Las políticas prohibicionistas ponen en funcionamiento un engranaje complejo destinado a llevar a cabo sus metas; lo que suele resumirse bajo el término de “agencias penales” engloba al conjunto de órganos estatales (fiscalías, fuerzas de seguridad, poder judicial) destinados a hacer cumplir la ley penal, y según el discurso imperante de la política criminal de un estado, dirigen sus recursos en una suerte de coordinación para la consecución de ese fin en común.
Este abordaje prohibitivo, en muy pocas palabras, tiene como objetivo eliminar la circulación de las sustancias ilegalizadas, a su vez que fomenta el abstencionismo de su consumo mediante la amenaza penal, junto con símbolos y mensajes destinados a ello. Ejemplo de esta iniciativa es el célebre “Just Say NO to Drugs” de Nancy Reagan.
Sin embargo, a esta altura de la historia, se observa que muchos gobiernos y organismos internacionales coinciden en que estos programas represivos fracasan en sus objetivos y, al igual que con la Ley Seca del Alcohol, esto trae consecuencias. Entre ellas, está la creación de un mercado clandestino, el aumento del consumo de la sustancia prohibida, la disminución de su calidad y pureza — lo que afecta gravemente la salud de las personas usuarias, a su vez que conlleva a la corrupción de las agencias penales encargadas de su aplicación— y eleva desproporcionadamente el número de personas detenidas, entre otros infortunios más.
Ante esta realidad, el Siglo XXI nos encuentra actualmente más fortalecidos en el respeto y consideración de los caminos alternativos a la prohibición. Poco a poco se logran avances, décadas atrás inimaginables.
La prohibición no sólo ha devastado a las víctimas de esta política, sino también que su hartazgo y crítica proviene ya incluso de los mismos agentes encargados de su aplicación. Un ejemplo muy ilustrativo de esto último es Law Enforcement Action Partnership (LEAP), una asociación sin fines de lucro con sede en EE.UU., conformada por policías, fiscales, funcionarios penitenciarios y jueces que abogan por el fin de la guerra contra las drogas. Realizan acciones en la comunidad con el objetivo de reformar las políticas de drogas, disminuir las tasas de encarcelamiento por infracciones menores, abordar al consumo como un asunto sanitario e instaurar a la justicia restaurativa como modelo ideal de solución de conflictos entre pandillas y víctimas por delitos asociados a drogas.
Con más de 180 participantes activos en todo el mundo, 5.000 miembros de las fuerzas del orden y alrededor de 100.000 simpatizantes contribuyentes, lo llamativo de esta asociación es que fue fundada por cinco oficiales de policía hace 20 años.Hoy reune a jueces penales, fiscales y profesionales de la salud que trabajan por la reforma de la justicia penal, la legalización y regulación de las sustancias psicoactivas ilegales; para ser abordadas exclusivamente desde el programa sanitario.
El LEAP no es el único movimiento disruptivo con membresía de las Fuerzas de Seguridad, ni siquiera en los EEUU. Es que el cambio y la aceptación que por ejemplo, viene teniendo el cannabis en el campo de la ciencia, en la sociedad y la revalidación de sus usos ancestrales, sumado al descubrimiento cada vez más creciente de sus propiedades terapéuticas, ocasiona su reflejo en las comunidades de todo el mundo.
Hoy en día, y debido a la prohibición federal aún vigente en EE.UU. y al claro camino en contramano que vienen teniendo muchos de sus estados confederados que incluso han llegado a regular el uso adulto de cannabis y hasta se discute de su consumo en horarios fuera de trabajo por los miembros de las fuerzas policiales, como la reciente discusión al respecto en Nueva Jersey.
En definitiva, y para cerrar este breve y acotado mapeo internacional, observamos que la adopción de los modelos de regulación impacta en el actuar policial y judicial. Así, en países donde el consumo de drogas está despenalizado como Portugal, las agencias vienen perfeccionándose cada vez más en el abordaje sanitario. Incluso en países como Inglaterra —que sólo autoriza al cannabis con fines medicinales— los altos mandos instruyen hoy en día dejar de detener a los usuarios en la vía pública, evaluando según el caso, recomendarle atención médica según el caso de consumo detectado.
Argentina avanza con las primeras formaciones a funcionarixs judiciales y policiales
Argentina, viene adoptando en los últimos años un modelo de regulación bastante híbrido, excepcionalmente autorizado con fines medicinales o industriales. Si bien, las libertades actuales son amplias para quienes se registren y obtengan autorización, la tradición judicial y policíaca sigue generando rispideces con las personas usuarias, más que nada por seguir vigente la norma penal (Ley N° 23.737) que prohibe su consumo y distribución en sentido amplio, salvo expresas excepciones.
A la par del avance legislativo, cada vez son más frecuentes los acercamientos entre las instituciones civiles y las agencias penales del estado, ya sea por iniciativa de organizaciones que abogan por las políticas de la reforma, o bien, a instancias de las mismas autoridades provinciales o locales.
Entre estas iniciativas, en mayo la Dirección General Drogas Peligrosas de Tucumán brindó una jornada tendiente a capacitar al personal policial en Tucumán; allí se abordaron distintas temáticas, pero en lo específico, se destaca la información suministrada en materia de cannabis medicinal y funcionamiento del REPROCANN. En esta oportunidad fue el propio estado quien avanzó en estas medidas.
En Junio, esta vez a instancias de AUPAC, ONG santafesina especializada en materia de política de drogas y regulación del cannabis, junto con el Ministerio de Seguridad local, se realizó una formación sobre el marco legal cannábico actual con la presencia de más de 500 policías. La jornada contó además con la participación del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y representantes del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología como asimismo, del Ministerio de Salud.
En Agosto, le llegó el turno a Entre Ríos. En esta oportunidad, la Asociación de Cultivadores Terapéuticos de la Costa del Río Uruguay (CU.TE.CO.UR) junto con la Sección Colón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, llevaron adelante un programa de dos jornadas de capacitación e información en materia de Cannabis medicinal en nuestra provincia.
Formación a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales en Colón, organizado por CU.TE.CO.UR junto con la Sección Colón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
En el auditorio del Colegio de la Abogacía el viernes 19 de agosto se realizó la primera Jornada sobre capacitación sobre el Cannabis Terapéutico y su marco jurídico destinado a fuerzas de seguridad, poder judicial, Salud Pública, abogadas y abogados, mientras que al día siguiente continuaron las jornadas con un conversatorio abierto a todo público en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón.
Se destacó al comienzo la salutación de la Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Dra. Rosario Romero y la declaración de interés municipal de la Municipalidad de Colón.
Las jornadas contaron con la disertación del Dr. Luis Osler, Director Jurídico de la Revista THC y abogado experimentado en política de drogas, la Dra. María Victoria Baca Paunero, Defensora oficial y presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca), el Dr. Javier Orduna, abogado entrerriano especializado en cannabis y cáñamo quien también participó en el proceso de redacción de la ley provincial de Acceso al Cannabis Medicinal, Terapéutico y Paliativo del dolor (Ley N° 10.894) en Entre Ríos y Andrés Bacigalupo, quien les escribe. Se trató de un momento histórico en suelo entrerriano, en efecto, la primera capacitación a fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en materia de cannabis terapéutico y su marco jurídico.
Panorama a futuro
Las capacitaciones que venimos viendo, tan necesarias, comienzan paulatinamente a realizarse en distintos puntos del país. Generalmente, sus iniciativas provienen de la insistencia por parte de asociaciones civiles, acompañadas por instituciones oficiales que ven con entusiasmo la implementación de estas formas de reconciliar a las agencias penales con la ciudadanía en una temática que durante mucho tiempo se la consideró al menos “polémica”.
En gran parte, el contenido de la capacitación no suele excederse mucho más allá de lo que la ley actualmente permite, esto es, el consumo y el cultivo de cannabis con fines terapéuticos. De igual manera, se recorre el fracaso de la guerra contra las drogas, tanto a nivel local como internacional, haciendo hincapié en este fenómeno como un hecho histórico y político, que ha dejado profundas huellas en la sociedad y en la psiquis del funcionario estatal que debe enfrentarse ahora a estos cambios desde el abordaje de los derechos humanos y de la salud.
Es un paso. Lo que queda claro, es que cualquier avance, sea a nivel legislativo, político o judicial en materia de ampliación de derechos al grupo de personas usuarias de cannabis, provendrá exclusivamente por el empuje de la ciudadanía. Paso a paso comienza a cerrarse la ventana prohibicionista y de a poco, abrimos la puerta humanista.
