Imaginate un espacio de salud pública donde las personas con consumos problemáticos de drogas son tratadas como sujetos de derechos. Imaginate un lugar donde el eje está puesto en el acompañamiento interdisciplinario desde el enfoque de reducción de daños y no en la abstención.
Estás imaginando la forma que trabaja el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, que es referencia nacional en la implementación de la Ley de Salud Mental. Es el hospital que intentó cerrar esta semana el Ministerio de Salud Nacional y el mismo que sus trabajadorxs y usuarixs defendieron tomando y movilizando la institución.
El intento de cerrar un espacio de salud pública que trabaja de forma comunitaria, integral e intersectorial no sorprende. De hecho se alinea con las únicas declaraciones relacionadas al abordaje del uso de drogas que hizo Javier Milei en el programa “A dos voces”, antes de asumir como presidente.
En esa oportunidad el presidente anarco-capitalista había dicho que para él “drogarse es suicidarse en cuotas” y si “las personas quieren drogarse pueden hacerlo, siempre y cuando el estado no tenga que pagar las cuentas”. En resumen, para el presidente el presupuesto destinado al abordaje de los consumos problemáticos y la salud mental, representa un gasto innecesario.
¿Qué va a pasar con el Bonaparte?
El martes 8 de octubre la Asamblea de trabajadorxs del Bonaparte publicó un comunicado anunciando la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el cierre de dicho hospital. Según reza el comunicado, “se acordó cesar cualquier medida de fuerza que afecte el funcionamiento del hospital y se refrendó la pelea contra cualquier vaciamiento y reestructuración”.
Después de una reunión con el Ministerio de Salud, la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que será parte de la mesa de trabajo integrada por autoridades nacionales y profesionales de la salud propuestos por el gremio, “en el marco de una reestructuración en el Hospital”. Desde el gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) suscribieron el mismo acuerdo.
Además de continuar en estado de alerta, lxs integrantes de las comisiones de trabajo formarán parte del proceso para acordar qué implica, cuándo y de qué forma se va a llevar adelante esa reestructuración. “Habrá que ver si es un proyecto de salud mental discutible o un vaciamiento equivalente a un cierre en cuotas”, publicaron trabajadorxs del hospital en redes sociales.
A través del comunicado, la Asamblea del Bonaparte informó que a sus trabajadorxs les están llegando los contratos de trabajo. “Es un contrato totalmente precario porque dura tan solo 3 meses. Si bien es un logro, para mi no es suficiente”, señaló a MATE Julieta Fernandez, Licenciada en Terapia Ocupacional e integrante del dispositivo de internación del hospital Bonaparte.
Por otro lado, el comunicado mencionado asegura que “el Ministerio de Salud se comprometió a no cerrar la internación y la guardia del hospital y mantener todos los servicios”. Pero por ahora lxs trabajadorxs están a la espera de que el gobierno lo explicite a través de la Gestión de Documentación Electrónica, el sistema con el que se hacen las comunicaciones formales. Más allá de que todavía no se hizo explícito, la Lic. en Terapia Ocupacional también advirtió que por el momento eso no se está cumpliendo.
“Ayer por ejemplo, en el área de internación había un paciente que tenía criterio para ser ingresado a la internación y desde el Ministerio de Salud se le comunicó que iba a ser derivado al Hospital Borda”, explicó Fernandez y puntualizó en que “desde ayer continúa en la guardia a la espera de la internación. No se sabe si en el Bonaparte o en otro efector”.
Más allá del retroceso del gobierno nacional con la idea del cierre, la Asamblea de trabajadorxs del Bonaparte convocó a toda la comunidad a movilizar este jueves 10 de octubre por el Día Mundial de la Salud Mental en defensa de la salud pública.
Una referencia en salud mental
En el Hospital Bonaparte los consumos problemáticos son considerados fenómenos complejos, multidimensionales y multicausales. Además, se entienden en el marco de padecimientos subjetivos y se abordan teniendo en cuenta la historia, el contexto socioeconómico y el entorno afectivo de la persona consultante.
Consultada sobre el enfoque desde el que abordan la salud mental, Ana Alli, psicóloga y coordinadora del Servicio de Investigación, contó a MATE que desde el año 2013, cuando se promulgó y se reglamentó la Ley de Salud Mental, el Bonaparte comenzó a transformarse como institución de referencia en la aplicación de esta ley.
La perspectiva de derechos realmente integral e intersectorial se ve reflejada en la articulación que tiene el hospital con otras organizaciones. “El hecho de plantear un hospital en red ya tiene una lógica institucional distinta al planteo hospitalocéntrico tradicional. Este hospital se plantea de cara a la comunidad, por eso tiene tanto trabajo territorial y por eso los servicios que lo componen trabajan en red. Siempre desde un enfoque de reducción de riesgos y daños”, señaló.
“es un lugar donde los usuarios quieren y buscan internarse, porque saben que se los trata bien, que son internaciones cortas, que son pautadas junto con ellos y con sus familiares”.
Un punto por el que se suele cuestionar a la ley de salud mental, son las internaciones involuntarias. Sobre ese tema, la profesional dijo que “es un lugar donde los usuarios quieren y buscan internarse, porque saben que se los trata bien, que son internaciones cortas, que son pautadas junto con ellos y con sus familiares”.
En este sentido, al buscar la excelencia en la implementación de esta ley, Vanina Catalán, Trabajadora Social y Jefa del Dpto. de Formación, Capacitación e Investigación, aclaró a MATE que el Bonaparte es un hospital que sí realiza internaciones involuntarias.
“Creemos que quienes intentamos llevar adelante la implementación de la Ley somos quienes evaluamos a los pacientes realmente. Cuando hay que internar se hace, cuando esa internación tiene que ser involuntaria, sucede”, se explayó y argumentó que “es una falacia creer que solo se puede internar involuntariamente a través de una orden judicial. Los equipos profesionales evalúan situaciones que son muy agudas y son los equipos los que deciden esa internación involuntaria. Luego se activan un montón de canales en torno a las Defensorías o cuestiones judiciales, pero para el cuidado del paciente, no al revés”.
Respecto a la situación de familias que recurren a los oficios judiciales, Catalán argumentó que “por diversas cuestiones los oficios judiciales salen un montón, porque no es tan sencillo que una persona quiera ir a hacer un tratamiento, que pueda reconocer su consumo problemático y en ese sentido es el mecanismo que muchas familias han encontrado. Es lógico y en el hospital eso se recibe”.
Otro de los motivos por los cuales es una referencia en cuanto a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, es porque no se trabaja desde la perspectiva exclusivamente abstencionista que propone el modelo prohibicionista. “Consideramos que eso posiciona a la persona en un lugar de pasividad, donde la droga es “el mal que todo lo causa” y esa persona no tiene ninguna implicancia en eso”, enfatizó la Lic. en Terapia Ocupacional Julieta Fernandez.
“Por el contrario, desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños y desde una perspectiva de derechos e incluso crítica, la persona se posiciona en un lugar activo, desde donde toma sus decisiones y hace ese consumo por diferentes atravesamientos y cuestiones que le han pasado a lo largo de su trayectoria vital”, complementó Fernández.
“Nosotros no enfocamos nuestros tratamientos, nuestras consultas, nuestras evaluaciones pensando si la droga es mala o buena. Trabajamos los padecimientos subjetivos y sociales que llevan a ese consumo y también los cuidados que se requieren cuando ese consumo es problemático y es peligroso para la vida”, describe en la misma línea Vanina Catalan.
Además explicó que “no todo se maneja de la misma manera, hay situaciones agudas que obviamente requieren cuidados intensivos y para eso están las guardias, las internaciones, con todos los cuidados y desde una mirada integral”.
Por otro lado, la Lic. en terapia ocupacional Julieta Fernandez explicó que muchas veces se encuentran con pacientes que vienen de un derrotero de instituciones que no los atendieron porque tal vez mencionaron que consumen cocaína, sólo por dar un ejemplo. E hizo hincapié en que “todos esos casos sí se atienden en el Bonaparte”.
Interdisciplina, de verdad
Pensar en la salud mental y los consumos problemáticos en el marco de salud integral implica que una misma persona tenga varias consultas con distintos profesionales en el marco de un tratamiento. Por ejemplo, cuando un usuario está internado moviliza una gran cantidad de especialidades y recursos, y se triplican las prestaciones por cada persona.
“En algunos servicios tenés desde psiquiatría, pasando por psicología, trabajo social, terapia ocupacional, musicoterapia e incluso profesores de educación física. También hay servicio de clínica médica general, de salud bucal, nutrición respecto al cuidado de alimentación y enfermería”, señaló Vanina Catalán.
También disponen de un 0800 a nivel nacional al que llaman de todas partes del país para hacer consultas y orientaciones en urgencias en salud mental. “No es un un llamado para buscar un turno, es una consulta con profesionales que atienden esa línea telefónica las 24 horas, es una prestación de salud”, aclaró la Lic. en Trabajo Social.
En un momento donde el país atraviesa una crisis económica y de recesión, este hospital atiende a muchísimas personas vulneradas que están en situación de calle, con situaciones sociales, económicas y afectivas muy complejas.
“El Bonaparte representa un lugar de apoyo porque ellos saben que pueden ir a la guardia las 24 horas. Si hay alguna situación donde el consumo se vuelve problemático, saben a dónde pueden recurrir”, reforzó Catalán y recordó que “además es uno de los brazos tiene el Estado Nacional para marcar un modo de hacer política en torno a la salud mental y los consumos problemáticos”.
