Trabajadorxs de la Municipalidad de San Isidro fueron el viernes por la noche a la sede de SuperFly, con una orden de clausura y decomiso. Sin embargo, en un video publicado en redes sociales por el abogado del club, se puede ver que hablan de allanar el lugar.
¿Qué significa una orden de este tipo? El decomiso es una medida tomada por una autoridad estatal (puede ser judicial o no) para quitar la propiedad sobre un bien a su titular, sin que tenga derecho a resarcimiento. Fue el juez Andrés Rolon del juzgado de faltas N° 1 de San Isidro, en conjunto con la Municipalidad, el que ordenó el decomiso de “todo lo vinculado a las plantas”.
Allanamiento sin orden de allanamiento
La figura del juez de faltas está pensada para delitos menores como contravenciones o multas de tránsito, pero no para juzgar cuestiones penales, tampoco para dictar órdenes de allanamiento. Por este motivo y amparándose en el Art. 18 de la constitución, no se permitió a la municipalidad ingresar sin la orden de allanamiento de un juez competente, que en este caso debía ser provincial.
Palomino y los integrantes del club negaron el ingreso a la sede durante la noche de este viernes. “Nos negamos a que entren a decomisar y volvieron esta mañana. Los trabajadores de la municipalidad, sin personal del Tribunal, que por cierto ni siquiera sabían que la Municipalidad estaba de vuelta acá, me amenazaron a mí directamente”, dijo el abogado en diálogo con Mate.
Hoy el jefe de departamento, Damián Alfredo Aón, les dijo que iban a entrar “por las buenas o por las malas”.
“Me dijo que podían tirar la puerta abajo, que tenían cerrajeros y todo, pero le expliqué que les faltaba la orden de un juez provincial”. Finalmente y luego de recibir más amenazas de este tipo, el presidente del club, Jorge Galloso, dio el consentimiento para que entren, bajo la promesa de que solo se iban a llevar las plantas, pero no luces ni elementos de cultivo. Y así fue.
Luego del irregular operativo, el abogado de la ONG realizó una denuncia a la Municipalidad de San Isidro y a Damián Alfredo Aón en la comisaría de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, “por haber realizado un allanamiento ilegal sin orden de un juez con competencia, sin testigos, sin participación del personal policial y bajo coerción y amenaza”, según aclaró.
“Yo creo que hicieron el allanamiento sin orden por desconocimiento. Realmente se notaba que estaban cumpliendo órdenes de arriba. Ellos tienen una orden judicial, pero es una orden de decomiso de un juez de faltas. En rigor, considero que realmente fue un robo”, señaló el abogado de Estudio 420.
Como se puede ver otros videos que publicaron en redes sociales lxs integrantes de SuperFly y otras personas que se sumaron a brindar su apoyo, había al menos 35 trabajadores de la Municipalidad de San Isidro llevando a cabo el decomiso de las plantas.
El club cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud para funcionar como una ONG vinculada a la salud dentro de la órbita del Reprocann. Sin embargo Palomino nos contó que la Municipalidad de San Isidro venía insistiendo en notificaciones donde decían que “no podían ejercer ese tipo de actividades en esa zona por no contar con una habilitación comercial”. Además, había vecinos del barrio que venían realizando denuncias.
Para el abogado del club es un atraso y representa un accionar prohibicionista por parte de la municipalidad. “Una ONG vinculada a la salud no es una actividad comercial, no necesita habilitación”, argumentó. Además explicó que el presidente ya había tomado cartas en el asunto y estaban por mudar la sede a otro lugar, a causa de las denuncias de los vecinos. Pero habían pedido una prórroga a la municipalidad para hacerlo de forma ordenada.
Un contexto difícil
Consultado sobre qué puede pasar en adelante, Palomino opinó que si bien es un hecho aislado, demuestra un envalentonamiento por parte de la municipalidad, teniendo en cuenta la posición política del nuevo gobierno. “Entiendo también que el intendente de San Isidro Ramón Lanús es allegado a Patricia Bullrich, quien no tiene una linda relación con el cannabis”, recordó.
Para concluir dijo que actualmente los clubes y asociaciones que están reconocidas como ONG vinculadas a la salud y se dedican al cultivo de cannabis para usuarios medicinales cumplen un rol fundamental en el contexto actual, frente a “una industria que no se supo poner de acuerdo y que quedó frenada”.
Para él son “el único mecanismo de acceso seguro al cannabis que existe en Argentina”. Recordó que el espíritu de la ley 27.350 de Cannabis Medicinal es eliminar barreras para el acceso al cannabis y opinó que estas organizaciones “hoy están eliminando barreras para un acceso oportuno y seguro al cannabis, ya que las ONG están eliminando poco a poco el tráfico ilegal”.
