena a nivel nacional e internacional por los compromisos que asumió Argentina en el ámbito de las políticas de drogas y los derechos humanos.
Según la propuesta, en la provincia de Córdoba estaría prohibido que la ciudadanía cultive cannabis, excepto el Estado para fines de investigación médica y científica. La medida propuesta por Agrelo contradice directamente los principios y recomendaciones establecidos por Tlaleng Mofokeng, la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental, que marcó una posición sobre las políticas de drogas enfocadas en el castigo penal.
En un informe publicado el 30 de abril de este año para el 56º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora —una experta independiente que forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— enfatizó la importancia de adoptar un enfoque basado en la reducción de daños en lugar de políticas punitivas tradicionales. Esta postura, respaldada por datos y evidencia científica, aboga por priorizar la salud y el bienestar de las personas que consumen drogas, así como de la comunidad en general, por encima de la aplicación de medidas punitivas.
La prohibición del autocultivo con fines de salud en Córdoba también plantea serias preocupaciones en términos de acceso a medicamentos esenciales. Restringir el acceso a tratamientos necesarios no solo va en contra de los principios de atención médica adecuada, sino que también puede tener consecuencias devastadoras para personas que dependen de estos tratamientos para aliviar el dolor y tratar condiciones médicas graves.
Analicemos brevemente el informe de la Relatora de las Naciones Unidas.
Crítica a las políticas de drogas punitivistas
En el informe de la Relatora Especial para “Consumo de drogas, reducción de daños y el derecho a la salud” se incluyen las siguientes críticas a las políticas punitivistas:
- Las medidas punitivas, como el encarcelamiento y otras penas de privación de libertad, no han logrado disuadir el consumo de drogas y han llevado a la vulneración de varios derechos humanos, especialmente el derecho a la salud.
- La penalización del consumo de drogas conlleva condenas desproporcionadas, agrava la estigmatización y la discriminación de las personas que consumen drogas, y dificulta el acceso al tratamiento necesario.
- La estigmatización y la penalización del consumo de drogas obstaculizan el acceso a servicios de salud, dificultan el establecimiento de relaciones terapéuticas y afectan negativamente los resultados de salud de las personas con trastornos por consumo de drogas.
- Estas críticas resaltan los impactos negativos de las políticas punitivas en materia de drogas en lugar de adoptar un enfoque de reducción de daños basado en los derechos humanos, los datos probatorios y la compasión.
Demonizar al cannabis es una afrenta a la salud
Las políticas punitivistas en materia de drogas que demonizan el cannabis pueden tener un impacto significativo en el avance de la evidencia científica de los usos terapéuticos de la planta y en el acceso a tratamientos efectivos. Las medidas enfocadas en el castigo crean barreras legales y regulatorias que dificultan la investigación y el desarrollo de nuevos enfoques para tratar los consumos problemáticos de drogas.
Una medida como la propuesta por el legislador cordobés tiene incluso la potencialidad de influir en las prácticas de la industria farmacéutica, contribuyendo a la proliferación de opioides de venta con receta, para paliar cuestiones de salud que actualmente se resuelven con el uso de la planta y sin los efectos adversos de estos fármacos.
Además, la prohibición del autocultivo obstruye el acceso soberano, autónomo y de bajo costo a los fitopreparados de la planta de cannabis. De esta manera, las personas que dependen de esta planta para el tratamiento de sus condiciones de salud, se ven obligadas al pago de productos farmacéuticos de menor rango terapéutico y con costos mucho más elevados en un contexto de crisis y recesión económica.
Es esencial recordar los compromisos asumidos por Argentina al adoptar la Ley Nacional Nº 27350, que reconoce las propiedades medicinales del cannabis y establece un marco para su uso terapéutico. La prohibición del autocultivo en Córdoba no solo contradice estos compromisos, sino que también representa un retroceso en los avances hacia políticas de drogas basadas en evidencia, que acompañen a las personas usuaris y sean efectivas y respetuosas con los derechos humanos.
En conclusión, la propuesta del legislador Agrelo refleja un retroceso alarmante en la política de drogas en Argentina, alejándose de un enfoque basado en la salud y los derechos humanos. Es fundamental que se escuchen y consideren las voces de la comunidad científica, las personas usuarias y los defensores de los derechos humanos en la toma de decisiones relacionadas con el cannabis y otras drogas.
La salud y el bienestar de las personas deben ser prioritarios en cualquier política de drogas, y la prohibición del autocultivo de cannabis medicinal en Córdoba va en contra de estos principios fundamentales.
