Cuando la dictadura se acababa, en Santiago convergieron los intereses de los dos traficantes de armas más poderosos del mundo con los de importantes narcos que movían cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Y como actores inesperados en esa historia, figuraban también los hijos de Augusto Pinochet Ugarte, el general que se preparaba para entregar el poder total luego de 17 años de gobierno. Junto a ellos también había un asesor que integraba el círculo más íntimo de la familia del dictador, un par de ex-agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), y el hermano de uno de los fundadores del partido de derecha pro-dictadura Unión Demócrata Independiente (UDI).
Hasta ahora los Pinochet Hiriart siempre habían negado su participación en el negocio de Edgardo Bathich: Focus Chile. Entre los controladores de esa empresa —que armaba camiones con piezas de segunda mano importadas de Europa— figuraba el mayor narcotraficante que operaba hasta entonces en España —Firmino Tavares quien fue condenado en 2001 por intentar lavar más de US$6 millones provenientes del narcotráfico—, y una familia colombiana a la que la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense investigaba por tráfico de cocaína y lavado de dinero: los Ochoa Galvis.
El capital que el mismo Bathich había aportado a la compañía era de Mohamed Khashoggi, hijo de Adnan, el traficante de armas más importante del mundo en esos años, de quien se llegó a calcular que era el hombre más millonario del mundo en la década del 80. Bathich no solo era el representante de los intereses de Khashoggi en Chile, sino que mantenía parentesco con Monzer Al Kassar, otro protagonista del comercio ilegal de armas al final de la guerra fría.
Los vínculos
El Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER) tuvo acceso a la contabilidad de Focus, donde están las pistas que ligan a los hermanos Marco Antonio y Augusto Pinochet Hiriart con los dueños de este negocio.
Ellos no eran los únicos vinculados al régimen militar que participaron en esta historia. También tuvo un rol Ambrosio Rodríguez, el abogado de confianza de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, quien venía saliendo de un cargo que le inventó el dictador: Procurador de la República. Era tal la cercanía de Rodríguez con el matrimonio Pinochet Hiriart, que la esposa del dictador le encargó tramitar con extrema urgencia su separación de bienes cuando se destapó el caso Riggs, para poner a salvo los bienes que podían ser retenidos por la justicia.
Un abogado de la oficina de Rodríguez constituyó empresas para narcos que después fueron perseguidos penalmente en Chile y en Europa. Pero, lo más relevante es que Ambrosio Rodríguez contaba con la confianza total de los traficantes que controlaban Focus, al punto que lo designaron como árbitro, en un acuerdo firmado en Ibiza (España), cuando dos de estos “inversionistas”, ya acosados por la justicia, tuvieron desacuerdos financieros al momento de repartirse el patrimonio de la compañía.
Otro actor de esta trama fue el abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano de Jovino Novoa, el ex-senador y presidente de la UDI que en dictadura fue subsecretario General de Gobierno. Héctor Novoa fue el abogado que estructuró la malla societaria desde Panamá para que los socios de Focus pudiesen controlar el negocio utilizando acciones al portador, lo que impedía conocer la identidad de los dueños finales del negocio. Novoa realizó esas gestiones como parte del estudio de abogados Eluchans y Compañía, de Edmundo Eluchans, ex Presidente de la Cámara de Diputados y actual consejero constituyente.
Héctor Novoa era, al mismo tiempo, director del Banco O´Higgins, en el que los dueños de Focus abrieron cuentas corrientes donde se depositaron los, al menos, US$5,7 millones que se ingresaron desde el extranjero para financiar el negocio y también para comprar más de 30 propiedades en distintas regiones de Chile. Los trámites para internar ese dinero también los hizo el abogado Novoa.
Entre las propiedades adquiridas por los socios de Focus figuran varias lujosas casas en Lo Barnechea y Rapel. Con los dineros de las sociedades panameñas también invirtieron en la discoteque Alive -en Avenida El Bosque, Providencia-, epicentro del “carrete” del mundillo del régimen. El mismo grupo de inversionistas también llegó a controlar empresas pesqueras, de transporte, agrícolas, apícolas y de packing. Algunas de ellas continúan activas.
El informe secreto de la DEA
Un informe secreto de la DEA contiene evidencia que acredita que durante la dictadura, fuera de todo control, el Complejo Químico del Ejército vendió éter —fundamental para procesar cocaína— a narcotraficantes.
La justicia nunca investigó a fondo esas inversiones, ni tampoco los vínculos de los Pinochet Hiriart con el negocio narco. Quien más se aproximó fue el ministro Sergio Muñoz cuando estaba al mando del Caso Riggs. En esa causa figura un cuaderno separado que contiene un informe secreto de la DEA que menciona a los hijos de Pinochet, al que CIPER tuvo acceso. En el mismo cuaderno hay evidencia que acredita que durante la dictadura, fuera de todo control, el Complejo Químico del Ejército vendió éter —fundamental para procesar cocaína— a narcotraficantes.
Familia Pinochet Hiriart.
El informe confidencial de la DEA entregó pistas de los nexos de los Pinochet con narcotraficantes. Allí se señala, por ejemplo, que en 1975 Augusto Pinochet Ugarte autorizó un contrabando de cocaína hacia Estados Unidos. También se da cuenta del testimonio de Ivan Frankell Baramdyka, un narco norteamericano que llegó a Chile en 1985 con una identidad falsa —Trinidad Moreno—, y que formó una empresa pesquera en sociedad con un ex funcionario del Consulado de Chile en Los Ángeles, California. No era cualquier narco, en el proceso judicial que se le abrió en Estados Unidos lo acusaron de ingresar 1.500 kilos de coca desde México. En declaraciones judiciales y en entrevistas a la prensa, Baramdyka dijo que formó parte de una red narco en la que estaba involucrado uno de los hijos de Pinochet y altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas.
El informe de la DEA que aparece en la investigación del ministro Muñoz también da cuenta de los vínculos de los Pinochet Hiriart con el grupo que controlaba Focus, incluyendo a Christian y Álex Jacob Neder, hijos del general de la FACh Elias Jacob Helo, quien llegó a ser director de sanidad de la Fuerza Aérea. Sobre uno de ellos, la DEA dice que “en el 1991 Jacob fue identificado como consumidor de cocaína y en el año 2000 registrado como traficante de narcóticos”.
Otra arista que la justicia no investigó en profundidad es la del tráfico de armas: Augusto Pinochet Hiriart declaró en la causa del Riggs que viajó a Libia para concretar un negocio relacionado con Adnan Khashoggi, el traficante de armas cuyo hijo era representado en Chile por Edgardo Bathich, creador de Focus. En la contabilidad de esa empresa CIPER encontró una glosa que indica que se destinaron US$6 mil para financiar un viaje de Augusto Pinochet Hirirat a Libia. Además, en la causa judicial que investigó delitos tributarios de Focus, está adjunta una denuncia anónima dirigida a quien comandaba esa indagatoria, el ministro Humberto Villavicencio, ya fallecido: esa carta acusa que en los galpones de Focus ubicados en La Cisterna se fabricaban armas destinadas a libios.
Lucía Hiriart y Augusto Pinochet.
Según esa denuncia, quien habría estado a cargo de ese proyecto era Fritz Dreyer Hansen, ingeniero en aeronáutica que llegó a ser general de brigada de la FACh durante la dictadura. En 1980, Dreyer diseñó el T-35 Pillán, un avión de entrenamiento utilizado por la FACH. En la contabilidad de Focus aparecen gastos asociados al “Proyecto Fritz Dreyer”, los que incluyen viajes a Europa y África, y también compras a Famae.
Hay más datos en otras causas judiciales y en archivos desclasificados de Estados Unidos. En 2006, el ex-jefe de la DINA, Manuel Contreras, denunció que los hijos de Pinochet estaban vinculados al narcotráfico. Pero, entonces ya era un hombre desprovisto de poder que solo quería conseguir un mejor trato de la justicia, por lo que sus palabras no tuvieron impacto. La información que surge ahora indica que, 17 años antes, en 1989, entregó los mismos datos de manera reservada a la Embajada de Estados Unidos. Entonces dijo que uno de los hijos de Pinochet tenía vínculos con el narcotráfico, junto a Armando Fernández Larios, ex-agente de la DINA que participó en el atentado a Letelier y que hoy vive en Miami bajo un programa de protección a testigos (vea aquí ese archivo).
Hay más. Entre fines de los ‘80 e inicios de los ‘90 operó en Chile una red narco peruana que tuvo vínculos directos con Eugenio Berríos, el químico de la DINA que producía gas sarín y otras armas químicas. El abogado que constituyó y modificó las sociedades que ocuparon los peruanos para darle un cariz legal a sus negocios en Chile era del estudio de Ambrosio Rodríguez, el mismo abogado de confianza de los Pinochet Hiriart que aparece como árbitro del acuerdo en Ibiza de los inversionistas de Focus. La historia del ex-agente Eugenio Berrios y sus nexos con narcos fue reconstruida, con ocasión de los 50 años del golpe, en un podcast realizado por el Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales (acceda acá al podcast).
No es el único link entre los narcos peruanos y los dueños de Focus. Un oficial de Carabineros, Marcelo Vargas Goas, tenía relaciones con ambos grupos: mientras a Focus le compraba camiones —conocía a Bathich desde su juventud—, con los peruanos se hizo amigo luego de que los allanara y les encontrara cocaína. En la trama también aparece otro hombre vinculado a los servicios de seguridad de la dictadura: Raúl Contreras Salas pasó de ser el guardaespaldas de Ambrosio Rodríguez, con sueldo pagado por la CNI, a ser jefe de seguridad de una de las empresas del líder de la banda peruana. Cuando ese grupo se desarmó, se fue a trabajar para la familia Edwards, propietaria de El Mercurio.
Este es el resultado de una investigación periodística de más de cinco meses. Para este reportaje se revisaron expedientes judiciales y bases de datos en Chile, Perú, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Panamá y España. También se desarchivaron ocho causas del antiguo sistema de justicia chileno, las que suman decenas de miles de fojas con antecedentes que al ser contrastados permiten detectar las huellas que dejaron en Chile importantes traficantes de drogas y de armas que tejieron negocios que incluyeron a los hijos de Pinochet. Recabamos antecedentes en nueve Conservadores de Bienes Raíces, lo que nos permitió conocer las propiedades relacionadas con los protagonistas de esta historia. Y armamos un mapa con más de 50 sociedades que evidencia la relación entre ellos. También realizamos decenas de entrevistas y nos apoyamos en un archivo de prensa que comprende un periodo de más de 40 años.
Seguir leyendo el informe completo en CIPER.
*Este artículo fue publicado originalmente en CIPER y es el primero de tres capítulos sobre el tema.
